El asilo negado y los cambios institucionales en la política nacional

La decisión uruguaya de negar el asilo al expresidente Alan García Pérez (AGP) ha sido vista como un fracaso de su apuesta por evadir la justicia recurriendo a amigos extranjeros que supuestamente le iban a dar la mano, pero es también un hito en la política peruana y ha sido recibida positivamente por la mayoría de la opinión pública, que lo considera como uno de los políticos más corruptos, desprestigiado, pero con capacidad para evadir o bloquear investigaciones judiciales en su contra.

El fracaso de AGP por lograr el asilo evidenciaría también los límites de la política criolla, basada en gran medida en el clientelismo, el intercambio de favores, y los lazos personales, así como en el genio político, la sagacidad y oratoria del caudillo. En el caso del líder aprista, se confirman sus dificultades para entender y adaptarse a las nuevas tendencias de la política nacional e internacional, algo evidenciado antes de manera contundente en la pobre votación que obtuvo en últimas elecciones presidenciales (5.8%). García y su partido no fueron capaces de interpretar el desprestigio que padecían ante la ciudadanía y al parecer no han logrado tampoco, leer correctamente el contexto actual.

Pese a ello, AGP, a diferencia de los expresidentes Toledo y Humala, investigados, denunciados y hasta apresados por corrupción, ha tenido hasta la fecha la ventaja de contar con un aparato partidario que le profesa una lealtad incondicional. Mantiene además, influencia en el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que le permitió evadir las acciones de investigación judicial y políticas (recordar, por ejemplo, la megacomisión que lo investigó en el Congreso bajo el gobierno de Humala), recurriendo a una serie de tácticas y argucias judiciales.

¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos para que el expresidente esté «sintiendo pasos» que pueden conducirlo a la cárcel? La respuesta no parece ser la persecución política (¿Quién tendría interés en perseguir a un político al que los últimos resultados electorales lo invalidan como una alternativa de gobierno?). Es probable que la lealtad aprista se esté resquebrajando (se rumoreaba de un exfuncionario preso que buscaba acogerse a la colaboración eficaz), pero también se están procesando cambios a nivel institucional en los que es necesario profundizar.

Los analistas de los hechos recientes enfatizan poco en la institucionalidad del país para entender los procesos en curso. Estamos acostumbrados a pensar, con toda razón, en la debilidad y precariedad de las instituciones públicas, pero ello no debería ser un obstáculo para considerar algunos otros hechos concernientes a éstas.

Así, en estos años, pese a sus innegables debilidades y a la persistencia de estilos y personajes corruptos que intentan usar las instituciones públicas para su propio provecho, éstas parecen haber consolidado también una cultura y unas prácticas que no dependen únicamente de las personas que las lideran. De otra manera no puede entenderse la presencia de personajes como el fiscal Pérez o el juez Concepción Carhuancho, a los que no es posible manipular desde instancias superiores.

El debilitamiento de partidos como el APRA, que tradicionalmente ha tenido y tiene aún influencia en aparatos del Estado, es también un factor a tener en cuenta; se habla así de una generación de jueces y fiscales que han ingresado y están haciendo carrera sin el padrinazgo del citado partido y que poco o nada le deben a éste.

Las instituciones públicas no son entonces aparatos férreamente controlados por su principal autoridad o por alguna fuerza política predominante en el Congreso o la escena electoral del país. Por el contrario, la experiencia reciente confirma, una vez más, que las complejidades de las mismas pueden facilitar la corrupción, pero también facilitan condiciones para que los funcionarios públicos puedan realizar un trabajo serio, honesto y apegado a las normas.

Existen condiciones para que la institucionalidad del país pueda controlar y superar los males del clientelismo y caudillismo desinstitucionalizante, aunque hasta la fecha no se haya encontrado la fórmula para lograrlo. Los avances en este camino, poco percibidos debido a las precariedades existentes, no son desde luego irreversibles, pero cuando se produce una suerte de alineamiento o coalición anticorrupción entre actores del gobierno y de otros poderes del Estado, algunos medios masivos y la opinión pública nacional, los resultados pueden ser alentadores. Habrá que esperar, sin embargo, los pasos siguientes de los actores afectados por las denuncias, pues su poder es aún importante y dista de haber sido neutralizado.

desco Opina / 7 de diciembre de 2018