Cayara. Un caso que debe ser reactualizado

Por Gustavo Espinoza M. (*)

Estábamos en una sesión de Diputados la tarde del martes 17 de junio de 1988 cuando Germán Medina, entonces parlamentario por Ayacucho, informó a un pequeño grupo de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que había recibido una llamada telefónica del alcalde de Huamanga Fermín Azparrent denunciando una matanza ocurrida poco antes  en Cayara, un poblado perdido en la serranía ayacuchana. Como la información carecía de datos precisos, optamos en ese instante por no proporcionar la versión a la prensa. Queríamos confirmar hechos, antes de denunciar lo que ya se perfilaba como una cruel matanza similar a las ocurridas en el periodo en distintos lugares del país.

Esa fue ciertamente una de las experiencias más dramáticas de nuestra gestión parlamentaria bajo el gobierno de Alan García Pérez. Apenas arribamos a Huamanga iniciamos indagaciones y concretamos informes preocupantes. Las autoridades del Cuartel "Los Cabitos" se negaron a proporcionarnos versión alguna,  pero en las miradas sombrías y en el rechazo sordo de los oficiales leímos lo que debíamos saber: en efecto, habían ocurrido a 150 kilómetros de Huamanga los hechos que nos trajeron de la capital.

Partimos entonces rumbo a la zona afectada, en la tolva de un pequeño y viejo camión azul, acompañados por modestos campesinos —hombres y mujeres— que presumiblemente ni nos conocían.

A las cuatro de la tarde del viernes 20, con intensa lluvia, salimos rumbo a Cangallo y tomamos los escarpados atajos por los que se desplazó con enorme dificultad el vehículo que nos transportaba.
Casi en silencio, íbamos, en efecto Yehude Simon, Jorge Tincopa, Arístides Valer, Jorge Medina y quien escribe estas líneas, con el propósito de llegar a Cayara y verificar los hechos de los que teníamos referencia casi confirmada. En la cabina del camión, viajaba con nosotros el Fiscal Carlos Escobar Pineda, del Ministerio Público, y Javier Diez Canseco, el único el senador que nos acompañó en la ruta.

En seis horas cubrimos la ruta que  separa Huamanga de Cangallo. Alrededor de las diez de la noche arribamos a esa ciudad donde fuimos recibidos con una infernal balacera.  Como ella resonaba en la oscuridad de la noche, pero no nos afectaba directamente, llegamos hasta el ingreso de la población, donde fuimos interceptados por una patrulla militar que pretendió impedir nuestra visita. El oficial al mando de la tropa nos aseguró que estábamos "rodeados por senderistas" y que nuestra vida "corría peligro", que era mejor que no continuáramos viaje. Optamos por pernoctar en Cangallo y la clarear el sábado 20 salimos de allí rumbo a Cayara por la ruta de Pampa Cangallo y Huancapi. En tres ocasiones más fuimos retenidos por patrullas militares que insistieron en impedir la concreción de nuestro objetivo con las mismas amenazas: nuestras vidas corrían serio peligro porque Sendero "tenía el control de la región,". No obstante, seguimos adelante hasta que a las 3 de la tarde del sábado 20, estuvimos en el acceso a Cayara. Allí vencimos la última resistencia militar -una fila de doce soldados que bloqueaban nuestro camino- e ingresamos hasta llegar a la Plaza del poblado. En la tarde y en la noche el Fiscal Escobar tomó prolija cuenta de los hechos y recogimos todos la versión de lo ocurrido.

Supimos entonces que nueve días antes, el viernes 13 de mayo, con motivo de celebrarse el Día de la Virgen María, el pueblo estaba de fiesta. Hubo música, baile, comida y licor en abundancia. Y gran alegría. Nadie presagiaba que esa sería la última fiesta del periodo y que la alegría desaparecería por largo tiempo del rostro de la gente.

Esa noche un convoy militar integrado por tres vehículos viajaba de Erusco a Huancapi. Cuando las unidades militares pasaban por la carretera en las cercanías de Cayara, se oyeron explosiones y disparos. El vehículo de comando alcanzó a pasar, pero el segundo, en el que viajaba el capitán de infantería José Arbulú Sime, fue impactado por descargas que segaron la vida del oficial y tres soldados. En pocos minutos se produjo una suerte de zafarrancho de combate en la oscuridad de la noche, pero en el camino sólo quedaron regados el vehículo siniestrado y los cuerpos de las víctimas.

