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Por Prof. Olger Melgarejo
Ahora que tengo en mi poder los exámenes que el Ministerio de Educación tomó a los profesores del nivel inicial, primario y secundario, considero necesario dar a conocer mis reflexiones y mi punto de vista sobre la evaluación a que se sometieron dichos profesores el pasado mes de enero; sobre la serie de personajes que están involucrados en el tan voceado “examen” y las posibles contradicciones que se presentarán a posteriori en el sector educativo.
Durante los días de la convocatoria compulsiva a evaluación, el gobierno enfatizó reiteradas veces que con tal medida sólo se diagnosticaría el estado académico en que se encontraban los profesores para, a partir de ello, impulsar una verdadera campaña de capacitación, promesa de la que dudé, porque, a todas luces, quien pregonaba con descaro evaluación y capacitación era el Ministerio de Educación, que es el directo responsable de la crisis. Ya han transcurrido varias semanas desde que concluyó el examen y el gobierno guarda bajo siete llaves el supuesto diagnóstico de los profesores que se sometieron a evaluación (nos referimos a porcentajes, promedios generales y por áreas, indicadores de los problemas y áreas de mayor o menor dificultad encontrados, etc., no a los resultados individuales ni al nombre de cada participante). Pero el ciudadano quisiera conocer el estado del paciente, si con el examen se consiguió el objetivo que se perseguía, esto es, conocer su nivel de preparación. Por el silencio gubernamental, sospecharíamos que los profesores salieron airosos del examen y que, por tanto, quienes merecerían ser sometidos a evaluación son los funcionarios del Ministerio; también se podría pensar que estos señores son conscientes de que la prueba aplicada no ha servido para diagnosticar la enfermedad del paciente (no olvidemos que el término diagnóstico significa: “arte de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas, y la calificación que se le da”). En pocas palabras, no vemos la secuencia lógica: a) examen de evaluación, b) diagnóstico publicitado y c) medidas correctivas.
Ya hubo bastante reserva y secreto para proceder a evaluar con un examen de preguntas trilladas, del que no se ha dicho nada sobre si fue estandarizado o no antes de ser aplicado; también ahora sucede igual misterio en cuanto al diagnóstico resultante, y se anuncia con cierta publicidad que habrá tales o cuales medidas de capacitación. Si la evaluación se hizo nada más que para justificar un gasto, para repartir dinero del pueblo entre BUITRES ACADÉMICOS evaluadores, ¿quién nos puede garantizar que las medidas correctivas (capacitación) serán buenas?
Una demostración contundente de que todo este asunto de evaluación y capacitación docente es un gran engaño es que ni el gobierno, ni el Ministerio de Educación dicen nada de los institutos pedagógicos y las universidades formadoras de maestros; no quieren reconocer que allí reside una de las grandes causas del problema; todos los ciudadanos —menos el gobierno— se dan cuenta de que si hay maestros de bajo rendimiento, es por la deficiente preparación que han recibido en estas instituciones. Añadimos algo más: para asegurarse de que mediante una educación de baja calidad continúe la exclusión social de los pobres, el gobierno aprista —como siempre al servicio de los chilenos y la oligarquía— permite que sigan funcionando los institutos pedagógicos estatales y privados, cuando la tendencia en todo el mundo es que la profesión magisterial sea de nivel universitario —en universidades, sirva la redundancia— y no de mando medio, que es la que brindan los institutos pedagógicos, con los resultados que ya conocemos. Averigüen en qué colegios o universidades han estudiado o estudian los hijos de Alan García y sus ministros; dudamos de que los hayan enviado o envíen a escuelas estatales de barrio o colegios nacionales, que en la mentalidad de los gobernantes son buenos para la indiada y la chusma, no para la gente “decente”, que sí puede brindar a sus hijos una buena educación.
Días antes de la tan cacareada evaluación, tuvimos que soportar una fervorosa prédica sobre las bondades del examen, acompañada de una brutal cruzada de satanización, impulsada por algunos intelectuales en educación, medios de comunicación y periodistas contra el SUTEP, quien objetaba la propuesta gubernamental. Tras un tiempo prudencial de silencio, vale preguntar a todos los que pregonaron los lados positivos de la evaluación: ¿qué razones de fuerza mayor les impiden interpelar ahora al gobierno exigiendo que dé a conocer los resultados del examen del siglo?, ¿por qué se amilanan y no le piden al ministro de Educación que explique sobre las falencias DE los profesores DEL ÁREA DE Matemáticas, Comunicación, etc.? Hoy, con su vergonzoso silencio, los críticos y azuzadores de ocasión o vendidos de profesión están demostrando que pertenecen al grupo corrupto e incapaz de poner el dedo en la llaga de los políticos del Ministerio de Educación, sobre quienes pesan demasiado la planificación y la fiscalización del desarrollo de la política educativa en el Perú.
