Recientemente, la Autoridad Nacional del Agua declaró en estado de emergencia por escasez hídrica a los ámbitos de las Administraciones Locales del Agua de Caplina Ocoña y Titicaca, las cuales comprenden cuencas en los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno. Hasta el momento, esta ha sido la señal de preocupación más nítida, aunque no la más oportuna del gobierno nacional en torno a los efectos del fenómeno El Niño en el sur. Esta norma ordena recién ahora la regulación de la dotación de agua para la agricultura, cuando las altas temperaturas, registradas desde el año pasado, anuncian una sequía inminente en esta zona del país.
La regulación del agua —que de todas maneras se tendrá que hacer para mitigar en algo la sequía— será el potencial detonante de conflictos alrededor de viejas deudas del Estado con el sur. Para empezar, hay una prolongada espera por la construcción de infraestructura hídrica como la represa de Huayrondo en Islay (Arequipa), o la de Paltuture en Moquegua. Quizá en estas se habría podido guardar agua para afrontar la sequía en ciernes.
En segundo lugar, está pendiente la resolución de conflictos derivados de la actividad minera. Son los casos del proyecto Tía María en el Valle de Tambo, que enfrenta a Southern Copper Corporation y a un grueso sector de los agricultores de la zona, así como la remediación de la Cuenca del Ramis en Puno, por la falta de control de la minería informal e ilegal y los daños que ha ocasionado. A estos hay que añadir un nuevo problema en Arequipa, fruto del supuesto incremento de dotación de agua a la empresa minera Cerro Verde, que está caldeando los ánimos de los agricultores de la Junta de usuarios de la Zona Regulada del Chili y los de la Joya Antigua.
Desde una perspectiva macro, se ve con preocupación los daños a, por ejemplo, el 30% de los cultivos en Puno, o la afectación que sufriría el 60 % de los cultivos en Tacna, pero no se ve con claridad a los actores inmersos en este problema. En Arequipa, un gran grupo de productores de aceituna asentado en la provincia de Caravelí está a punto de perder sus cultivos por falta de agua, y para evitar que esto suceda se ve obligado a negociar con los usuarios de la parte alta del sur de Ayacucho. Dentro de unos meses, los alpaqueros alto andinos de Arequipa se verán obligados también a sacrificar a sus animales porque no tendrán qué comer, lo que impactará negativamente en sus niveles de capitalización. La magnitud de los efectos de El Niño para estas pequeñas comunidades de productores es devastadora y esta desolación puede ser el caldo de cultivo de nuevos conflictos.
Creemos que el gobierno no está tomando nota del problema, y no considera que el retraso en la realización de proyectos de inversión pública afecta directamente la economía de los pobladores. También le falta una mayor reflexión e interés para tomar decisiones en las políticas de manejo de recursos naturales como el agua, priorizando el impulso a la inversión minera y descuidando las aspiraciones y expectativas del grueso de la población. Las medidas de remediación deben ser elaboradas con la activa participación de la ciudadanía para que sean efectivas y oportunas. En una realidad muy compleja por los diversos pisos ecológicos en los que se ubican las poblaciones, su opinión y participación es aún más necesaria para aprovechar el conocimiento que tienen de sus territorios. Así será posible diseñar medidas creativas y oportunas, equitativas y democráticas que permitan mitigar los efectos de la sequía que nos toca la puerta.
Focalizar los esfuerzos del Estado en promover la gran inversión puede conducir a situaciones potencialmente muy conflictivas, que además, terminarían revirtiendo los avances que en materia de reducción de la pobreza se han logrado en estos años. De allí el gran desafío que en los próximos meses se afrontará en el sur, en medio de una campaña electoral cuya intensidad puede exacerbar las cosas.
desco Opina – Regional / 22 de enero de 2016
