Jans Cavero*
La mejor demostración de que el Poder Ejecutivo no tiene una hoja de ruta clara y concreta para luchar contra la corrupción fue la creación de la “Comisión Presidencial de Integridad”, con el objetivo de fomentar la transparencia, prevenir y sancionar la corrupción. Esta comisión estuvo presidida por el ex Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, y conformada por 8 integrantes, quienes en un plazo de 45 días debían presentar su informe.
Pues bien, la comisión ha evacuado un informe de 22 páginas, conteniendo 100 puntos, de los cuales abundan las buenas intenciones y una serie de medidas protocolares y solemnes que diferentes actores ya han esgrimido. En conclusión, salvo 3 o 4 puntos específicos, el informe es una sumatoria de propuestas voluntariosas que no coadyuvan a una auténtica lucha contra el flagelo de la corrupción. Quizá lo más cuestionable y poco ético es el punto 99.
En efecto, en el punto 99 la comisión recomienda que se cree un Sistema de Integridad en el Poder Ejecutivo, conformado por la Oficina de Integridad, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector de este sistema, y por los funcionarios responsables de la integridad gubernamental que deberán ser designados en todas las entidades del Poder Ejecutivo. Este planteamiento es errado porque la corrupción no se enfrenta generando mayor burocracia en el sector público. Si ya hay una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ¿para qué una Oficina de Integridad en paralelo?, ¿Se acuerdan de los zares anticorrupción?
O es uno, o es otro, excluyentemente. Que la CAN no sirva, o no responda a los objetivos de su creación, no puede ser el pretexto perfecto para generar una mayor burocracia. Peor aún si observamos que las funciones planteadas para la oficina de integridad son puramente retóricas. Asimismo, no me parece ético que una comisión de integridad recomiende la creación de una oficina de integridad, toda vez que se trata de una forma elegante de solicitar función pública. Lo único que faltó es que el informe precise que dicha oficina de integridad debe ser presidido por Eduardo Vega.
Entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, han hecho llegar al Ejecutivo sus propuestas anticorrupción. Sin embargo, ninguna de las cuales resulta innovadora, revolucionaria, estratégica, o sencillamente funcional. ¿Por qué? Porque estas medidas timoratas obedecen a la voluntad de no querer encarar frontalmente la red de corrupción, o a la impotencia por no tener las armas para pulverizar a este flagelo.
La premisa central para hacerle daño a la corrupción es flexibilizar el Derecho para dar paso a eficaces políticas públicas anticorrupción. Si de entrada hay que garantizarle al presunto corrupto todos sus derechos fundamentales, entonces no habrá medida eficaz. En otras palabras, si se quiere golpear a la corrupción, el Derecho estorba y hasta limita las acciones concretas que se requieren implementar. Si esta premisa central se cumple, y hay voluntad política decidida, se plantean las siguientes medidas para jaquear a este cáncer que le arrebata al Perú, a sus pobres, S/. 12 mil 600 millones por año:
- Infiltrar al servicio de inteligencia en los sectores que reportan más casos de corrupción: Ministerios, gobiernos regionales, municipalidades.
- Cárcel inmediata para todo aquél que tiene acusación fiscal por corrupción, independientemente de que constituya o no peligro para el proceso.
- Inmovilización de cuentas y levantamiento del secreto bancario, tributario y del secreto de las comunicaciones para los funcionarios denunciados por corrupción.
- Crear un sistema de incentivos económicos para cualquier ciudadano que denuncie casos emblemáticos de corrupción. Si este ciudadano es además un servidor público y denuncia a sus pares o superiores jerárquicos se merece doble incentivo.
- Norma legal que prohíba a los jueces del país a admitir acciones de Amparo o medidas cautelares en favor de denunciados y/o acusados por corrupción. Si se hace caso omiso, destitución inmediata para los jueces prevaricadores, independientemente del nivel o la jerarquía que ostenten. Ningún juez podrá reincorporar a la judicatura a jueces destituidos por este motivo.
- Cárcel para fiscales, de cualquier jerarquía, que habiendo mérito para iniciar investigación o formular acusación fiscal blinden a los altos funcionarios del Estado o a servidores públicos denunciados por corrupción.
- Diseñar un sistema de “chuponeo” legal contra funcionarios o servidores públicos que sean corruptos. Los corruptos se escudan en la intimidad de sus comunicaciones para robarle al país. Esto implica celulares, e-mail, etc. Varios corruptos son identificables sin necesidad de sentencia judicial. En el aparato estatal todo se sabe, por eso se permite.
- Todo audio o video que evidencie actos de corrupción debe constituir pruebas válidas para enjuiciar. No se requiere que dichas pruebas sean obtenidas válidamente, pues un video anónimo o la grabación secreta de un tercero vale más que cualquier indicio.
- Libertad a la Policía Nacional para que allane los predios de un acusado por corrupción. Si la policía puede matar legalmente en una movilización social, ¿Por qué no podría ingresar legalmente al domicilio de un corrupto para recabar pruebas, incautar bienes o descubrir in fraganti conductas impropias?
- El sentenciado por corrupción, así su pena esté suspendido, no trabajará más en el sector público. Asimismo, antes de ostentar la función pública, sea por concurso o por confianza, debe hacerse una radiografía completa a fin de descartar a las “joyitas” que andan reciclándose en cada periodo gubernamental, de ministerio en ministerio.
- Sanción penal ejemplar para los dueños de empresas que se coluden con funcionarios para engañar o robarle al Estado. El sentenciado no podrá crear nunca más empresa con otro RUC, otra denominación, otros socios, para seguir robándole al Estado.
- Levantamiento inmediato del secreto bancario para Congresistas, ministros, jueces, fiscales, titulares de entidades públicas, y otros, durante el tiempo que duren sus mandatos. Posterior al cargo, debe haber juicio de residencia para ellos, a efectos de verificar si se han enriquecido o no a costa del erario público.
La corrupción es un monstruo gigante. Con simples dardos tranquilizantes no puedes enfrentar a un fenómeno que viene dinamitando al Estado. Si no se relativiza el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, y en general el Derecho, no habrá forma de luchar frontalmente contra la corrupción.
__._,_.___
