El óbito de los corruptos

Por Raúl Allain (*); raulallave1189@hotmail.com

Los voceros de los principales partidos políticos de arraigo y que han cobrado mayor presencia en los últimos períodos de gobierno, así como el Parlamento vienen manifestándose a favor de la “muerte civil”, promovida por el presidente Ollanta Humala Tasso. Conceptualmente, consiste en la pérdida de los derechos civiles y personalidad jurídica, privándosele por tanto al individuo de sus derechos. La persona sometida a esta ley deja de considerarse “viva” aún antes de su muerte natural. También puede funcionar como accesoria para las personas sentenciadas a cadena perpetua. Proyectos similares fueron antes presentados por el partido de gobierno, no obteniendo el respaldo necesario del Pleno por causa de cómo fueron planteados, específicamente la claridad. En la Antigua Grecia, a efectos jurídicos, se consideraba a la persona, inexistente, este hecho correspondía a ser, en buenos términos, el destierro.

Entre los voceros que han declarado encontramos a Mauricio Mulder, aprista y vocero de Concertación Parlamentaria, José León de Perú Posible y Juan Pari de Gana Perú. El primero manifiesta que con la aplicación de este mecanismo se podría garantizar el pago. En efecto, las personas con predisposición para acometer este tipo de hecho se verían afectadas en diversos niveles, previniéndose una debacle actualmente patente. León nos recuerda que fue el responsable de la última legislación. En esta se aprobó un proyecto semejante que inhabilitaba por treinta años a estos corruptos de grandes dimensiones. Pari explica que indefectiblemente deben ser inhabilitados para asumir todo tipo de cargo público, elaborando registros, uno de carácter central y otro obligatorio, en el que se detalle los casos que se han cometido. Bajo estas condiciones la bancada fujimorista no hubiera podido apelar al indulto humanitario, pues deberían pagar las reparaciones civiles por las cuales aún podemos seguir comprobando que fueron el gobierno más corrupto de la historia del Perú.

Estas acciones que toman como punto de partida el año 2004 deben nutrirse con aportes de una jerarquía mayor, más allá de la solidarización con el proyecto respecto a los que solo refrendan las ideas que se vienen planteando, además de cobrar mayor presencia política para que acuerdos, por ejemplo, que la Comisión de Justicia y de Constitución puedan articularse. Se busca interpretar de manera adecuada el proyecto, encontrar lecturas particulares que nos brinden mayores horizontes por parte de los partidos, pues nos serviría como método para enfrentarnos a todo acto que pueda significar corrupción. Ciertos tipos de amenaza tácitas podrían operar en el discurso del accionar institucional que se pretende. Los funcionarios sentenciados por corrupción que han generado una reparación millonaria que no pueda ser cubierta debieran seguir pagando ya con sus millones de dinero mal habido y sus preparadas migrañas matutinas. También consideremos lo que significaría esta situación. Así serían sometidos a la “muerte civil”.

(*) Presidente del Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y codirector del sello independiente Río Negro.

02-08-2013