Raúl Allain
En América Latina hay palabras que seducen con facilidad. Justicia. Igualdad. Refundación. Suenan bien, prometen un mundo distinto y apelan a una emoción profundamente arraigada en la historia de la región: la sensación de que todo podría ser mejor si tan solo se cambiara el sistema. Durante décadas, muchos proyectos políticos se han sostenido sobre esa promesa. La idea de que una gran transformación estructural —casi siempre dirigida desde el Estado— podría corregir de una vez las injusticias históricas del continente.
El problema es que las utopías políticas suelen tener un costo. Y ese costo, casi siempre, lo pagan las sociedades que creyeron en ellas.
América Latina ha vivido varios ciclos de entusiasmo ideológico. Cada generación parece convencida de que ahora sí se ha encontrado el modelo que resolverá las desigualdades y pondrá fin al atraso económico. Pero la historia reciente muestra algo distinto: muchos de esos experimentos terminaron produciendo frustración social, deterioro institucional y crisis económicas difíciles de revertir.
No es necesario mirar demasiado lejos para encontrar ejemplos. Basta observar lo ocurrido en Venezuela durante las últimas dos décadas. El proyecto político impulsado primero por Hugo Chávez y luego continuado por Nicolás Maduro fue presentado como una revolución destinada a corregir las desigualdades históricas del país. En su discurso, el Estado debía convertirse en el gran distribuidor de riqueza y en el motor absoluto de la economía.
El resultado es conocido. Según informes de organismos como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Venezuela sufrió una de las contracciones económicas más profundas registradas en tiempos de paz en el hemisferio occidental. Millones de ciudadanos abandonaron el país, el sistema productivo colapsó y la inflación alcanzó niveles históricos.
Lo interesante, desde una perspectiva sociológica, es que ese proceso no comenzó como una catástrofe evidente. Al inicio, el proyecto político estaba envuelto en un lenguaje épico: soberanía popular, redistribución, dignidad nacional. El discurso resultaba atractivo porque prometía reparar heridas sociales reales. Sin embargo, el problema no estaba en las aspiraciones de justicia, sino en el método escogido para alcanzarlas.
Cuando el Estado se convierte en el actor económico dominante y desplaza sistemáticamente a la iniciativa privada, la dinámica productiva comienza a deteriorarse. Las empresas dejan de invertir, la innovación se reduce y la economía pierde dinamismo. La promesa de igualdad termina chocando con una realidad más dura: sin crecimiento sostenido, la riqueza simplemente deja de existir.
Algo parecido ocurrió en Cuba tras la revolución encabezada por Fidel Castro. Durante décadas, el sistema político cubano fue presentado como un modelo de justicia social frente al capitalismo latinoamericano. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente que la centralización absoluta del poder económico también producía efectos sociales severos: estancamiento productivo, dependencia del Estado y limitaciones profundas a las libertades individuales.
No se trata de negar los avances sociales que algunos de estos proyectos proclamaron en determinados momentos. El punto es otro. Cuando un modelo político se sostiene exclusivamente sobre una visión ideológica rígida y desconfía sistemáticamente de la libertad económica, las consecuencias suelen ser previsibles.
América Latina ha pagado varias veces ese precio.
El caso de Nicaragua bajo el liderazgo de Daniel Ortega es otro ejemplo revelador. Lo que comenzó como un proyecto político con fuerte legitimidad histórica terminó evolucionando hacia un sistema cada vez más cerrado, donde la concentración del poder político ha reducido significativamente los espacios democráticos.
Estos procesos comparten un rasgo común: la creencia de que una élite política iluminada puede reorganizar la sociedad desde arriba, sustituyendo las dinámicas espontáneas de la economía y de la sociedad civil. En teoría, ese enfoque busca proteger a los sectores más vulnerables. En la práctica, muchas veces termina debilitando los mecanismos que generan oportunidades reales.
En contraste, los países que han apostado por economías abiertas, instituciones relativamente estables y reglas claras para la inversión han mostrado trayectorias distintas. El caso de Chile durante varias décadas es ilustrativo. A pesar de sus tensiones internas y debates políticos intensos, el país logró construir una de las economías más dinámicas de la región, reduciendo la pobreza y expandiendo su clase media.
