Grave corrupción pública

Por Alfredo Palacios Dongo

En los últimos días funcionarios públicos del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) en Piura y Cajamarca —y el pasado marzo en Puno e Iquitos— fueron denunciados por actos de corrupción, malos manejos, negociados con alimentos, coimas y uso irregular de fondos. Asimismo, en dos de sus almacenes de Ayacucho fueron encontrados 428 sacos con 12,834 kilos de hidróxido de calcio, y aunque sus funcionarios argumentan su uso para fines agrícolas, fueron confiscados por la División Antidrogas por tratarse de insumos fiscalizados y usados en elaboración de pasta básica de cocaína.

Vemos también con estupor inauditos e intolerables casos de corrupción con donaciones y/o recursos para los más pobres y necesitados. En Ica, se encontraron medicinas vencidas en 500 cajas donadas durante el terremoto de agosto de 2007, a pesar de la necesidad de muchísimos enfermos; en Moquegua, se detectaron miles de kilos de ropa y alimentos no distribuidos a los pobladores afectados por el friaje; en Chimbote, denunciaron una escandalosa sobrevaloración de precios en equipos médicos hospitalarios, en Tumbes entregas irregulares de calaminas a personas no afectadas por las lluvias, y asimismo, en el programa nacional del Vaso de Leche, serias irregularidades en su entrega y su bajo valor nutricional.

Bajo este panorama, el Contralor de la República acaba de informar que existen 1,725 funcionarios denunciados que siguen trabajando en la administración pública. Esta situación de impunidad requiere de una enérgica acción del Estado, por lo que es indispensable y urgente el otorgamiento de facultades a la Contraloría para que pueda suspender, sancionar o separar a los funcionarios responsables de actos de corrupción. Expreso, 13.11.2010