Estado peruano y la deuda a los trabajadores

Estado peruano y la deuda a los trabajadores

Por: Ubaldo Tejada Guerrero

Mientras los EE.UU. acumulan en el 2011, una deuda interna de 70 trillones de dólares, su Producto Bruto Interno es de 13 trillones de dólares, y su deuda externa es de 10 trillones de dólares, hoy no ya no tienen argumentos para demostrar que su gurú Fukuyama, no se equivocó al esbozar su teoría del fin de la historia, con el reinado de la globalización neoliberal.

La deuda total del Estado peruano a los pensionistas, según cálculos optimistas son de $ 77,969´408,000, producto de latrocinios a favor de los nuevos dueños del Perú, que cimentaron su fortuna utilizando el Estado para otorgarse jugosos contratos corruptos y los fondos de los trabajadores, que fueron saqueados, sin ninguna consideración por los amantes del dinero.

Es así como llegamos a comprender como el Estado peruano no respondió a la inclusión social, privatizado por los grandes monopolios y oligopolios desde 1990, cuyas exoneraciones tributarias alcanzaron la cifra promedio de 4,068 millones de soles anuales, que significó el 1.88 del PBI.

Así dejaron de pagar impuestos “Luz del Sur”, “Edelnor”, “Edegel”, y “Barrick-Pierina”, por un monto aproximado de 1,135 millones de soles, sólo desde 1,999 hasta el 2001, gracias a los contratos de estabilidad tributaria. Mientras la voracidad de las AFP, iniciaron la descapitalización del Sistema Nacional de Pensiones en el Perú, obligando al Estado a subsidiar las pensiones, mientras ellos cobraban comisiones de 2.3 y 2.4%, la mas altas de Latinoamérica.

Se exoneraron a las ganancias de capital, por las transacciones, que se realizaron en la bolsa de valores, de los contrario la SUNAT hubiera recaudado 78 millones de dólares, por la venta de las acciones de “Polar Bavaria” en diciembre del 2002. Se hace necesario en el Congreso de la República, una severa investigación de los casos de corrupción, que comienza por el gesto, como el no cobrar los 15 mil soles por gastos de instalación, que hizo la bancada de “Gana Perú”, que debe ser rubricado con una carta de renuncia.

La vieja derecha peruana, servil al capital transnacional, hoy en crisis estructural, se rasga las vestiduras cuando se anuncia el programa pensión 65 para una población objetivo de adultos mayores de 1´968,618, cuyo costo al final de tres años sería de S/.6,024´000,000, que significa el 0.96% del PBI. Solamente recordarles que los adultos mayores de 65 años que gozan de pensión son 735,176 (27%), es decir el 73% no gozan de ninguna pensión.

El impuesto a las sobre ganancias mineras a la Southern y Antamina, haría posible recaudar S/.2,400´000,000, que largamente superan el costo del primer trecho 2,012, para los mas de 75 años que es de S/.2,021´000,000. Sencillamente porque las AFP, se han negado a abordar el problema de los pensionistas de mas de 50 años, desde el 2,001.

Si en Latinoamérica la presión tributaria está entre un 18% y 20%, es una necesidad en Perú, iniciar una reforma tributaria, donde los que mas ganan, paguen mas tributos, como dice el D.S. Nº 011- 2011-TR que aumenta en dos trechos S/.150.00 a los trabajadores de la actividad privada, que son la mayoría de trabajadores, expoliados como el caso de “Ripley”, que no entienden que la inflación al 2011, ha significado 205.76 nuevos soles en contra de la capacidad adquisitiva de los míseros sueldos. Donde un trabajador tiene 100 soles de básico y un pensionistas 35 nuevos soles.

Lo mas grave es que debe existir una relación entre el desempeño económico de nuestro país (crecimiento) y el poder adquisitivo de los trabajadores (Desarrollo Humano), que en el caso de los pensionistas peruanos (735,176), que han terminado con sus gremios, por el congelamiento en un promedio de 600 nuevos soles al 2011, por la reducción del poder adquisitivo, por la devaluación producto de la inflación.

Como no recordar el festín del recordado IPSS., y el rol de Carlos Boloña Behr, que impulsó con dinero de los pensionistas, el pintado de ESSALUD, utilizando 300 millones de soles, después pase a la ONP de fondos intangibles de la Ley Nº 19990 por 42 mil millones de dólares, paralelamente el

Centro Cívico que controlaba el IPSS, pasó a ser administrada por la ONP, y ésta a su vez lo entregó en concesión por 30 años a una entidad privada.

Para poner la cereza a la torta, el Hotel Sheraton de 5 estrellas, que formaba parte del centro cívico, fue vendido, para luego la ONP se convierta en inquilino de una parte de éste complejo, pagando sus alquileres con los fondos de los sufridos pensionistas de la ley Nº 19990.

Otro caso de latrocinio es lo del “Fondo Nacional de Vivienda” – FONAVI que a partir de 1985, fueron derivados a mutuales y luego a partir de 1992, utilizó ese dinero, como caja chica sin fiscalización por el FMI (Fondo Monetario Internacional). Así según la SUNAT en el año 1994 esos fondos ascendían a 848 millones de soles; en 1995 eran 1,082 millones de soles; en 1996 eran 1,367 millones, y en 1997 el fondo fue transformado en un impuesto de solidaridad.

Esa vieja derecha, cuando de derechos de los trabajadores se habló, siempre se opuso, pero hay dinero para pagar a los fonavistas, porque, de acuerdo a los estados financieros al 27 de noviembre del 2003, que emitió la Comisión Liquidadora del FONAVI (COLFONAVI), arrojó una existencia de 9,565´383,273.23 millones, distribuidos así: 2,680´237,807 (FONDO MI VIVIENDA), 3,299´000,000 (BANMAT), y 3,585´203,505 (Saneamiento y Electrificación).

Lo cierto es que en el Perú, se privatizó por consideraciones ideológicas (empresas del estado no deben existir, o deben ser subsidiarias); o por intereses de grupos económicos. Hoy Ollanta Humala Tasso, tiene el reto de impedir, que se siga rematando el patrimonio nacional.

Son 21 años de neoliberalismo en el Perú, que ha significado 5´314,285 de formalidad, frente a un 12´400,000 de informalidad, que dice a leguas el fracaso de éste modelo, que capturó nuestro Estado, que aplicó la teoría de los hechos cumplidos para ignorar los derechos laborales, pero se otorgó en una Constitución ilegal de 1993 (producto de un gobierno de facto), la teoría de los derechos adquiridos para los famosos contratos ley a favor de las transnacionales. Es momento de la reconstrucción de nuestra patria, con cimiento sólidos basados en una moral a prueba; es el momento de la refundación del Estado peruano.