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España inició la recta final hacia la validación de una ley que promueve la recuperación de la memoria histórica del país y el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura del siglo XX.
El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Ley de Memoria Democrática, una norma que quiere sustituir a la aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y revertir el silenciamiento de miles de españoles.
Llega después de varios años de trabajo y como respuesta del Gobierno a las numerosas demandas de asociaciones memorialistas y organismos internacionales de derechos humanos.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el proyecto legislativo se enviará al Congreso de los Diputados para su tramitación y votación.
«Con esta ley conseguimos que España tenga un régimen equiparable al resto de países europeos y del entorno que sufrieron dictaduras, como Alemania, y sea un país más digno y humanitario porque atiende a las víctimas y no se olvida de sus familiares», destacó en rueda de prensa el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
ADIÓS A ENTIDADES FRANQUISTAS
Una de las principales novedades de la nueva norma es la disolución de las asociaciones que exaltan la figura del militar y dictador, lo que incluye a la conocida Fundación Francisco Franco.
Podrán ser extinguidas aquellas entidades que se dediquen a hacer «apología del franquismo», ensalzando el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura encabezada por Francisco Franco (1939-1975).
La medida persigue ser contundente contra cualquier muestra de «menosprecio y humillación a la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra Civil o el franquismo», dijo Bolaños.
El Ejecutivo pretende establecer también un régimen sancionador con multas de entre 200 y 150.000 euros en función de las infracciones contra la Memoria Democrática.
También retirará títulos nobiliarios y distinciones concedidos por el régimen, además de símbolos franquistas en lugares públicos.
De la misma manera, se prevé una resignificación del Valle de los Caídos de Madrid, donde se exhumaron los restos de Franco en 2019, para transformarlo en un cementerio civil y disolver la fundación de monjes benedictinos que lo dirigen.
Según Bolaños, esto incluye la retirada de cuerpos de dirigentes franquistas de los lugares preponderantes dentro del mausoleo.
RECONOCIMIENTO A LOS REPRESALIADOS
Uno de los objetivos del proyecto legislativo es poner en el foco a las víctimas de la represión, consideradas «todas las personas que fueron represaliadas y sufrieron violencia» durante aquella época.
Por ello, uno de los artículos recoge la nulidad de las sentencias dictadas por tribunales de excepción del franquismo en base a la ideología, religión o política.
La ley promoverá asimismo la investigación de violaciones de derechos humanos y las búsquedas de restos mortales mediante la creación de una Fiscalía especializada en el Tribunal Supremo.
«Queremos que miles de familias que hoy todavía siguen buscando los restos sepan que cuentan con el Gobierno para ayudarles con esa misión», dijo el ministro de Presidencia.
Se habilitará un banco de ADN para facilitar identificaciones y el Estado promete hacerse cargo de las exhumaciones, todo con el fin de que los fallecidos «puedan descansar en paz».
De aprobarse la ley, España tendrá dos días conmemorativos: el 31 de octubre como Día de las Víctimas y el 8 de mayo como Día de las Personas Exiliadas; y la Memoria Democrática entrará en el currículo de la educación secundaria.
EN BUSCA DE CONSENSO
Bolaños celebró el inicio de la tramitación de la primera ley «por la que se condena y repudia expresamente» los hecho sucedidos «durante el periodo más negro» en España.
El ministro de Presidencia dijo que espera que el proyecto legislativo cuente con unanimidad en el Congreso de los Diputados porque «nadie puede estar en contra», aunque la ultraderecha de Vox y el conservador Partido Popular (PP) ya anunciaron públicamente su intención de recurrir en su contra o derogarla en un futuro.
También se oponen entidades como la Fundación Francisco Franco, que en un comunicado difundido por los medios prometió seguir defendiendo el «legado» y los «logros» del dictador.
Ni siquiera asociaciones memorialistas, como la Comisión Coordinadora de Colectivos de Memoria Histórica, mostraron plena conformidad con el texto y pidieron al Gobierno más contundencia para «poner fin a la impunidad del franquismo».
Con todo, el Gobierno de Pedro Sánchez cumple así con uno de los principales compromisos de la legislatura y pretende evitar nuevos informes que suspendan a España en materia de memoria histórica, como el del relator de la ONU Pablo de Reiff en 2014.
Con información de Sputnik
