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Arequipa ha sido el primer departamento del sur en ser quebrado por el coronavirus en esta parte del país. Los hospitales no dan más, a las quejas de los usuarios se sumaron la de los médicos; paralelamente, el gobernador Elmer Cáceres Llica, cambiaba por segunda vez la cabeza de la Gerencia Regional de Salud, inauguraba un nuevo centro de contención del virus en Cerro July, hacía larga la obra de la ampliación del hospital COVID de Arequipa, y las curvas de contagio y muertos continuaban en ascenso.
Tras la intervención del Gobierno Nacional en el control del sistema de salud regional, las cosas comenzaron a andar: vimos con estupor como la comisionada del gobierno encontraba en los almacenes de la Gerencia Regional de Salud toneladas de medicinas e implementos de seguridad, las obras en el hospital culminaron, y un segundo contingente de personal de salud arribó a la ciudad para reforzar la atención; sin embargo, parafraseando a Vallejo: Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. Al 2 de agosto se contaban 53 546 casos confirmados y 990 fallecidos.
En Puno, más precisamente en San Román, el movimiento comercial continuó como si no hubiera emergencia sanitaria en el país. Los juliaqueños se creyeron inmortales y no pararon, de modo que al 30 de julio ya contaban con 2162 contagiados, acumulando el 50% de los casos en toda la región. Y aquí no hubo autocrítica, la culpa del incremento la atribuyeron a la cantidad de forasteros que pasaron por allí para trasladarse a otros lugares, o a los que vinieron a comprar a la zona. Ya se cuentan 172 fallecidos en toda la región.
En Cusco, se venían preparando los protocolos para abrir Machu Picchu en julio, como si la apertura del transporte interprovincial y el de los vuelos comerciales, sumados al levantamiento de la cuarentena habilitaran a la gente a hacer turismo interno, sin considerar que el coronavirus no es simplemente una enfermedad respiratoria, sino que compromete situaciones bastante más delicadas; pero sobre todo, sabiendo que nuestro sistema de salud hace agua por todos lados. Al primero de agosto, esta región contaba con 9565 casos confirmados y 237 fallecidos. Con este diagnóstico, el Comando COVID del Cusco ha reforzado su cuarentena focalizada con nuevas medidas, como un mayor control en el transporte y la disminución de los aforos en mercados, centros comerciales y supermercados, entre otras.
En Moquegua, el gobernador Zenón Cuevas, regresó a la región después de luchar durante un mes contra el Covid-19 en un hospital de la capital. Ha pedido la unión de todos para vencer al virus. El último decreto de gobierno, que ordena cuarentena focalizada a nivel nacional, ha incluido a Mariscal Nieto (que carga con el 56% de los infectados) e Ilo (38%), en la lista de las provincias de riesgo. El oxígeno es la mayor demanda en esta zona del país. Al 2 de agosto, Moquegua reporta 7091 casos y 136 fallecidos.
Tacna también ingresó a la lista de cuarentena focalizada. Su gobernador inauguró recientemente una planta de oxígeno para autoabastecimiento al interior del hospital COVID Hipólito Unanue. Al 2 de agosto se cuentan 4210 infectados y 130 fallecidos.
El virus está fuera de control en las capitales y principales provincias de estas regiones, y sus hospitales han colapsado. Aun así, los conflictos sociales se han encendido. En Cusco, más precisamente en Espinar, se registraron manifestaciones de pobladores que exigen a la minera Antapaccay un bono por la afectación del COVID-19. Similar pedido ha hecho un grupo de pobladores del distrito de Caylloma (Arequipa) a la Minera Bateas. Y en Melgar (Puno), los ánimos de la población se están caldeando porque no se ha resuelto la contaminación de la Cuenca de Llallimayo; la minera causante de este dañó ambiental continuó sus actividades durante la pandemia. Si bien a finales de junio por resolución ministerial se conformó la “Mesa de Trabajo para abordar la problemática socio ambiental de la cuenca Llallimayo”, no se ha reportado mayor actividad.
El común denominador en Puno y Arequipa, ha sido la respuesta errática de sus cabezas regionales ante la emergencia, ambos con denuncias por su inacción. Si bien no puede atribuírseles toda la responsabilidad, estamos seguros que con medidas más adecuadas —y a tiempo— se hubieran evitado muchas muertes. En la otra cara de la moneda está la población; es sintomático, por ejemplo, que en Arequipa se registrara la última semana de julio el cierre de cantinas y prostíbulos clandestinos, que haya tráfico de vehículos en algunas avenidas y que el comercio ambulatorio esté descontrolado en varios puntos de la ciudad.
Así las cosas, sólo podemos hacer un recuento de lo que está pasando en el sur. No podemos hacer prospectiva. Aún no.
desco Opina – Regional / 7 de agosto de 2020
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