Alfredo Palacios Dongo
Entre los días 25 y 26 se realizó en nuestro país la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Nacionales Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas (Canzar Perú 2012), con asistencia de 500 participantes, entre representantes de 61 países y de 10 organizaciones internacionales. Al término, se suscribió “La Declaración de Lima”, en cuyo artículo quinto, se insiste en que el problema mundial de las drogas debe abordarse en un marco multilateral, regional y bilateral, adoptándose medidas para reducir considerablemente la demanda y oferta de drogas ilícitas, en virtud del principio de “responsabilidad común y compartida”.
Aunque el presidente Ollanta Humala al inaugurar la conferencia instó a “ya no solo hablar de países productores y consumidores”, sin embargo, para enfrentar este flagelo la corresponsabilidad entre ambos es indispensable, porque los obliga al apoyo mutuo y compartido por tratarse de un círculo vicioso en que su gran consumo, principalmente en Estados Unidos y la Unión Europea, incentiva a los narcotraficantes de países productores a mayor producción y comercialización. Y si bien los países productores deben comprometerse a disminuir significativamente sus cultivos de coca y la producción de cocaína, los países consumidores, deben apoyarlos con tecnología y recursos.
El principio de “responsabilidad compartida” no se aplica en el Perú. Por nuestra parte son mínimos los US$ 230 millones anuales asignados para la reducción de cultivos y producción de cocaína, comparados a los US$ 2,000 millones que mueve el narcotráfico anualmente y otros más de US$ 2,000 millones por lavado de activos por drogas en los últimos años. Pero también no es aplicado por EE UU, cuyos fondos de corresponsabilidad se han reducido drásticamente de US$ 206 millones el año 2003 a US$ 52 millones el 2011; ni tampoco por la UE, hacia donde está dirigiéndose gran porcentaje de la cocaína producida en el Perú, a pesar que su corresponsabilidad económica debería ser aún mayor, esta es de mínimo nivel.
Bajo este panorama, el Perú, con un narcotráfico coludido con el terrorismo que nos ha convertido en el mayor productor mundial de cocaína –con 325 toneladas anuales de las 800 producidas a nivel mundial–, basándose en la “responsabilidad compartida”, debería asignar mayores recursos y poner más esfuerzo en la lucha antidrogas, pero también plantear a nivel internacional la corresponsabilidad de dichos países consumidores hacia nuestro país. La lucha antidrogas debe enfrentarse como una acción integrada, de tratamiento equilibrado y de apoyo mutuo y equitativo entre países productores y consumidores, por tratarse de un grave fenómeno universal que constituye una grave amenaza para la seguridad y salud pública, el bienestar de toda la humanidad y la seguridad nacional.
