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El fiscal federal argentino Claudio Navas Rial requirió este viernes abrir una investigación penal a raíz de la denuncia del Gobierno que acusa al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) de contrabado agravado de armas, entre otros delitos, por suministrar material bélico a Bolivia durante el golpe de Estado en noviembre de 2019.
«Macri fue imputado por el envío de armas a Bolivia», adelantaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
De la misma manera fueron imputados quien fuera la ministra de Seguridad de la gestión precedente, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Oscar Aguad.
La pesquisa judicial también apunta contra el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, el exdirector de Gendarmería, Gerardo José Otero, el exdirector de Logística de esta fuerza federal, Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.
En el marco de esta causa, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart solicitó este martes medidas de prueba al Gobierno de Alberto Fernández para sustentar la denuncia que presentó contra la administración anterior.
En la denuncia presentada el pasado lunes, el Gobierno de Alberto Fernández acusó a la administración anterior de llevar adelante «una maniobra engañosa y premeditada» para disimular la provisión de material bélico a los agentes que perpetraron el golpe de Estado en Bolivia.
El Ejecutivo que presidió Macri también «contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un Gobierno de facto», agrega el escrito.
ACUSACIONES
Los funcionarios de la actual administración solicitan que se investiguen los delitos de «contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra».
También requieren que se indague en los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Los querellantes también creen que se vieron comprometidos los artículos 219 y 220 del Código Penal.
El primero estipula penas de prisión de uno a seis años para quienes «expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un Gobierno extranjero».
El artículo 220 contempla un castigo de entre seis meses y dos años de cárcel «al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes o los salvoconductos debidamente expedidos».
La Gendarmería argentina requirió en noviembre de 2019 a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) autorización para llevar hasta Bolivia un total de 70.000 cartuchos de balas de goma que nunca regresaron, según reflejan tres documentos de esta fuerza federal a los que tuvo acceso Sputnik.
Otra nota enviada el 13 de noviembre por el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, al entonces embajador argentino Norberto Álvarez García, agradece el envío 40.000 cartuchos de balas de goma AT 12/70 (antitumulto), además de 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.
El ministro argentino de Defensa, Agustín Rossi, corroboró que esas municiones fueron enviadas en un avión Hércules C-130 el 12 de noviembre de 2019, vuelo en el que también viajó personal de la Gendarmería.
Alberto Fernández pidió disculpas al Gobierno boliviano tras constatar el envío que realizó la gestión precedente a las fuerzas que forzaron la renuncia de Morales el 10 de noviembre de 2019, un día antes de que el exmandatario se exiliara y fuera acogido como refugiado en México y luego en Argentina.
Con información de Sputnik
