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Desde inicios del año se anuncian las posibles consecuencias que dejará el fenómeno El Niño en nuestro país. Casi por coincidencia, en esta ocasión las autoridades subnacionales entrantes son quienes asumen la responsabilidad administrativa de este problema en sus jurisdicciones, haciendo presumir una escasa experiencia para afrontar esta clase de situaciones.
La coyuntura, sin embargo, fue suficiente para que el gobierno central asuma de manera directa la disposición de recursos financieros para acciones de prevención, pretexto de la falta de experiencia en la gestión por parte de las nuevas autoridades.
La selva central no está ajena a las consecuencias del fenómeno El Niño, ni tampoco a la urgencia de invertir en prevención. Sin embargo, a pesar de ser una región que soporta fuertes embates climáticos con cierta regularidad, no realiza un registro técnico de las ocurrencias climatológicas ni de los daños de un fenómeno como El Niño; y, a pesar de que los estragos ya se están haciendo visibles, no tiene identificado a este tipo de fenómenos climatológicos de manera específica.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala que, de acuerdo al Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), cada jurisdicción municipal debe instalar comités de Defensa Civil. Los comités son encabezados por el alcalde y deben convocar a la sociedad civil y al sector público local para diseñar y ejecutar medidas de corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, cada jurisdicción debe diseñar planes operativos para la administración de los desastres; instalar centros de operaciones de emergencia cuando se necesite; y, tal vez el punto más importante, implementar estrategias de educación en desastres enfocadas a funcionarios públicos y población en general.
En la actualidad, sin embargo, estos espacios suelen desempeñar un papel casi alegórico dada la ausencia de instrumentos de gestión (como mapas de riesgos locales) y presupuesto; ambos necesarios para actividades de prevención.
Futuros instrumentos de gestión deben de contemplar no sólo los puntos críticos del territorio, sino también el papel y responsabilidades de todos los actores locales para prevenir y gestionar desastres.
No está demás mencionar que los instrumentos legales de alcance nacional existen, pero, por diversas causas, su aplicación no sería de prioridad para los gobiernos locales.
La incertidumbre frente al fenómeno de El Niño se manifiesta en la incomodidad mostrada por los alcaldes de la selva central al denunciar una supuesta falta de atención a problemas que, desde su punto de vista, deben priorizarse. Sus reclamos se sustentan en la ya típica desatención desde algunos sectores del Estado peruano, amplificada por la falta de una vinculación clara entre la selva peruana y el fenómeno El Niño.
Lo cierto es que el vínculo entre la selva y El Niño no ha sido definido simplemente porque no existen los estudios técnicos ni los datos necesarios para establecer la relación. Por ejemplo, hace varios años se habla de la pérdida paulatina de recursos hídricos en la selva central. Sin embargo, esta afirmación se basa únicamente en percepciones No existen estaciones ni instrumentos de monitoreo del caudal en ríos y quebradas que permitan sustentar la afirmación.
De la misma manera, a pesar de que la ocurrencia de climas extremos no habituales (friaje, calor excesivo) es un tema que ocupa muchos discursos supuestamente técnicos, no existen suficientes estaciones meteorológicas y ni datos históricos procesados que nos digan qué es lo que está pasando. Sin estudios ni equipo apropiado es preocupante que haya quienes se atrevan a lanzar afirmaciones que minimicen el impacto de El Niño en la selva central.
Lo cierto es que, ante la falta de una cultura de prevención y la ausencia de registros históricos y mapas de vulnerabilidades locales, ni siquiera el gobierno central tiene la certeza de qué es lo que se debe de priorizar ni cuánto se necesita invertir.
desco Opina – Regional / 18 de diciembre de 2015
