Tomás Lobo
Varias mujeres indígenas de la comunidad de Charco La Pava, en la provincia Bocas de Toro, Panamá, denunciaron que fueron esterilizadas sin su consentimiento, al parecer para impedir que tengan más de tres hijos.
La revelación impactó a la sociedad panameña, y generó polémica más allá de la atrocidad en sí, cuando una diputada acusó a otra de revelar este escándalo con fines políticos, solo para vender su imagen y atacar a la administración del presidente Laurentino «Nito» Cortizo.
Sin embargo, varios expertos estiman que las motivaciones son lo de menos en esta denuncia, y alertan sobre la gravedad del caso en una nación que arrastra una historia de discriminación contra los derechos reproductivos de la mujer en materia de discriminación.
Por lo pronto, el Ministerio Público ya inició una investigación, y el Ministerio de Salud requirió ya el listado de las denunciantes, para establecer dónde y cuándo sufrieron el procedimiento de marras, en este caso, una salpingectomía (extirpación de una o ambas trompas de Falopio).
Un informe presentado por la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, registra empero que «no existe documentación o información de practicadas sin autorización de las pacientes en los hospitales de Bocas del Toro, Comarca Ngabe Buglé, Guna Yala, Chiriquí ni Veraguas».
De ahí que la denuncia, hecha pública por la diputada suplente Walkiria Chandler, tomara por sorpresa a la institución. Según los archivos ministeriales, todas las esterilizaciones quirúrgicas realizadas fueron consentidas.
DESTAPANDO EL ESCÁNDALO
Chandler aseguró al diario La Estrella de Panamá que, desde el pasado 26 de octubre, la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea giró notas al entonces ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, para informarle del testimonio de mujeres indígenas de Bocas del Toro, que supuestamente esterilizaron sin su consentimiento.
Los intentos por reunirse con Sucre fueron infructuosos, y el propio funcionario recién dejó su cargo en manos de Berrío, para atender problemas de salud. Fue a mediados de febrero, en una reunión para otro asunto, que Chandler intentó preguntarle del tema a la ministra en funciones.
Según los testimonios, los procedimientos fueron realizados en un hospital público llamado, curiosamente, El Silencio. Para Chandler, así sea solo un caso, estas denuncias encienden una alarma y reafirma la necesidad de políticas públicas sexuales y reproductivas.
«Esterilizaciones sin consentimiento no combaten la pobreza. Son violaciones a derechos humanos, podría ser un atentado a pueblos indígenas, vulneran el derecho a decidir sobre el cuerpo de cada mujer, y a decidir informada», tuiteó la legisladora.
Una de las denunciantes, entrevistada por el canal Telemetro sin revelar su identidad, narró que quienes la asistieron en su parto le hicieron firmar algo desconocido, y que podría ser una suerte de autorización para ser esterilizada.
«Sólo me recuerdo que me puyaron (pincharon), me trataron muy mal, como si fuera un animal. No me daban buena atención. Cuando me llevaron a la camilla le pregunto al doctor, ¿puedo tener otro bebé, porque tengo un dolor muy grande? Y me dijeron que no: la operamos», relató.
BUSCANDO RESPONSABLES
El ombudsman Eduardo Leblanc también solicitó al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social información sobre las supuestas intervenciones quirúrgicas a estas mujeres, tras un recorrido por Bocas del Toro en el que no tuvo acceso a los testimonios.
Leblanc hizo el llamado tras entrevistarse con una de las afectadas, que acudió a la Defensoría del Consumidor, en compañía de la activista Lucy Córdoba, quien prefiere llamarlas «sobrevivientes» en lugar de «víctimas».
Igual, el defensor exhortó a quienes conozcan del caso que presenten las pruebas al Ministerio Público, cuyos fiscales ya realizan diligencias en la mencionada provincia, en la frontera con Costa Rica.
Tras las revelaciones de Chandler, la investigación comenzó el pasado 17 de febrero, a partir de la denuncia formal que presentó la diputada Kayra Harding, presidenta encargada de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.
La propia Harding, empero, fue la que impidió de entrada que Chandler interpelara a Berrío sobre el asunto, y acusó a la parlamentaria que destapó el escándalo de convertirse en «la vocera de cualquier tema para hacer show mediático», con presuntos fines electorales.
Dicha reacción irritó a voceros de la sociedad civil, que consideraron «desafortunado» catalogar como algo político una denuncia de tamaño delito de lesa humanidad.
A su vez, el director regional de Salud de Bocas del Toro, Vitelio Carrera, aseguró que en el personal médico de la región hay profesionales que hablan las lenguas autóctonas, por eso rechazó que las intervenidas aleguen que no entienden cuando se les habla de esterilización.
De momento, todo parece reducirse a la palabra de las denunciantes contra la palabra de la institucionalidad, un contrapunteo en el que los eternos marginados, históricamente, han llevado las de perder. No obstante, las autoridades investigan, y la sociedad vigila…
Con información de Sputnik
