La Creación de Cargos en el Estado: Un Sinónimo de Corrupción. El Caso Peruano

Jhon Valdiglesias Oviedo*

En muchos países en desarrollo, la creación de cargos públicos ha sido vista como una herramienta para el fortalecimiento de las instituciones del Estado, la mejora de la eficiencia administrativa y el servicio al ciudadano. Sin embargo, en el contexto de países con estructuras políticas y económicas débiles, la proliferación de cargos públicos puede convertirse en un mecanismo para la concentración de poder, la clientelización de partidos políticos y, en última instancia, la corrupción. Este fenómeno ha sido particularmente evidente en el caso de Perú, donde la creación desmedida de puestos en el aparato estatal ha generado una cultura de corrupción estructural que afecta el crecimiento del país, la confianza pública y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

En el caso peruano, la creación de nuevos cargos dentro del aparato estatal ha sido una práctica recurrente, especialmente en períodos de transición política y cambio de gobiernos. El establecimiento de nuevas instituciones públicas, organismos autónomos, direcciones generales, entre otros, ha respondido a la necesidad de ampliar la burocracia estatal para atender nuevas demandas o hacer frente a crisis administrativas. Sin embargo, esta expansión no siempre ha sido acompañada de una evaluación objetiva sobre su funcionalidad real, utilidad o eficiencia.

Por lo general, la creación de estos puestos ha sido utilizada como una estrategia de recompensa política para quienes apoyan a los partidos en el poder o para compensar a los aliados dentro del gobierno. Esto ha conducido a que muchos de estos nuevos cargos estén ocupados por personas que, más que cumplir con el perfil técnico y profesional necesario, son seleccionadas en función de su lealtad política o su vínculo con los grupos de poder.

Cuando los cargos públicos no se crean para mejorar la eficiencia administrativa ni para fomentar el servicio público, sino como una forma de recompensar lealtades políticas o para aumentar el control sobre los recursos del Estado, el resultado es una estructura estatal ineficiente y, a menudo, corrupta. En este sentido, la corrupción se ve como el subproducto de una estructura estatal sobrecargada de cargos innecesarios, en los que los intereses privados prevalecen sobre el bien común.

En Perú, este fenómeno ha tenido múltiples expresiones. Desde el nombramiento de funcionarios sin la calificación adecuada, hasta el desvío de fondos públicos hacia actividades personales o el uso indebido de recursos para fines partidarios, lo que ha afectado directamente el uso eficiente de los recursos del Estado. La clientelización del aparato estatal es uno de los mecanismos más frecuentes de corrupción. Se da cuando los cargos son ocupados por personas que, a cambio de sus puestos, deben entregar favores, recursos públicos o incluso utilizar sus influencias para beneficiar a determinadas empresas o partidos políticos, fomentando el cohecho, la malversación y otras prácticas corruptas.

En conclusión, la creación excesiva de cargos públicos en el Estado no solo fomenta la ineficiencia administrativa, sino que también se convierte en un vehículo para la corrupción. En el caso de Perú, esta práctica ha sido un factor determinante en los escándalos políticos y en la erosión de la confianza pública en las instituciones del Estado. Para reducir la corrupción, es imperativo que el país apueste por una administración pública más transparente, profesional y responsable, centrada en la mejora real de los servicios públicos y en el fortalecimiento del Estado de Derecho. De lo contrario, la proliferación de cargos seguirá siendo una puerta abierta para prácticas corruptas que afectan el desarrollo y la democracia en el país.

*Doctor en Economía, UIBE Beijing; Master en Estudios Asiáticos, NCCU, Taiwán;
Economista por la UNMSM, Lima

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