Accomarca. 25 años

Por Gustavo Espinoza M. (*)

Hace exactamente 25 años, el 14 de agosto de 1985, tuvo lugar en el Perú una de las masacres más horrendas ocurridas en los años de la "guerra sucia" implementada por el Estado Peruano para exterminar a las poblaciones originarias de nuestra serranía.

Por espacio de más de dos meses una especie "Caravana de la Muerte", actuó en la tarea. Entre el 8 de agosto y el 16 de septiembre, las columnas el ejército asolaron la región ingresando a diversos poblados.

El primero de ellos —Huambalpa— registró la muerte de 8 civiles, ejecutados sin razón alguna por  los efectivos castrenses bajo la presunción de ser "terroristas camuflados".

Seis días más tarde, y luego de otras varias incursiones en poblaciones aledañas, las tropas arribaron a Accomarca, ubicada en la provincia de Vilcashuamán, en el corazón de Ayacucho y en la zona de Llocllapampa reunieron a 69 campesinos y los asesinaron.

El procedimiento usado fue muy simple: juntaron a todos en una vivienda precaria donde los ametrallaron. Después, prendieron fuego a los cuerpos inertes y los quemaron sin piedad. ¿Las víctimas? 30 niños menores de 10 años, 27 mujeres, y el resto ancianos.

Para el descubrimiento de los cuerpos, enterrados clandestinamente, y la reconstrucción de los hechos, resultó decisiva la participación de dos diputados de entonces: Fernando Olivera y Jorge Tincopa Calle, este último de Izquierda Unida.

Las acciones castrenses no se detuvieron allí, Se prolongaron en el tiempo y se extendieron a diversos otros caseríos de la región, con una dolorosa estela de sangre y muerte.

Las patrullas más comprometidas estuvieron lideradas por los Tenientes Thelmo Hurtado y Juan Rivera Rondón, quienes debieron comparecer ante una Comisión Parlamentaria que investigó los hechos aunque no pudo lograr sanción para los culpables.

Thelmo Hurtado —el principal acusado por la matanza— sustentó su defensa a través de una argumentación ciertamente cínica. Les dijo a los Senadores que lo escuchaban: "nosotros tenemos que actuar así, para que ustedes puedan sentarse tranquilamente en sus escaños parlamentarios".

 Y cuando se le enrostró la muerte de niños, aseguró que en la serranía peruana, los niños desde los dos años en adelante, ya eran "potencialmente terroristas".

En ese momento se dijo —y hoy se debe subrayar— que las razones de ese operativo y el sustento teórico que lo amparó, fueron una farsa.

La versión oficial proporcionada por la institución armada en esa circunstancia, aludió a la existencia de una "columna senderista" que operaba en la región. Y atribuyó la muerte de personas a un "enfrentamiento" ocurrido en la zona, de resultas del cual se había registrado el deceso de un determinado número de combatientes de sendero luminoso.

Nada de eso fue verdad. No existió tal "columna", ni hubo "enfrentamiento" alguno, pero la versión quedó convertida en el molde de todos los operativos posteriores.

En Vinchos, Pomatambo, Arccos, Puccas, Santa Rosa, Cayara y muchos otros lugares, se esbozó la misma idea: una patrulla senderista se enfrentó al ejército; los muertos, eran terroristas.

Multiplicado así el procedimiento, se generaron centenares de estos "enfrentamientos" en distintas regiones del país. Pero a ellos, se sumaron otros como consecuencia de acciones cuya autoría nunca fue debidamente investigada. 70 mil muertos fue el saldo trágico de esa historia que hoy se busca afanosamente ocultar o distorsionar.

En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados —que integré en el periodo— registramos alrededor de 400 casos adjudicados a Sedero Luminoso, detrás de los cuales estaba la mano —y la acción— de efectivos policiales o militares. Los denunciamos en su momento.

Ocurrió sin embargo que la mayoría parlamentaria de ese entonces —107 diputados apristas— protegió celosamente el secreto de estas investigaciones y no permitió que ellas llegaran a buen término. Antes bien, encubrió los crímenes con desenfadado servilismo.

Y prefirió más bien derivar todos los casos de violación de los derechos humanos a los tribunales castrenses —y no al fuero ordinario— donde virtualmente sus autores, fueron exculpados.

El caso más escandaloso, ciertamente, fue el del propio Thelmo Hurtado que, acusado de homicidio, fue absuelto de ese delito, y sancionado más bien por "abuso de autoridad" y por "desacato a las órdenes de la superioridad".

En otras palabras, Hurtado  usó sus armas para imponerse sin razón, y olvidó que sus superiores,  no le autorizaron a matar.

Finalmente fue liberado. Y es más, fue ascendido al grado de Mayor en la institución castrense. Luego volvió al servicio y vivió un largo tiempo en el exterior. Similar suerte corrió su comparo de sangre, el teniente Rivera Rondón, que fue destacado a los Estados Unidos donde vivió muchos años sirviendo a la Fuerza Armada.

El aniversario de Accomarca ha quedado hoy, sin embargo, relegado en la memoria de los peruanos. Apenas, familiares de las víctimas; y algunos organismos encargados de proteger los Derechos Humanos, han recordado el acontecimiento que fue considerado por la Comisión de la Verdad como uno de los crímenes emblemáticos del periodo de la violencia.

En el plano legal, no obstante, algunos funcionarios del Estado, como la fiscal Cristina Olazábal, han librado importantes batallas por impedir la impunidad en la materia. Pero ella —y quienes la apoyaron— solo encontraron indeferencia y hostilidad en la estructura administrativa correspondiente. 

El gobierno aprista del Presidente García, que en ese entonces estuvo al frente de la gestión del estado, volvió a estar en esa misma tarea a partir del año 2006. Y su esfuerzo central en la materia se orientó siempre a impedir la investigación y la sanción de estos hechos. Sus autores —y sus protectores— entonces, gozan de buena salud.

(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera  / www.nuestra—bandera.com