Una vez más, el Ministerio de Educación aprista ha demostrado que carece de toda política educativa y no tiene nada que ofrecer al pueblo más que distractores en forma de pruebas para lograr el objetivo central de combatir desde el inicio del régimen a la oposición organizada que representa el SUTEP y otras organizaciones populares y un presidente adiestrado en usar la lengua con muy poco control, hacer gestos y adoptar poses ante cámaras y luces que alegremente se alquilan cuando se trata de engañar y distraer al pueblo. Si el gobierno tiene una política educativa, ¿por qué las pruebas no las elaboraron los del Ministerio de Educación, y más bien las preparó una ONG integrada por docentes de la Universidad Agraria, peritos en la flora, fauna y fertilizantes?, ¿la sabiduría de esta gente en plantas y animales la capacita para evaluar a profesionales de la Educación?
Como parte del pueblo, ansío conocer las conclusiones a que se arribó. Pero tal anhelo no se concretizará porque los perpetradores del fraude educativo ya sabían que la verdadera intención del gobierno con la farsa de la “evaluación” era golpear al gremio de los maestros, como lo dio a entender en una entrevista la congresista Martha Hildebrandt al sostener que no interesaban ni la calidad ni la utilidad del examen sino la destrucción del SUTEP (¡al menos es franca la señora!, ¡aprendan apristas hipócritas!).
Es una lástima pero debemos reconocer el abismo moral en que hemos caído por culpa de gobernantes y funcionarios incapaces. Si desearan enmendar rumbos, tendrían que pedir perdón al pueblo, mirándole a los ojos, por haber mentido con esta farsa de evaluación; otro tanto esperaríamos de los políticos, “especialistas” y periodistas que aclamaron la “evaluación” y después han guardado silencio, han escondido la pluma y, finalmente, caminan haciéndose los desentendidos frente al estropajeado papelucho que ahora se vende a un sol en las calles.
Apreciado lector: ¿ha llegado a sus manos el conjunto de preguntas tomado a los profesores por el gobierno aprista? Consígase un ejemplar para que conozca el fango moral en que hemos quedado atascados al considerar a tal engendro “examen censal de diagnóstico”; lea las páginas de ese detritus intelectual y compárelo con los exámenes que toman en las academias preuniversitarias. Tras analizarlo y ver que en el fondo ese examen y el de las academias preuniversitarias son la misma cosa, pregúntese por el costo de esa farsesca y asquerosa chuchería utilizada como instrumento de evaluación. Pensar que el pueblo (no el partido aprista) ya está pagando al Banco Mundial, entidad que prestó millones de soles para que el gobierno aprista despilfarre el dinero en engañifas como la sarta de preguntas de razonamiento verbal y matemático que se aplica en cualquier academia preuniversitaria de barrio o asentamiento humano. ¿Por qué no contrataron una academia preuniversitaria? ¿Un mismo producto tiene más cachet si lo hace una banda de pícaros de la Universidad Agraria que si lo ofrece una academia preuniversitaria? ¿Qué opinión se llevará el Banco Mundial u otra entidad que ha financiado esta mal llamada “evaluación”? Con ese dinero, por lo menos, ¿no habrían reparado los servicios higiénicos o paredes cuarteadas y rajadas de muchos centros educativos? Este caso merece investigación y sanción a los responsables.
De otro lado, esta evaluación ha demostrado algunas debilidades escondidas: a) deshonestidad de los docentes de la Universidad Agraria que elaboraron la prueba; ellos debieron reaccionar con sinceridad ante la propuesta indecente del corruptor (por ejemplo, ensayemos una respuesta: “Señor, muy agradecido por la especial consideración; pero no puedo hacerlo, porque mi especialidad es otra”); b) que el ministro de Educación debe renunciar al cargo porque, para elaborar las pruebas, cualquier personaje en su condición hubiera recurrido, por lo menos, al ex ministro Gróver Pango o a la doctora Mercedes Cabanillas, que son profesores de carrera; por lo visto, el señor Chang en lo sucesivo nos sorprenderá poniendo como evaluador a un gasfitero, para variar; c) la universidad privada San Martín de Porras, donde trabaja el señor Chang, debe de ser una institución que tiene problemas a la hora de seleccionar un docente… Si así actúa el catedrático ministeriable —y ya ministro— de dicha institución, ¡cuán ingenuos y académicamente limitados serán los otros docentes! Habría que pensar mucho antes de recomendar a un alumno que vaya a estudiar en tal universidad.
