Anticorrupción en Ayacucho
Jans Erik Cavero Cárdenas (*)
El Ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, ha señalado en los diferentes medios de comunicación el fortalecimiento de las procuradurías públicas anticorrupción. Esta propuesta, racional y acertada, demuestra que existe voluntad política del Ejecutivo para luchar frontalmente contra la corrupción, punto inicial para implementar políticas que buscan la erradicación de este flagelo, institucionalizado por Fujimori y continuado por Toledo y García.
El Decreto Legislativo 1068, aprobado en diciembre del 2008, creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, instaurándose la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, cuya cabeza es el Procurador Público Nacional Anticorrupción, quien tiene como adjunto a procuradores públicos descentralizados ubicados en las regiones. Estos procuradores dependen del Ministerio de Justicia y son designados mediante Resolución Suprema, firmada por el Presidente de la República y refrendada por el Premier.
Esta forma de designación, sin embargo, podría ser peligrosa para lograr los propósitos de nuestro sistema anticorrupción, pues subsiste la posibilidad de no elegir a los profesionales adecuados para luchar contra la corrupción. Conviene señalar que los cargos de confianza no son negativos per sé, sino que se convierten en perversos y arbitrarios cuando se utiliza para colocar servidores incompetentes o coludidos con la mafia. En el Perú, desafortunadamente, los cargos por confianza han sido sistemáticamente prostituidos.
En Ayacucho, por ejemplo, formalmente existe un procurador anticorrupción, pero materialmente no se conocen resultados concretos y efectivos contra esta lacra. Sergio Vílchez, actual procurador, ha brillado por su ausencia, no tanto por su filiación aprista sino por un tema de capacidad para fiscalizar. ¿A cuántas autoridades públicas ha denunciado este procurador?, ¿habrá denunciado presuntos actos de corrupción del compañero Omar Quezada y de su entorno gubernamental?, ¿cuántas denuncias contra Ernesto Molina tiene en su haber?, ¿cuántas denuncias contra Oscorima ha formulado?
Salvo que Vílchez demuestre lo contrario, o salvo que afirme que sí hizo denuncias pero que fueron archivados por malos fiscales y jueces, mantengo mi posición de que no hay en Ayacucho un procurador anticorrupción con tesón, capaz y comprometido con el buen manejo del dinero público. Vílchez en unos días o semanas será removido. Pero, ¿a quién designará Humala en su reemplazo? Oficialmente no se sabe, pero suena el nombre de Cristian Loayza Gamboa, ex servidor de Ernesto Molina y brazo derecho del inefable Ricardo Aroni, Ex Director Regional de Educación, a quien durante su gestión diversos medios de comunicación le imputaron presuntos actos de corrupción.
Desde esta perspectiva, Loayza Gamboa estaría desacreditado para ser procurador anticorrupción, pues no gozaría de reconocida solvencia moral. El Ministerio de Justicia y el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado están advertidos. Otra advertencia legítima al ente rector del Sistema de Defensa del Estado y a los operadores del mismo sería no tomar en cuenta una probable propuesta de José Urquizo para este cargo. ¿Por qué? Sencillamente porque Urquizo fue vicepresidente regional durante la gestión del aprista Omar Quezada, desconociéndose hasta hoy denuncia alguna, proceso, o acusación formal, contra la gestión del gobierno regional al que perteneció durante el periodo 2002 – 2006. No sería ético que proponga a quien tiene que investigar los presuntos faenones del APRA.
¿Por qué Urquizo no fiscalizó ejemplarmente al gobierno de Molina, Omar Quezada, Martinelli? Sólo él lo sabe. Debo advertir que Urquizo no me inspira confianza para luchar contra la corrupción; tampoco me inspira confianza el hecho de que por una cuestión política se deje en sus manos la propuesta para el cargo de procurador anticorrupción. Esta misma desconfianza siento de las personas que están en su entorno. ¿Por qué? Pienso que por instinto u olfato político. Espero equivocarme por el bien de Ayacucho.
Si los presuntos actos de corrupción de la gestión aprista no han prescrito, ¿por qué Vílchez no ha denunciado? Lo cierto es que tampoco se conoce denuncia o proceso alguno contra Ernesto Molina. ¿Por qué? Habría que preguntarle al actual procurador antes que deje el cargo. Diversos medios de comunicación regional en su oportunidad dieron cuenta de los presuntos faenones de Molina y su entorno. Lamentablemente hasta hoy no hay nada concreto, salvo que las imputaciones penales estén guardadas bajo 7 llaves. Y sobre el actual presidente regional, únicamente la prensa no hipotecada ha denunciado sus presuntos faenones, pues los operadores de justicia en Ayacucho brillan por su ausencia. Ojalá, esto cambie algún día.