Nadie supo cómo fue el ataque ni quiénes lo hicieron. Los soldados que sobrevivieron —viajaban cuatro en cada vehículo— se comunicaron por radio con sus superiores y reportaron lo ocurrido. Partió de inmediato la orden de respuesta: Todas las patrullas que operaban en la zona debían dirigirse a Cayara. Así los destacamentos conocidos como Lince, Otorongo, Zeta, Cobra, Leopardo, Pantera y algunas más enfilaron hacia el poblado y llegaron a él a las 9 de la mañana del sábado 14 para el inicio de una brutal matanza. El General José Valdivia Dueñas ordenó el operativo y lo jefacturó.

Sólo al ingresar al pueblo los soldados mataron a Anastasio Asto, el primero al que encontraron regresando a su casa en estado de ebriedad.

Cuando llegaron al centro del poblado, sólo hallaron  mujeres. Por ser día de faena, los campesinos habían bajado a la zona de Cceschua para el trabajo de la tierra. Los soldados ingresaron al templo, y allí vieron a cinco personas que estaban desmontando el altar de la Virgen paseada la tarde anterior. Luego de cerrar la Iglesia, los uniformados procedieron a interrogar, torturar y finalmente matar a a quienes habían encontrado allí. Desde fuera de la Iglesia, las aterrorizadas mujeres alcanzaron a oír los gritos desesperados de los campesinos que, apremiados por sus captores, no alcanzaban a admitir la culpa de hechos que decían desconocer.

Después, los uniformados bajaron a la zona de Ccechua, donde encontraron a los campesinos a los que hicieron formar. Después de interrogarlos en torno a los sucesos de la noche anterior y de recepcionar respuestas negativas respecto a la supuesta participación de vecinos de Cayara en ellos, optaron por desnudarlos. Luego,  los obligaron a tirarse al suelo boca abajo, les colocaron pencas de tuna en la espalda, los pisaron y luego -en medio de gritos y amenazas- los fueron matando con arma blanca. Después continuaron otros crímenes hasta dejar una estela siniestra: 32 muertos en las laderas de Cayara.

El domingo 22 de mayo, con los testimonios de los sobrevivientes tomados con escrupulosa responsabilidad por el Fiscal Escobar, optamos por abandonar el poblado. Poco antes de partir supimos que un helicóptero militar había llegado a la región: el Presidente García, noticiado de nuestra presencia en Cayara, había optado por arribar a la zona y hacer sus propias indagaciones. Nosotros, entre tanto,  retornamos prestamente a Lima luego de una breve escala en Huamanga. Y esa noche, por gentileza del programa televisado de César Hildebrandt, tuve la ocasión de proporcionar al país la versión personal y documentada de los hechos.

Los sucesos de Cayara fueron luego confirmados por la Comisión Verdad y Reconciliación, creada en el año 2001, y hoy están para deslinde judicial en tribunales ordinarios. La jueza Miluska Cano, por lo pronto, exculpó de responsabilidades a Alan García que interrogó a testigos, todos los que luego aparecieron muertos, y  encubrió a los asesinos. En el Congreso, una Comisión del senado absolvió a los militares asegurando que habían sido víctimas de una "incursión  senderista" y se habían visto obligados a "repeler el ataque".

Se supo después que el informe de esos senadores encabezados por el líder aprista Carlos Enrique Melgar, había sido preparado en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional y visado por el Presidente García antes de ser entregado a la Cámara para su aprobación.   

Lo que ha ocurrido hoy por la decisión de la jueza Cano ha sublevado la conciencia de quienes conocen el tema. Diversos organismos especializados y los campesinos de la zona han demandado que se amplíe la investigación y que se involucre en los delitos tanto a García, como a los senadores que encubrieron los hechos. El propio Fiscal Escobar, que debió salir del país para proteger su vida en esa aciaga etapa, ha insistido en la necesidad imperiosa de ese deslinde y ha subrayado que, en efecto, incluso meses después de los sucesos de Cayara, los testigos, uno a uno, fueron siendo asesinados en la región y en otros lugares del país. Para acreditarlo, ha proporcionado a la justicia la identidad de las víctimas.

Aunque los uniformados, el más importante de los cuales es el general José Valdivia Dueñas, están con orden de captura, se prevé que ocurra con él lo mismo que con José Williams Zapata, y que, finalmente, el caso quede sin sanción. No obstante, la reciente decisión judicial en torno a los delitos de Alberto Fujimori, nos hacen alentar la esperanza que casos como el de Cayara vuelvan al primer plano de la política y no queden simplemente olvidados.

La memoria de los pueblos y un criterio elemental de justicia, así lo demandan (fin)

  (*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / htttp://www.nuestra-bandera.com