Por Eduardo González Viaña
Lima, enero 2, 2016.- Esta tarde, los carpinteros terminaron de instalar el tabladillo y la horca en la que el domingo 3 de enero será colgado el ciudadano Tomás Gutiérrez, el primer ejecutado de 2016. La ley 29569 de la flagrancia, vigente desde hace muy poco, permitió que el delincuente fuera juzgado en una hora ayer mismo, y estableció que la ejecución de la sentencia tenía que ser inmediata.
Por coincidencia, el hombre que se balanceará de una soga esta tarde es homónimo del último ahorcado en el Perú, el coronel Tomás Gutiérrez, quien junto a sus hermanos sufrió ese castigo por haber dado un golpe de Estado y haber ordenado el asesinato del presidente Balta.
El delito por el que se castiga a Gutiérrez es también nuevo en el ordenamiento penal peruano. El Congreso, acusado por la opinión pública de ineficaz, aprobó en tiempo récord el restablecimiento de la pena de muerte así como una docena de infracciones a las cuales debe aplicarse.
Según las encuestas, la pena capital ha sido recibida con beneplácito por un alto porcentaje de ciudadanos. Tanto los congresistas como el presidente han incrementado de manera notable los índices hasta ayer paupérrimos de su popularidad.
El delito por el cual ha sido sentenciado el primer ahorcado de 2016 es el de orinar en la vía pública.
Aunque es una noticia de política-ficción, estamos hablando de hechos que en las actuales circunstancias pueden ocurrir en el Perú.
La corrupción generalizada en cada uno de los poderes del Estado de un lado y del otro el caos originado por una delincuencia incontrolable han producido una situación de histeria colectiva. Cifras provenientes del 2014 establecían que el Perú había alcanzado la más alta tasa de delincuencia en América. La sensación general es que esa situación no ha dejado de crecer. A ello se añaden varios miles de feroces delincuentes que compraron su libertad durante el período gubernamental de Alan García.
En esas circunstancias, el Congreso es capaz de aprobar cualquier ley punitiva sin pensarlo dos veces, la reimplantación de la pena de muerte, por ejemplo. La reciente puesta en efecto de la ley de flagrancia supuso una sentencia desproporcionada dictada por un juez que no dejó tiempo al abogado para desechar la incriminación o presentar circunstancias atenuantes.
La posterior intervención de los periódicos y de la televisión convirtió esa tragedia en una fiesta populachera y en una celebración sádica, misógina y racista de la desgracia ajena.
Obviamente, el legislador creyó que la ley serviría para enviar a la cárcel a los participantes en alguna manifestación popular. Basta con que los gendarmes comiencen apalear a un ciudadano que presenciaba el evento y con que éste ponga las manos sobre su cabeza para defenderse. Un juez represivo puede inventar después varios custodios maltratados cuando, “inocentemente”, masacraban a un ciudadano inerme.
Además, están los policías que imponen cupos o que colaboran con bandas criminales. Como ha escrito recientemente Jaime de Althaus “si no se reforma profundamente la policía, expulsando a los elementos corruptos o delincuenciales, lo que podríamos tener es el empoderamiento de una policía prepotente y abusiva. ”
Por fin, cualquier jurista puede encontrar un problema en el hecho de que la flagrancia tiene dos interpretaciones: la dada por el Congreso de la República y la anterior sentencia del Tribunal Constitucional. ¿A cuál deben obedecer los operadores jurisdiccionales? …
¿Estamos edificando una república totalitaria y criminal?
Es urgente que los legisladores trabajen en la revisión de la norma y en la derogatoria de la ley 30151 que hace inimputables a los policías y a los soldados e impunes sus posibles crímenes. Además, en esta tarea, los representantes deben trabajar con juristas y no con sus asesores de imagen.
En el caso imaginado de Tomás Gutiérrez, supuestamente a punto de ser ahorcado, hay que entender que su abogado no tuvo tiempo de presentar la ecografía que prueba que tiene prostatitis ni el vídeo en el que se le muestra escuchando la nueva ley y orinándose en los pantalones muerto de miedo.
Diario Uno, 02.01.2016
1 comentario
Y que criterio tiene Althaus? en mi opinion es solo un mercenario que vende su profesion de periodista a cualquier precio, eso depende a quien hay que apedrear hasta morir, o si sera solo para bajarle las llantas.