Lucía Barrios
El Gobierno de Paraguay vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego del escándalo desatado en las últimas horas y que derivó en la destitución del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por sus supuestos vínculos con el narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
El caso parece confirmar lo que muchos sospechaban: el narcotráfico se ha vuelto un cáncer violento que se apodera de más espacios dentro del Estado.
«El caso de Giuzzio es una muestra del nivel de infiltración institucional del narcotráfico, una metástasis que está afectando a demasiadas instituciones, aprovechando la debilidad del Estado pero también el debilitamiento desde el poder político que es muy funcional al narcotráfico», dijo a la Agencia Sputnik el doctor en criminología e investigador de la Universidad Nacional del Pilar, Juan Martens.
El presidente Mario Abdo Benítez destituyó a Giuzzio luego de que el fiscal Federico Delfino anunciara este martes que investigará los vínculos del exministro con Marques de Padua.
Marques de Padua es considerado por las autoridades brasileñas como uno de los narcotraficantes más grandes de ese país.
Hace una semana fue detenido en Foz de Iguazú (suroeste de Brasil) durante una operación multinacional llamada «Turf».
El Operativo Turf tomó otro significativo giro cuando se filtró a la prensa algunas fotografías que supuestamente vinculan a Giuzzio con el narcotraficante.
¿NARCOESTADO?
Martens dijo que es difícil decir que Paraguay sea un «narcoestado», pero afirmó que «no se puede negar que todos los poderes están muy vinculados al narcotráfico».
«Hay funcionarios funcionales al poder del narcotráfico en gobiernos locales, departamentales, nacionales y en las altas esferas del Poder Ejecutivo. Eso es absolutamente innegable», agregó.
Sostuvo que desde hace un tiempo hay denuncias de que son los narcotraficantes los que cargan de combustible a la policía y que los propios patrulleros están a nombre de grupos de poder vinculados al narcotráfico.
En años anteriores, han existido informes del Estado indicando que efectivamente los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial están «contaminados» con el narcotráfico, agregó.
El 1 de febrero, el gobernador del Departamento de Amambay (oeste), Ronald Acevedo, dijo que existe una total desconfianza hacia la Policía Nacional en lo que respecta a la lucha contra grandes bandas criminales.
Acevedo afirmó que esa institución «no tiene las más mínimas condiciones de enfrentar al crimen organizado».
«No tienen armas, municiones, patrulleras, inclusive se dice que los narcos les dan combustible a ellos. La falta de presupuesto, la falta de una política de Estado como otros países adoptan. Esto explotó porque llegó a la capital, pero nosotros hace tiempo vivimos con eso», aseguró.
Incluso el propio presidente Abdo Benítez afirmó, en octubre de 2020: «Hay mucha permeabilidad; el crimen organizado permea varias instituciones; tenemos que mejorar nuestros sistemas de control».
CARTES
En el caso de Giuzzio, nuevamente surgió el nombre del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).
En el operativo, en el que detuvieron a Marques de Padua, se fugó otro de los buscados, Lindomar Reges Furtado.
Reges Furtado huyó en una camioneta de una funcionaria de Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad de Cartes, quien también es investigado por la Fiscalía por supuestos vínculos con el contrabando y con el lavado de dinero.
Incluso la patrullera policial que estaba en el operativo está a nombre de la tabacalera del expresidente.
La esposa de Marques de Padua también es accionista de Tabesa SA.
«El nombre de Cartes siempre está vinculado a negocios cuyos límites entre lo legal e ilegal son muy difusos. El problema que tenemos es que el Ministerio Público no lo investiga y por tanto no podemos salir de esa duda. Tenemos un Ministerio Público que históricamente pareciera que está queriendo encubrir al expresidente», dijo Martens.
Afirmó que una de las principales denuncias que existe contra Cartes fue realizada por el Poder Ejecutivo actual sobre que el expresidente «cajoneó» desde 2017 las denuncias en su contra.
«Esa duda permanece y las instituciones encargadas de investigar no hacen lo suficiente para tener una información veraz y confiable al respecto», agregó.
LUCHA DE PODERES
Martens afirmó que existe una «lucha de poderes» entre Cartes y Giuzzio, quien había presentado denuncias contra el expresidente.
El 26 de enero, Giuzzio denunció a Cartes por el «crecimiento patrimonial desmesurado» durante su Gobierno, acusándolo de lavado de dinero y vinculaciones con el tráfico de cigarrillos y droga.
«Las primeras denuncias contra el exministro se da en los medios de Cartes. Él tiene un coglomerado muy poderoso de medios. En ese sentido, es muy claro que se da una lucha entre dos grandes sectores. Esto puede ser una venganza de Cartes, por eso pienso que es una forma de sacar credibilidad al denunciante y sacarlo incluso del gabinete», agregó Martens.
Afirmó que igualmente se evidencian vínculos «cuanto menos poco éticos» entre un «narcoempresario y el ministro del Interior, quien sin ningún tipo de pudor confirmó que había usado una camioneta para nada más ni nada menos que ir de vacaciones».
Marques de Padua pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Giuzzio confirmó este martes, en su cuenta de Twitter, que Marques de Padua lo visitó el año pasado para ofrecerle implementos de seguridad a través de su empresa, Black Eagle SA.
«Hablé con el señor Vinicius en más de una ocasión, siempre sobre los servicios de su empresa y antes de tomar conocimiento de su participación en una organización criminal», indicó.
Además, sostuvo que alquiló un vehículo de otra de las empresas de Marques de Padua en diciembre de 2021 porque el suyo se había averiado.
Con información de Sputnik
