Los últimos días han estado atravesados por dos hechos alarmantes que demuestran la precariedad institucional que estamos viviendo y la ligereza creciente que observamos en el Estado. El primero de ellos fue el reciente anuncio gubernamental del incremento de las remuneraciones de ministros, viceministros y un grupo de altos funcionarios del Estado; un nuevo disparo a los pies que el Ejecutivo se hace, pretendiendo aprovechar los limitados efectos del fallo de La Haya en la popularidad presidencial. La decisión, de por sí polémica, no tanto por el monto del incremento cuanto por la relación entre éste y el salario mínimo, tiene problemas de fondo y de forma que el gobierno, en especial el ministro Castilla quien fuera el vocero del gabinete una vez más, demostrando su gran poder, se niega a entender.
Más allá de los recursos totales involucrados, que no son dramáticamente significativos dentro del presupuesto nacional —porque los beneficiados son un grupo reducido de altos funcionarios—, e incluso dejando de lado el abismo que se genera entre esas remuneraciones y el salario mínimo, el más alto de la región dicho sea de paso, cabe hacerse una pregunta elemental. ¿Será que para la gestión por resultados que tanto enfatiza el gobierno, basta con nuevos funcionarios mejor remunerados o será que con nuevas remuneraciones, los actuales adquirirán habilidades y capacidades que hasta ahora no han mostrado, a juzgar por los resultados? Cualquiera que sea la respuesta, todo indica que la decisión, así ex post se trate de demostrar lo contrario, respondió a las demandas inmediatas de los interesados, antes que a una política de empleo público.
La decisión, descolgada del reglamento de la Ley Servir, ratifica una de las debilidades mayores de esa norma que nació excluyendo de la misma a sectores importantes de la élite de la burocracia nacional. Por la vía optada, se termina por sincerar una visión implícita en la norma que diferencia en el Estado, supuestos nichos de calidad que deben responder al universo de remuneraciones de la gran empresa privada. En el camino se quedaron los distintos aspectos positivos de una norma, que más allá de sus vicios, es indispensable para el país. Seguramente, en los próximos días, entre gallos y medianoche asistiremos al intento de aprobación del reglamento faltante, sin el indispensable debate público que permita su mejora y una comprensión más cabal de la propia norma.
El segundo hecho, viene siendo protagonizado en el Ministerio Público. La designación de su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, tiene a la ciudadanía espectando una telenovela de baja calidad. Inicialmente la fiscal Echaiz, renunció a su cargo al sentir que su elección fue digitada por el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, para sacarla de la carrera para sucederlo; más recientemente, el fiscal Chavarry, igualmente «electo» para reemplazar a la renunciante, amenazó con hacer lo propio. Por debajo, el fiscal Ramos, también pretendiente del cargo, puesto en evidencia con uno de los audios de Alberto Químper a propósito del caso Utopía; pero también, el propio Peláez que tendría «allanado» el camino a su reelección, señalado de no haber colaborado con la justicia norteamericana en la acusación en Nueva York, contra parte de los Sánchez Paredes.
Así las cosas, si el primer hecho desnuda la ligereza y el interés pequeño como elementos frecuentemente centrales en la definición de la política pública, el segundo le adiciona la disposición a exhibir las miserias de la disputa de posiciones. Ambos evidencian la dramática situación en la que se encuentra el Estado peruano y su profunda distancia de la gente y sus necesidades. Un Estado, que además de ineficiente en la mayoría de sus organismos, aparece crecientemente como carente del más elemental de los pudores.
Aunque la reacción de la gente es más lenta de lo que podría esperarse, lo que es innegable es que el descrédito del Estado, pero también el de este gobierno, que entre otras cosas ofreció reformarlo, sigue avanzando a pasos agigantados. Haríamos bien todos en preocuparnos por el tema.
desco Opina / 14 de febrero de 2014
