Como ya es dramáticamente evidente, la inseguridad está desbordada en el país. Entre el primer día del año y el 8 de abril, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 597 homicidios, esto es 6 crímenes diarios y hasta el 31 de marzo el Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional sumaba 6412 denuncias, 14.2% más que en el mismo período el año anterior. No es casual entonces que las mediciones de opinión pública más recientes muestren que 79% de los encuestados cree que la inseguridad continuará igual o empeorará en los próximos meses, que la aprobación de la mandataria, del presidente del Congreso y de Gustavo Adrianzén esté por debajo del 5% y que el nuevo ministro del Interior, ex viceministro de Santiváñez y arrastrando una indagación penal, no despierte ningún entusiasmo.
En septiembre 2024, los gremios y asociaciones de transportistas realizaron el primero de varios paros, que se han sucedido desde entonces, exigiendo a las autoridades acciones concretas contra las extorsiones y el sicariato, que crecen aceleradamente en el país y los tienen entre sus víctimas más visibles. A ese mes, 15 empresas de transportes en Lima se encontraban amenazadas, 3 habían parado operaciones, los choferes asesinados el 2024 ya eran 9 y sólo en ese mes se habían producido 15 atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao. Se decía entonces que cerca del 20% de los transportistas urbanos estaban siendo extorsionados. El reciente jueves 10 de abril se produjo una nueva paralización de este sector, a la que se plegaron más de 30 000 unidades de servicio público generando grandes dificultades para la movilización de los habitantes de la ciudad. A fin de cuentas, en lo que va del año han sido asesinados más de 15 transportistas y se dice que la extorsión está afectando a más del 60% de las empresas del ramo.
La medida de lucha de los transportistas incluyó distintas movilizaciones hacia el centro de Lima, donde las voces de choferes y cobradores señalaban la responsabilidad del gobierno y el Parlamento en el agravamiento de la situación, en una jornada en la que se produjeron algunos enfrentamientos con la Policía Nacional. En este marco, las respuestas desde el Ejecutivo y el Congreso de la República evidenciaron, una vez más, la desconexión que ambos poderes tienen de la gente, su incapacidad y su desinterés para garantizar la seguridad, tanto como su desdén por malestares y protestas que parecen no preocuparles. Así, mientras el Presidente del Consejo de Ministros se quejaba porque paralizar Lima y el Callao significan mucho dinero para el Estado, y el jefe de la Defensoría de la Policía decía que los trabajadores del sector no ganan lo suficiente como para ser víctimas de extorsiones acusándolos de confabular para bloquear carreteras, dos congresistas evidenciaban su insensibilidad y su falta de inteligencia; uno, promoviendo que los asesinos peruanos acaben con los extranjeros, el otro, sosteniendo que los transportistas deberían llevar pistola para defenderse y usar una lámina antibalas.
Más allá de la fanfarria autoritaria que comparten —estado de emergencia, pena de muerte, servicio militar obligatorio, renuncia al sistema interamericano de protección de derechos humanos, criminalización de adolescentes—, Ejecutivo y Congreso son cómplices del agravamiento de la crisis que vivimos. Con un gobierno ineficiente y asediado por la incompetencia de sus ministros, la única novedad en materia de inseguridad, ha sido la instalación de una patética parodia del denominado cuarto de guerra. Un espacio en el que la señora Boluarte se reúne regularmente con los mandos policiales y militares, así como con algunos de sus ministros, para recibir poco más que el parte diario de las distintas comisarías y facilitar sus declaraciones desde ese espacio, responsabilizando a los gobiernos anteriores de la situación que vivimos y dando frecuentes números de sus supuestos éxitos; la mandataria olvida que el gobierno de Castillo registraba alrededor de 3 homicidios diarios, menos de la mitad de los que se producen en el suyo. En lo que hace a números inflados, su Presidente del Consejo de Ministros la superó; en su presentación de más de cinco horas en la pantomima de interpelación que le hiciera el Congreso hace unos días, dio cifras tan surrealistas como la adquisición de 370 000 vehículos nuevos para la policía o la realización de 291 516 operativos..
En el caso del Congreso, recordemos que 24 horas después del paro, éste aprobó las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio que exige una sentencia previa en caso de lavado de activos, corrupción y crimen organizado. Una responsabilidad más para un poder que ha logrado que la delincuencia cuente con un plazo menor para la prescripción de sus delitos, que anuló la utilidad del allanamiento al establecer que éste debe notificarse e incluir la presencia del abogado del intervenido, que no puedan ser juzgados por organización criminal en gran cantidad de delitos, que convirtió en prescriptibles los crímenes de lesa humanidad y un largo etcétera más.
Estamos advertidos. A la coalición autoritaria que nos gobierna no le preocupa especialmente la inseguridad. Le interesa concluir el diseño de la institucionalidad autoritaria en la que están embarcados y proteger su impunidad, como queda demostrado con dos de sus decisiones de los últimos días. La modificación del reglamento del Congreso, aprobada por la Comisión de Constitución para posibilitar la suspensión indefinida de fiscales y jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta Nacional de Justicia, con apenas 50 votos, así como la reinterpretación del artículo 117 de la Constitución que hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para blindar a Boluarte por el caso de los Rolex y abrir la posibilidad de sancionar al fiscal por actuar “con fines políticos”, evidencian el juego en curso. Estamos frente al ejercicio arbitrario y autoritario del poder para asegurar el control del Estado en beneficio propio. Se trata de enfrentar con firmeza a la coalición autoritaria y su juego, si queremos que las elecciones del 2026 sirvan para cambiar algo.
desco Opina / 16 de abril de 2025
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1 comentario
Es necesario eliminar a los maleantes como hacia el grupo paramilitar en los 90. Los criminales son bichos son cucarachas, se les aplasta sin remordimientos.Son los te.rroistas trasmutados convertidos ahora en as.sesinos de trabajadores, pero democracias no se atreven. Y lo peor es dejarse dominar por afroextranjeros, eso deben serlos primeros en ser a niquilados.Nacer pobre en el peru es doble mala suerte, ganan poco y puede ser asesinados asaltados, el trabajo es difcil y puede ser muerto.