El nuevo teatro de guerra contra las drogas

Por José Suarez Danós

Nunca antes de 1998 presidente alguno de Latinoamérica se había referido —ni siquiera a modo de comentario—, a la responsabilidad que corresponde a los gobiernos de los EE.UU. por su inacción con el tráfico y consumo de drogas dentro de su propio territorio.

Ni menos aún ninguno de ellos, se había manifestado sobre la pasividad con la que esos gobiernos consienten su incremento exponencial, “haciéndose de la vista gorda” a la proliferación y habitual empleo de drogas entre sus ciudadanos, a la vez que otorgando un marco de legalidad a “negocios conexos” con el tráfico de drogas en los EE. UU.       —armas, avionetas, minisubmarinos, lavado de activos, etc.—.

Hasta la fecha mencionada, la mayoría de mandatarios latinoamericanos cuyos países cultivan ancestralmente hoja de coca o cuyos territorios eran vía de paso obligado de cargamentos hacia el país de consumo final —EE. UU.—, sólo se limitaban a mostrar actitudes políticas de indebida culpabilidad.

O, en su defecto, mostraban una conformidad sumisa con la agresión propagandística estadounidense que orientaba —y aún orienta— las causas del narcotráfico, a “los países productores de hoja de coca” y a la “falta de control en los países de tránsito” (Sur y Centro América).

Fue recién en 1998 en la “Asamblea de Lucha Contra el Tráfico de Drogas” de la ONU, que el presidente de Ecuador Fabián Alarcón en su discurso de orden y en presencia del presidente de EE.UU. Bill Clinton, se refirió con criterio racional a “responsabilidades compartidas” entre  “países productores” y “países consumidores”.

Con ello por vez primera, incorporó a los EE.UU. en el problema tal como correspondía; ya no en el rol usual de “país víctima” que se habían auto-asignado los gobiernos de ese país, sino en el real, de “país causa” del narcotráfico.

Pese a ser ésta una verdad, ella no fue bien recibida por el imperial gobierno de EE.UU. (Clinton).

Pero tuvieron que trascurrir 13 años más de la simulada “guerra de los EE.UU. contra las drogas” –que en Latinoamérica ya cumplió 26 años-, para que otro mandatario de los países agraviados, esta vez en forma clara y contundente, estableciera la fidedigna responsabilidad de los EE.UU. en el tráfico de drogas y en su pretendida “guerra”.

El 26 de Agosto del 2011, a consecuencia del asesinato de 53 personas ocurrido dentro del marco violento de “la guerra contra las drogas” en México —con “apoyo” de la DEA—, el presidente de esa nación Felipe Calderón se vio precisado a dirigirse a la opinión pública nacional e internacional, para informar sobre el infausto caso.

En pensada alocución a la que nadie podría señalar de emotiva ni infundamentada —fue escrita previamente—, Calderón culpó enfáticamente a los EE. UU. —sus gobiernos— de la creación de la violencia del narcotráfico en México.

Serenamente, pero sin ocultar su molestia, el presidente mexicano refirió que “parte de la tragedia que vivimos los mexicanos, tiene que ver con el hecho que estamos al lado del mayor consumidor de drogas del mundo, y a la vez, del mayor vendedor de armas en el mundo”.

Describiendo el financiamiento de los traficantes de drogas, Calderón señaló que los EE.UU., “pagan miles y miles de millones de dólares cada año a los criminales, por proveerlos de estupefacientes», agregando además que, “las mayores rentas de los criminales provienen de un factor: el trasiego y venta de drogas a los Estados Unidos”.

Dirigiéndose Calderón al país consumidor —los EE. UU.—, expresó “es por eso, que es mi deber, hacer también un llamado, a la sociedad, al Congreso, y al Gobierno de los Estados Unidos”.

Aludiendo lo contradictorio de la “guerra de los EE.UU. contra las drogas”, el mandatario mexicano se dirigió al gobierno estadounidense, manifestando que “el poder económico y de fuego de las organizaciones criminales que operan en México y en América Latina, tiene que ver con esta interminable demanda de drogas de los Estados Unidos”, reclamándole asimismo que, “ese consumo de drogas —el de los EE. UU.— debe reducirse drásticamente”.

Calderón conminó al gobierno de ese país, a que «si están decididos y resignados a consumir drogas, busquen entonces alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales, ó establezcan puntos de acceso claros de narcóticos a su territorio, distintos a la frontera con México, pero esa situación ya no puede seguir igual».

