El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) denunció el miércoles que su directora para la región de Centro y Norteamérica, Mercedes Doretti, fue espiada ilegalmente en México en el marco de una causa por crimen organizado en la que ejerció como perito forense.
«Que nunca más un forense sea criminalizado por hacer su trabajo», reclamó Doretti durante una conferencia de prensa llevada a cabo en México.
El espionaje fue llevado a cabo por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) de México, hoy Fiscalía General de la República (FGR), e involucró también a una abogada y una periodista.
Estas tareas fueron realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIS) de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (ex SEIDO, hoy llamada FEIDO), entre 2015 y 2016, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Procuraduría se dedicó a perseguir a las víctimas en vez de buscar a los responsables de la masacre de al menos 196 personas en 2011 en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, estado norteño fronterizo con Estados Unidos, según la denuncia del EAAF y otras organizaciones no gubernamentales, entre las que están la Fundación para la Justicia, Amnistía Internacional y Quinto Elemento.
Además de la forense de EAAF, fue también espiada la abogada Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que además es representante de varias familias de víctimas.
Lo mismo le sucedió a la periodista Marcela Turati, cofundadora de Quinto Elemento Lab y coordinadora del proyecto de investigación #Másde72.
Las tres víctimas fueron incluidas en el expediente «sin sustento alguno y el legajo se mantuvo oculto a los abogados intervinientes en el caso», denunció el EAAF.
Estas diligencias se llevaron a cabo al amparo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que no se requirió la orden de un juzgado.
«Los forenses somos técnicos, si tenemos una disidencia hacemos una junta; acá sustituyeron el debate por la criminalización», dijo Doretti.
La perito forense defendió que la investigación ilegal constituyó «una violación al derecho de las familias, una violación a la libertad de prensa y una violación al derecho a la defensa».
La investigación irregular partió de un legajo reservado iniciado en 2016 dentro de una causa que indagaba el hallazgo de 46 fosas comunes en San Fernando.
Las víctimas presentarán un recurso de amparo para denunciar lo ocurrido y pedir que se destruyan las pruebas obtenidas durante la investigación irregular.
Con información de Sputnik
