Luis Alberto Salgado T.
No me referiré a la debacle educativa del Perú que se gesta desde hace 25 años, ni a los vergonzosos indicadores en salud de la población peruana (entre los más bajos de América Latina) que en el mismo lapso se han ido deteriorando sistemáticamente como resultado directo de las políticas aplicadas desde el Estado y por gobernantes (Fujimori, Toledo, García, y el actual Humala) que han fracasado y defraudado al Perú. Por ello, el rechazo sin ambigüedades —por considerarlos corruptos e incapaces de gobernar para el bien público— que la mayoría de peruanos siente por ese grupo de individuos que han sido presidentes de la república (secuela que continúa con Ollanta Humala) y sus entornos de ministros, viceministros, funcionarios y congresistas lobistas y negociantes. Y debemos recordar que como marco legal tenemos la “constitución” más reaccionaria y antinacional, también, de toda América Latina.
No, señores, el fanatismo ideológico neoliberal que acerca peligrosamente al Perú a la condición de Estado fallido —dando pasos decididos hacia el narco-Estado— tiene otros efectos perversos que cierta prensa persiste irresponsable, y sospechosamente, en soslayar u ocultar. Esos factores perniciosos que comenzaron a gestarse decididamente con el gobierno de Fujimori y continuaron con Toledo, García y Humala, tienen consecuencias actuales y presentes en la vida diaria de cada uno de nosotros, pues agobian y amenazan a gran parte de la población peruana en ciudades y en ámbitos rurales, consecuencias, sin embargo, que gran parte de la ciudadanía no relaciona, ni conecta con sus causas reales, debe hacerlo.
Desmantelamiento de nuestra Policía Nacional
Los regímenes derechistas ultra-neoliberales de Fujimori, Toledo, García y Humala son culpables del desmantelamiento de la Policía Nacional del Perú. Al reducir drásticamente su número, a pesar del aumento natural de la población, iniciaron su privatización obligando a decenas de miles de policías con muy bajos sueldos —de los que quedaron en actividad— a “cachuelear” en casinos, grifos y supermercados en su tiempo libre. Por ley de los años 90, que mantienen hasta hoy, esos gobiernos han puesto personal policial, armas, municiones y equipos —que pagamos todos los peruanos— al servicio de particulares, sobre todo de empresas con proyectos mineros, muchos de ellos en conflicto grave con los pueblos y comunidades, generando centenares de muertos y heridos hasta la fecha.
Lo anterior merece la atención de quienes se consideran especialistas o expertos en temas de seguridad ciudadana, e incluso de seguridad del Estado, si es que la idea es abordar con seriedad y responsabilidad el problema, sentar las bases de un comienzo de solución y avizorar luz al final del túnel sin que esa luz sea la de una locomotora que nos impactará irremisiblemente. De otra manera, se seguirán dando lamentables “palos de ciego”.
El impacto en la sociedad
Expliquémonos. La delincuencia común en todas sus variantes y expresiones perversas, así como las organizaciones criminales del narcotráfico y las bandas de secuestradores y sicarios al servicio de mafias políticas se auto-“justifican” y retroalimentan de la impunidad (falta o ausencia de sanción y castigo por delitos cometidos en perjuicio del Estado y la Nación) que observamos hasta el hartazgo ante casos de megacorrupción política. Esto, debido a un sistema de administración de justicia descompuesto o “podrido” (según la expresión popular) en amplios sectores, pero que es la prolongación de ese poder político corrupto pero organizado – , que se ha instalado sólidamente bajo la égida y al amparo de un modelo ultra-neoliberal en lo ideológico y en lo económico, y dictatorial en lo político, que comenzó a construirse fanáticamente desde el 5 de abril de 1992 y que derivó en uno de los gobiernos más corruptos y malsanos de la historia del Perú. En el 2000 hubo un aparente respiro con la fuga cobarde del cabecilla de ese régimen de oprobio, pero se mantuvo la estructura fundamental causante del envilecimiento de la relación Estado-sociedad y de las relaciones entre los peruanos mismos. Hoy sufrimos y pagamos las consecuencias.
Como expresión patente y, a la vez, trágica de lo anterior, se fueron entronizando bandas de sujetos, de cuello, corbata y perfumes caros, con poses histriónicas de “líderes políticos” y asesores “técnicos” en economía y en derecho, que desde el más alto poder político del Estado comenzaron a medrar de la nación, con descaro, a despilfarrar en frivolidades y en beneficio propio, de la hacienda pública y a ejecutar sistemáticas políticas entreguistas de nuestros recursos nacionales y directamente del llamado “tesoro público”. Remataron delictivamente, vía privatizaciones, importante número de empresas de propiedad de todos los peruanos. Ese proceso perverso continúa hasta hoy con Ollanta Humala. Pero ante ello, ha habido y hay, mayormente, impunidad, porque la sofisticación del crimen en banda organizada busca perennizarse para garantizar, precisamente, más impunidad. Además, esa impunidad, es nefasta para el país pues da un poderoso mensaje de auto-justificación y mayor impunidad para la delincuencia común y el crimen organizado. “Si los grandazos del gobierno lo hacen, ¿por qué yo no?”.
No nos engañemos: el narcotráfico y el crimen organizado necesitan de políticos corruptos. El narcotráfico y el crimen organizado necesitan de instituciones corruptas y maleables al crimen. El narcotráfico y el crimen organizado necesitan de un Estado corrupto y de un modelo económico que maltrata y excluye a millones y viola los derechos económicos y sociales de los pueblos del Perú. ¿Alguien habló de narcoindultos? Los ejemplos y las pruebas están ahí, para quien sólo sepa y quiera mirar bien.
No esperemos que del gobierno de Humala, o de la mayoría de las bancadas congresales venga una propuesta racional y coherente para enfrentar la escalada delincuencial. Pues esas mayorías o minorías congresales —salvo muy honrosas excepciones— son producto de esa escalada delincuencial y de esa descomposición institucional. Desahuciados están y deben irse.
Por lo dicho, los peruanos y peruanas debemos ponernos de acuerdo en partir de esa premisa y de esa realidad en el Frente Amplio nacional que estamos construyendo con Tierra y Libertad, con el Movimiento Sembrar, con el Frente Único del Pueblo, con la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), con el Movimiento por la Gran Transformación, con Pueblo Unido y otras numerosas decididas organizaciones juveniles que se vienen forjando en la costa, la sierra y la Amazonía. Es hora de un nuevo comienzo para el Perú, dando seguridad a la ciudadanía y erradicando realmente a la corrupción.
Lima, 16 de junio, 2015