Pero la parte más relevante de la alocución de Calderón —en nuestro parecer—, fue aquella en que dirigiéndose a las autoridades de los EE.UU. pidió a éstas, “que reflexionen acerca de la tragedia que estamos viviendo México y muchos países latinoamericanos, a consecuencia, en gran parte, del consumo insaciable de drogas en el que participan millones y millones de norteamericanos”, señalando a los países afectados por “la guerra” y a los consumidores estadounidenses “beneficiados” con las drogas.

Son conocidos los esfuerzos de los gobiernos de los EE.UU. por ocultar las cifras de consumidores de drogas existentes en ese país, pero un informe de la OEA del 2010 estableció que son 100 millones de estadounidenses —casi un tercio de su población— los que están inmersos en la dependencia de drogas.

Ello como mínimo evidencia, indiferencia gubernamental, sino es conveniencia con otro de los “negocios” del neoliberalismo —hechos inhumanos ambos—.

Esto se correlaciona con lo manifestado en el 2007 por el ex presidente de EE.UU. Bill Clinton, quien en audiencia congresal dijo que “la población de los EE.UU. es el 5% de la población del orbe, pero se consume el 50% de las drogas ilegales del mundo”.

En el 2008 la Organización Mundial de la Salud (ONU) estableció que sólo en ese año, 72 millones de niños mayores de 12 años de los EE.UU. habían usado drogas siquiera una vez.

En ese mismo año también se estimó, que el trasiego de drogas en los EE.UU. generó para el fisco y las bolsas de valores de ese país, cien mi millones de dólares en ingresos.

Estudios de la ONU sobre uso de drogas ilegales, revelaron en el 2010 que EE.UU. además de haberse convertido en el primer país consumidor del mundo, había pasado a ser su propio productor y autoabastecedor, con plantaciones de marihuana —10,000 toneladas métricas anuales— sembradas en California, La Florida, Kentucky, Tennessee y West Virginia.

Además de las nuevas fuentes de abastecimiento de drogas mencionadas, éstas se han visto reforzadas por el volumen de drogas sintéticas que ahora se vienen produciendo en laboratorios que funcionan en el interior de los EE. UU.

Estas estadísticas, ya hacían entrever hace tiempo que “la guerra de los EE.UU. contra las drogas” era solamente una pantomima planeada con otros fines —injerencia política en otros países o favorecer “negocios conexos” de ese país—.

Las realidades recientemente descritas por el presidente Calderón sólo reiteran lo hace años apreciado por los gobiernos de Latinoamérica, de que se viene colaborando en una estéril guerra, sin término y que se efectúa en el campo de batalla equivocado.

Esto establece la necesidad impostergable de realizar un replanteamiento en las estrategias continentales de la lucha contra las drogas, pero sin que esta vez ellas provengan de los EE.UU.

Pero, ¿por qué razón se tendrían que efectuar estos cambios?

Sencillamente porque el problema ha sido precisado; éste, se ha ubicado en el interior del territorio de los EE. UU., plasmado en la insaciable demanda de drogas y la falta de medidas de sus gobiernos —léase contribución— para combatir la demanda misma, el consumo y el tráfico de drogas en ese país.

Ha llegado el momento que las estrategias cambien de orientación y apunten a desterrar la demanda y el consumo —ya no la producción— constituidos en el verdadero eje del problema, como así lo fue siempre aunque no se quisiera reconocer.

En esta ocasión la voz rectora de estas nuevas estrategias debe corresponder a Latinoamérica, toda vez la dimensión del hospedaje proporcionado al narcotráfico en los EE.UU. y cuya infructuosa guerra contra la región, además de no atacar el “problema” esencial en ese país, viene perjudicando a los 32 países ubicados al sur.

En estas nuevas acciones quienes deben someterse ahora a una certificación y control anual de su vecindad, deben ser los gobiernos de los EE.UU.

Una de las estrategias podría ser condicionar los montos económicos de intercambio comercial de los EE.UU. con países de Latinoamérica, sujetando éstos a las políticas, a las acciones específicas, y a los resultados porcentuales que obtengan los EE.UU., en disminuir la  demanda, el consumo y el tráfico de drogas al interior de su territorio.

Las nuevas estrategias que podrían ser formuladas por UNASUR —en nuestro parecer—, tendrían ocasión de ser aprobadas en la sesión inaugural de la “Comunidad de Estados de Latino América y el Caribe” (CELAC) de Diciembre próximo.

En ellas se debe considerar además, que las bases “antidrogas” estacionadas por los EE.UU. en Latinoamérica —y su Zar—, se trasladen a su verdadero campo de batalla, al norte del Río Grande.

Allí, en donde está el teatro de guerra.

(*) suariquez@hotmail.com

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