La experiencia chilena no fue perfecta, por supuesto. Ningún modelo lo es. Pero demostró algo importante: cuando las instituciones respetan la estabilidad jurídica y permiten que la iniciativa privada florezca, el crecimiento económico tiende a generar oportunidades que difícilmente podrían surgir bajo economías excesivamente centralizadas.
En el Perú, ese debate también ha estado presente. Durante años se discutió si el país debía abandonar su modelo económico abierto para adoptar esquemas más intervencionistas. Sin embargo, las cifras muestran que las décadas de mayor crecimiento coincidieron con periodos de apertura comercial, disciplina fiscal y promoción del emprendimiento.
Organismos internacionales como el Banco Mundial han señalado que el Perú fue uno de los países que más redujo la pobreza en América Latina entre los años 2000 y 2019. Ese proceso no ocurrió por accidente. Fue resultado de una combinación de estabilidad macroeconómica, inversión privada y expansión de mercados.
La pregunta que muchos ciudadanos comienzan a hacerse es sencilla: si ese modelo generó resultados concretos, ¿por qué existe tanta insistencia en reemplazarlo por proyectos ideológicos que ya han fracasado en otros lugares?
Parte de la respuesta está en la política simbólica. Las utopías tienen una ventaja retórica: ofrecen soluciones simples a problemas complejos. Prometen cambios rápidos, apelan al resentimiento social y presentan al Estado como un salvador capaz de resolver cualquier injusticia histórica.
El problema es que las economías reales no funcionan de esa manera.
Las sociedades prosperan cuando existen incentivos para producir, invertir y emprender. Prosperan cuando las instituciones generan confianza. Prosperan cuando las reglas son previsibles y no cambian cada vez que un nuevo gobierno llega al poder con la promesa de refundarlo todo.
Esto no significa que el mercado por sí solo resuelva todos los problemas sociales. La desigualdad sigue siendo un desafío importante en América Latina. Pero la evidencia empírica sugiere que el crecimiento económico sostenido —apoyado en libertad económica y estabilidad institucional— ha sido la herramienta más eficaz para reducir la pobreza en la región.
Por eso, cada vez más ciudadanos comienzan a mirar con escepticismo los discursos grandilocuentes que prometen transformaciones totales. La experiencia acumulada ha demostrado que las revoluciones políticas suelen ser más eficaces destruyendo instituciones que construyendo prosperidad.
América Latina no necesita nuevas utopías. Necesita algo mucho más difícil y menos espectacular: instituciones sólidas, reglas estables y políticas públicas que incentiven la productividad en lugar de sabotearla.
A veces la solución no está en reinventar el sistema, sino en perfeccionar aquello que ya ha demostrado funcionar.
La región enfrenta hoy desafíos enormes: inseguridad creciente, informalidad laboral, crisis educativas y tensiones políticas permanentes. Resolver esos problemas exige pragmatismo, no romanticismo ideológico.
Quizás la lección más importante de las últimas décadas sea precisamente esa. Las sociedades que apostaron por la estabilidad institucional y la libertad económica lograron generar oportunidades reales para millones de personas. Las que optaron por experimentos ideológicos radicales terminaron atrapadas en ciclos de crisis.
La historia de América Latina está llena de sueños políticos. Algunos nacieron de aspiraciones legítimas de justicia social. Pero cuando esos sueños se transforman en dogmas y se imponen desde el poder sin respeto por las dinámicas económicas y sociales, el resultado suele ser el mismo: empobrecimiento, polarización y frustración colectiva.
El desafío del presente consiste en abandonar la fascinación por las utopías y asumir una tarea más sobria: construir sociedades libres, con instituciones fuertes y economías capaces de generar prosperidad sostenible.
Puede parecer menos épico. Pero para millones de ciudadanos que simplemente quieren trabajar, progresar y vivir con estabilidad, probablemente sea el camino más sensato.
(*) Escritor, sociólogo y analista político. Consultor Internacional en Derechos Humanos para la Asociación de Víctimas de Acoso Organizado y Tortura Electrónica (VIACTEC).
