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Es ya un lugar común que los medios masivos, políticos y opinólogos defensores del modelo económico, así como los dirigentes de gremios empresariales, califiquen algunas leyes y normas emitidas por el Congreso como «populistas», especialmente cuando éstas atentan contra lo que el establishment político nacional entiende como economía de libre mercado.
Esto ha ocurrido una vez más a propósito de la discusión y aprobación (algunas probables, otras ya consumadas) de leyes relacionadas al cobro de peajes, el retiro de fondos en las AFP y la ONP, las deudas en el sector financiero, el ajuste de las pensiones escolares, entre otras, que cambian las reglas de juego en esas materias.
El «populismo congresal» no queda allí, sin embargo. El Presidente Ejecutivo de una consultora, colaborador de un diario donde defiende a fondo el modelo, señaló que su empresa recopiló 81 proyectos de leyes sobre el sistema de pensiones, 36 sobre el sistema financiero, 26 sobre control de precios que el Congreso actual ha gestado en cinco meses de funcionamiento.
La corrupción, la ignorancia, la defensa de intereses de grupo, el oportunismo y el chantaje, incluso la ideología, son los factores a los que se apelan para explicar esta suerte de ataques al libre mercado. Otros aluden a la irresponsabilidad derivada de las pocas posibilidades que las múltiples fuerzas del fragmentado Congreso tienen de llegar a ser gobierno. Esos factores cuentan al momento de considerar las motivaciones de los congresistas, pero no parecen ser extensibles al universo y quizás ni siquiera a la mayoría de ellos.
Así, es difícil que un representante corrupto, buscando su propio beneficio económico, prefiera afectar a sectores poderosos de los cuales podría aprovecharse. Es difícil también que una mayoría se deje arrastrar por los intereses de grupos minoritarios para aprobar leyes como las que se vienen discutiendo. En cuanto a la irresponsabilidad derivada de sus pocas expectativas de ser gobierno, hay al menos cuatro bancadas (AP, APP, Podemos y UPP) con aspiraciones para ganar las elecciones generales del 2021, lo que relativizaría la efectividad del argumento. Por último, las razones ideológicas existen, pero quienes las encarnan son minoría dentro del Congreso y, al menos hasta la fecha, no han sido capaces de consensuar o persuadir a una mayoría para que aprueben sus propuestas.
Existen razones políticas en los congresistas para ganar apoyo para sus partidos o su eventual reelección, pero la debilidad orgánica de aquellos y la no reelección inmediata relativiza estos móviles como dominantes. Ahora bien, que estén buscando legitimarse ante la población, es algo que todos los políticos hacen. La pregunta es ¿por qué ello pasa por plantear iniciativas que atacan algunos ejes importantes del modelo? ¿Por qué, por ejemplo, la defensa del libre mercado, de la gran minería o de las AFP no son particularmente populares y no movilizan apoyo masivo? Más aún, ni siquiera el discurso del emprendedor, dirigido a sectores populares, dio réditos políticos a quien lo manejó en la última campaña presidencial, de la cual fue finalmente retirado luego de una serie de papelones y una irrisoria intención de voto en las encuestas.
Recuérdese también las veces en que la supuesta candidatura de Hernando de Soto, difusor del capitalismo popular, se ha frustrado y no ha logrado despegar. La mayoría de congresistas (y de los ciudadanos) conoce este imaginario popular, de allí que busque representarlo y ganar apoyo, independientemente del impacto de las medidas «populistas» en las finanzas y en la institucionalidad pública. Dicho sea de paso, la preocupación por las finanzas públicas parece surgir sólo cuando el Estado debe realizar gastos para pagar deudas sociales con las mayorías nacionales.
Luego de tres décadas, la derecha económica y política no entiende que el modelo de libre mercado no se ha legitimado ante la mayoría ciudadana; su visión parece reducirse a lo jurídico, confiando en la «fuerza» de la Constitución, supuesta expresión de un pacto social en realidad ficticio, pues el modelo fue de hecho impuesto en los años noventa. La solidez del blindaje constitucional al régimen está evidentemente jaqueada. El mayor logro social (la reducción de la pobreza) obviamente no alcanza a contrarrestar la desigualdad y la exclusión reales y percibidas, más aún en una coyuntura donde se prevé que hacia fines de año, habrá un 10% más de hogares pobres.
Seguramente muy pocos previeron que los golpes más serios al modelo económico provendrían del Congreso de la República. Esto es parte del costo que la derecha económica y política tiene que pagar por no construir alternativas políticas orgánicas y por creer que el «goteo», la focalización del gasto social y el mercado se encargarían de solucionar los problemas. Ha pasado también en Chile, pero allí fueron movilizaciones masivas las que provocaron el estallido, cosa que en nuestro país no ha ocurrido. La debilidad de las organizaciones sociales y las pocas expectativas de la población frente al Estado deben provocar suspiros de alivio entre las élites. A pesar de todo, que el «estallido» se limite por ahora al Legislativo y sólo para ciertas medidas, no deja de ser una ventaja.
El torpedeo del modelo desde el Congreso está lejos de ser una alternativa seria para resolver los problemas de fondo. Ejemplo de ello es la reciente aprobación de la ley que devuelve los aportes de la ONP, así como antes lo fue la liberación parcial de las cuentas individuales de las AFP. Ello puede ayudar a sobrellevar la difícil situación que ha creado la pandemia, pero elude abordar una solución integral: la creación de un sistema universal de pensiones, con solidaridad intergeneracional. Muchos críticos atribuyen estas leyes a la irresponsabilidad del Congreso con las finanzas públicas, pero no mencionan que ésta tiene un antecedente en otra irresponsabilidad, que diseñó una legislación que fomentaba la fuga de afiliados desde la ONP hacia las AFP.
Los vacíos programáticos, el oportunismo y el cortoplacismo del Congreso, insoslayables, criticables e imperdonables, pueden terminar siendo una oportunidad para los defensores del modelo pues que se sepa, no han perdido su capacidad de cooptación y las elecciones del próximo año pueden cambiar el escenario. Lo que no se vislumbra es una legitimación social del modelo ni esfuerzos que conduzcan a ello; tampoco alternativas programáticas, organizadas y democráticas de cambio, lo que es ciertamente una tragedia para el país.
desco Opina / 28 de agosto de 2020
