El Poder Ejecutivo ha publicado una serie de Decretos en medio del interregno parlamentario, los cuales tienen implicancias para los trabajadores del sector público y privado. Estos decretos han regulado materias como la negociación colectiva y recursos humanos en el sector público, seguridad y salud en el trabajo, régimen de promoción agraria, y arbitrajes laborales. Además, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad han pre publicado dos Proyectos de Decreto Supremo, referidos al Reglamento del Decreto Legislativo N.º 728 y al Reglamento de la Ley de Inspección General.
Los trabajadores estatales estarían siendo afectados ante estas normas debido a que con la publicación del Decreto de Urgencia N.º 014-2020 sobre Negociación Colectiva[1] se vulnera este derecho al restringirlo, estableciendo plazos para negociar, y sometiendo la negociación al MEF mediante los Informes Económico Financieros, donde se establecerá si es posible o no un aumento remunerativo y el máximo a negociar Caso contrario, será nula la negociación. Asimismo, mediante el Decreto de Urgencia N.º 016-2020 sobre el ingreso al sector público, se ha consolidado el precedente “Huatuco”, eliminándose el derecho a la reposición de los trabajadores estatales que no ingresaron mediante concurso público. Y establecen mandato sobre los jueces respecto a las demandas de reposición, reincorporación o reconocimiento de vínculo laboral, incluso en el periodo de ejecución de sentencia, vulnerándose así la independencia de poderes. De igual forma, el Decreto de Urgencia N.º 020-2020 sobre el Arbitraje, modifica e incorpora artículos en el Decreto Legislativo N.º 1071 exigiéndose ahora una contracautela y la presentación de una fianza bancaria al trabajador, cuando el juez otorgue medida cautelar contra el Estado.
Los Proyectos de Decretos Supremos sobre el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 728 y la Ley de Inspección General, van en el mismo sentido de reducir y restringir derechos laborales en el sector privado, además de otorgar más beneficios al empleador como lo establece el proyecto que modifica el Reglamento de la Ley de Inspección General. Permite que el empleador de una Mype se ampare en los convenios de formalización laboral, en vez de ser multado por infracción laboral. Asimismo, es preocupante el proyecto sobre el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 728[2], debido a que restringe el derecho a la reposición laboral, apertura la posibilidad de los despidos masivos a través de las evaluaciones de rendimiento deficiente y permite la contratación temporal indefinida vulnerándose el plazo máximo de cinco años, entre otros.
Uno de los Decretos más cuestionados, fue la ampliación del régimen de promoción agraria, debido a que si bien se otorgan algunos beneficios laborales, lo principal que es la precariedad de sus contratos de trabajo se mantiene por diez años más. Por otra parte, algunos decretos como los publicados luego del accidente en el Mc Donalds que causó la muerte de dos jóvenes, han incorporado algunas medidas de prevención que aún no son suficientes ni han sido una respuesta fuerte ante la impunidad de los empresarios[3]. Queda al nuevo Congreso evaluar y debatir sobre la continuidad o no de estos decretos, que en materia laboral vulneran los derechos de los trabajadores.
[1] Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=5763
[2] Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=5179
[3] Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=5614
