Cuando a fines de los años 50 del siglo XX, Giuseppe Tomasi di Lampedusa escribió su única novela, El Gatopardo, que narra desde Sicilia el fin de una época y el inicio de otra, marcada por la unificación italiana; Tancredi –uno de los personajes– le dice a su tío Fabrizio la conocida frase: “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Casi desde entonces, muchos cientistas políticos califican de gatopardista a quien inicia o alienta una transformación política de cambio importante, que en la práctica sólo altera la cáscara de las estructuras de poder, conservando los elementos centrales de las mismas.
La convocatoria al referéndum que lanzara el presidente Martín Vizcarra en su presentación al Congreso de la República, sorprendió a tirios y troyanos. Los más, aplaudiendo el gesto que significaba confrontar el poder de la mayoría fujimorista que en la práctica viene desgobernando el país desde julio del 2016. Aprovechando la indignación ciudadana ocasionada por los audios que evidencian la corrupción campante en la administración de justicia en el país, que involucra al Ministerio Público, políticos de varios partidos, figuras del deporte y diversos empresarios emergentes y exitosos; el Ejecutivo, cuyo interés inmediato mayor es llegar como gobierno al 2021, decidió aprovechar el capital que ya iba perdiendo, y apeló a la opinión pública y la calle, para dar un paso significativo.
Su pedido al Congreso para convocar a una consulta ciudadana para iniciar la reforma judicial e introducir algunos cambios en el sistema político, así como su mención a temas tan «peligrosos» como equidad de género y feminicidio, fueron inmediatamente aplaudidos; los que no lo hicieron guardaron prudente silencio algunos días para no enfrentarse al sentido común mayoritario. La reciente visita del Presidente y el Premier al Congreso para presentar los cuatro proyectos que serían consultados –una Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) conformada por concurso, la bicameralidad, la no reelección de los congresistas y el financiamiento privado de los partidos– ratificó su voluntad política y su decisión aparente de llegar hasta el final. Su malestar con las decisiones recientes del fiscal Chávarry, decidido a controlar «los daños» causados por los audios, mostró desde Arequipa su aparente decisión de defender su postura en todos los terrenos.
Como no podía ser de otra manera, la discusión –más aún conocidas las propuestas– ya está instalada y las críticas van desde aquellas que acusan de «populismo» a la medida propuesta por el Ejecutivo, hasta aquellas otras que discuten, frecuentemente con razón, especialmente las reformas planteadas para transformar el sistema político. Lo hacen con distintas razones reales, debatiendo principalmente la polémica ingeniería electoral propuesta, el sentido de la bicameralidad y la no reelección; todas ellas, sin duda, debatibles. El problema de fondo es que ni parecen claros los problemas que el gobierno identifica y quiere enfrentar con su propuesta, ni es evidente que quienes critican, establezcan con claridad cuáles son éstos. En lo que hace a la administración de justicia, los lineamientos para su reforma integral, producidos aceleradamente por una Comisión especial, parecen tener objetivos y un camino más claro, aunque también son debatibles en su contenido.
Así las cosas, es claro que corremos el riesgo del gatopardismo. El debate en el Congreso, de medidas que además de ser parciales y no resolver la crisis que vive el país, corre el riesgo de alargarse indefinidamente; tanto como el de derivar el contenido del referéndum hasta su inocuidad. Son, sin embargo, los riesgos que hay que correr en una sociedad con múltiples malestares, pero fragmentada, sin actores políticos y sociales fuertes. La gran virtud del referéndum es que abre espacio para el debate de algunos de nuestros temas de fondo, pero también la posibilidad de plantear otros, que seguramente no se resolverán en el referéndum –resulta imposible pretenderlo–, pero que pueden permitir establecer una nueva relación entre los actores políticos que comparten los malestares y la gente que, desde su cotidianeidad, ubica los árboles y no mira el bosque. Por esa vía, por ejemplo, se puede obligar al Congreso a discutir en otros términos la reforma tributaria, que hasta ahora es un parto de los montes; el significado de los monopolios en el precio de los medicamentos; dejar de lado el carácter subsidiario del Estado; la propiedad de los recursos naturales, y las cuestiones de fondo de nuestro sistema político y de representación, por señalar algunas de las cuestiones que nuestros políticos orillan.
El mandatario hace bien en defender la consulta a la gente y el camino que ha empezado desde su legítima indignación y su voluntad de «durar». La gente y quienes creemos que requerimos de cambios más profundos y complejos que los inicialmente propuestos, debemos impedir el riesgo del gatopardismo de un Ejecutivo que sigue siendo débil. Se trata, creemos, de ampliar una ruta que se ha abierto confusamente y que podría permitirnos llegar a nuestro segundo centenario como República, avanzando a serlo efectivamente y enfrentando a quienes en nombre de «la razón», creen que todo debe seguir igual.
desco Opina / 17 de agosto de 2018
