En agosto de 2008, un informe de Seguridad Ciudadana-Ideele reveló que la empresa Transportes Don Reyna, de la que es gerente general José Antonio Nava Mendiola desde 1995, transportó —en varias ocasiones— insumos químicos a la compañía minera de los Sánchez Paredes, Comarsa.
Como se sabe, Nava Mendiola es hijo del actual secretario general de la Presidencia de la República, Luis Nava, quien también fue vinculado por la procesada por el caso Business Track (BTR) Giselle Giannotti con este clan familiar, acusado actualmente por narcotráfico y lavado de dinero.
De acuerdo con los documentos publicados por Seguridad Ciudadana, entre el 12 de noviembre de 2003 y el 30 de diciembre de ese mismo año, Transportes Don Reyna realizó nada menos que nueve traslados de insumos a la minera de La Libertad que le pertenece a los Sánchez Paredes.
Consultado sobre el tema, José Antonio Nava negó cualquier relación personal con los Sánchez Paredes, y declaró que esos trabajos de transporte representaron solo el 1% del ingreso de la empresa. “No hubo ninguna relación personal con los Sánchez Paredes, ni volvimos a hacerles flete… se diluyó la relación con ellos… fue una operación enana”, dijo en entrevista a IDL. Para muchos resultó extraño que si no había nada irregular, dejaran de hacer negocios, por más “enanos” que fueran. Nava dijo haberlos visto a los Sánchez Paredes en los baños turcos, pero agregó que no los conocía. De igual manera, papá Nava —acusado últimamente por sus propios correligionarios de cometer fraude en las elecciones internas del Apra— salió a los medios a señalar que no tenía vínculos con el referido clan.
Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención fue que ninguna autoridad haya siquiera llamado a dichos personajes, ligados al entorno presidencial, a declarar en el proceso que ya se le venía siguiendo a los Sánchez Paredes por lavado de activos. La Dirección Antidrogas (DIRANDRO), entidad que debe investigar y denunciar a las personas dedicadas a la producción y comercialización de drogas, desvío de insumos químicos y lavado de activos, al mando en ese entonces de Miguel Hidalgo, no hizo absolutamente nada por intentar siquiera corroborar los vínculos entre los Nava y los Sánchez Paredes. Estos últimos, se sabe, ya venían siendo investigados por las autoridades.
Las pruebas fueron publicadas por Ideele y rebotadas con cierto temor por algunos medios de comunicación, pero las autoridades competentes decidieron no abordar dicho tema. Pero esa misma información del periodista Gustavo Gorriti dejaba entrever, además, diversos lazos y vinculaciones que el gobierno de Alan García tendría con el narcotráfico y que salían a la luz con la extraña venta de una camioneta.
Esta rara transacción de una Nissan Frontier 4×4 de doble cabina, que llegó al Perú y que fue vendida a precio de nada, suscitó gran conmoción ya que el vehículo en mención tenía un precio de lista para la venta de 29 mil 850 dólares, y la compañía hizo un sustantivo descuento de 11 mil 850 dólares, para venderla en 18 mil dólares, nada menos que a don Alan Gabriel García Pérez.
Pero la 4×4 doble cabina no duró ni un año en propiedad de la familia García Nores. García la revendió el 4 de julio de 2003, en la oficina del notario Fernando Loayza Bellido, por 22 mil dólares a la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. [ATIMM S.A.] Dicha compañía estuvo representada por su gerente general Belisario Esteves Ostolaza, quien pagó al contado. Según los documentos, García ganó 4 mil dólares en esta operación. Dijo que para la venta había puesto un aviso en los clasificados del diario El Comercio (que se sepa, hasta la fecha tales avisos no han sido encontrados).
La investigación periodística estableció que Esteves -ex viceministro de Comercio de Alan 85- y la empresa ATIMM S.A. “resultaron siendo la fachada de la compañía del clan de los Sánchez Paredes“, vinculado más de una vez al narcotráfico. Es más, tan cercana era la relación entre ATIMM S.A. y los Sánchez Paredes que la camioneta en cuestión terminó -un año después- siendo manejada por el mismísimo Alfredo Sánchez Miranda, el otro hijo de Orlando Sánchez Paredes, como consta en una papeleta del 18 de agosto del 2004.
Esa fecha, un policía que, obviamente, desconocía la identidad del conductor de la Nissan Frontier 4×4, le aplicó una papeleta por infracción de tránsito en la cuadra 5 de Grau, al ciudadano Alfredo Sánchez Miranda, hijo nada menos que de Orlando Sánchez Paredes y sobrino de los desaparecidos Perciles y Segundo Sánchez Paredes, ambos vinculados al narcotráfico. El vehículo estaba registrado a nombre de una empresa: Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMM S.A.), domiciliada en el jirón Colón 130, of. 301, Miraflores.
Otro personaje que ocupó el cargo de gerente general de ATIMM S.A. fue Humberto Abanto, abogado y ex asesor de Luis Alva Castro. Cabe señalar que Abanto es aprista y es, según las informaciones, uno de los hombres más cercanos a los Sánchez Paredes. Pese a todo este detallado informe, el ministro preferido de Alan García, Miguel Hidalgo, no hizo nada ni se tomó la molestia de corroborar los datos ni los vínculos de Nava, García y Alva Castro con el clan de los Sánchez Paredes.
Esta empatía de Hidalgo con García es evidente: de jefe de la DIRANDRO pasó a ser Ministro del Interior. El tema que más unió a García con Hidalgo fue el remezón del caso de los Petroaudios, suscitado ese mismo año (2008), cuando estas grabaciones revelaron que gente del entorno presidencial estuvo chuponeando: desde la secretaria de Palacio y al hombre de confianza de García y, quizás, hasta al propio Jefe de Estado.
En ese momento García encargó la investigación a Hidalgo, entonces director de la DINANDRO, a quien le encomendó capturar a los chuponeadores. Como se sabe, estos, finalmente, fueron capturados, pero en ese momento se inició otra operación, la de limpieza de toda la información que pudiera ser comprometedora a García y su entorno. Dicen que las vicisitudes y demás entripados suelen unir a la gente; en el caso Hidalgo-García, parece ser así.
El congresista Yonhy Lescano afirma que existen graves cargos que no han sido esclarecidos y desvirtuados por el general Hidalgo, entre ellos su real participación en la sustracción, desaparición y cambio de los dispositivos USB incautados. Lescano integró la comisión investigadora de este caso y emitió un informe en minoría. Ahí sostiene que Hidalgo dirigió y estuvo al mando de los oficiales que allanaron la casa de Giannotti, así como concertó con algunos fiscales para sustraer, desaparecer y cambiar los objetos incautados, que era material probatorio.
Este dictamen concluye, además, que existirían indicios que Hidalgo omitió dar cuenta ante sus superiores (los entonces directores de la Policía Nacional, Walter Remicio, y ministro del Interior, Remigio Hernani) sobre la intervención a la vivienda de Giannotti, el 8 de enero de 2009. El informe también acusó a Hidalgo de haber elaborado documentos apócrifos para aparentar que comunicó ante sus superiores la realización de la operación en casa de Giannotti.
Lescano recordó que tanto Remicio como Hernani dijeron expresamente ante la comisión que Hidalgo les señaló que el presidente García le había ordenado directamente hacerse cargo de la investigación, por lo que “solo debería rendir cuentas ante él”. Más claro, ni el agua. Diario 16, 05.02.2011.
