De semanas atrás corre el rumor del inicio de una huelga de policías, algo que nadie quiere y que traería serias consecuencias para el orden público y la seguridad ciudadana. Como otras agrupaciones de trabajadores, los policías reclaman mejoras en las condiciones de trabajo y en las remuneraciones que perciben. ¿Son justificadas estas razones? Sí, y si preguntasen a la opinión pública se entendería que estamos ante una petición que tiene respaldo.
Para ello, es necesario que se emprenda una reforma del estado que incluya la homologación de salarios de todos los servidores públicos, sin distinción, por ejemplo, entre militares y civiles. Un criterio básico para establecer categorías salariales debe ser el diferenciar entre profesionales (que hayan culminado una carrera universitaria) y no profesionales (que incluye técnicos, empleados, obreros, etc.). Los ascensos que cada persona obtenga durante su carrera dependerán de si el puesto que desempeña corresponde a un profesional de carrera universitaria1 o no.
Considerando que la mejor ubicación la deben tener —como debe ser— los profesionales de carrera universitaria2, entre éstos hay una diferencia notoria en favor de los médicos, quienes por el mayor número de años de estudios que han seguido deben ganar más que los otros profesionales. A partir de aquí, abogados, ingenieros, sociólogos, economistas, contadores, militares, etc., tendrían el mismo trato y sus ascensos se sujetarían al tiempo de servicios y a los méritos (estudios de postgrado, trabajos o proyectos importantes realizados, etc.); de modo similar las pensiones que percibirían al jubilarse tendrían que ser básicamente iguales para todos los servidores del estado. Hoy eso no se cumple y cualquier indagación demostraría que determinados jubilados gozan de beneficios o privilegios especiales, totalmente injustificados. Sería una farsa promover una homologación de sueldos para todos, y que algunos al jubilarse tengan derecho a chofer, gasolina, etc.; hay eso para todos los jubilados del sector público o no hay para nadie.
Aquí es bueno señalar que un cambio de esta naturaleza no debe afectar los derechos a la fecha adquiridos, pero tampoco se puede aceptar la trampa de que en el sector público haya aumentos salariales concedidos entre gallos y medianoche, sin que se hayan definido criterios claros. Y aquí es bueno señalar, por ejemplo, que los miembros del poder judicial, que son abogados y no privilegiados seres extraterrestres, deben ganar igual que cualquier abogado que trabaja para el estado (asesores legales, procuradores, etc.). De igual manera, los economistas, contadores u otros profesionales que trabajan en el Banco Central de Reserva, Sunat y en determinados puestos de ministerios no deben tener una escala especial de haberes; deben ganar como cualquier otro colega que labora para el estado.
Hay que advertir que los elevados sueldos que ganan estos personajes les permiten comprar buena prensa (los famosos periodistas “mermeleros”), y así tenemos profesionales de la información mercenarios que cada vez que pueden machacan la idea de que en esas dependencias (Poder Judicial, Banco Central de Reserva, Sunat y en determinados puestos de ministerios) debe haber profesionales muy bien remunerados, porque son gente muy preparada y tienen calificaciones especiales3 (¿y los que no están allí son incapaces, no pueden desempeñarse en ese trabajo?). En este punto hay que ver no sólo los conocimientos sino la moral; un equipo responsable y honesto de profesionales tiene procedimientos de trabajo y protocolos bien establecidos que permiten que con facilidad otros se hagan cargo del trabajo si ellos se van. Un ejemplo claro de esto son los médicos y militares; su organización es tal, que si uno o varios dejan sus puestos, los reemplazantes sabrán con precisión qué hacer. Con esta lógica, si vamos al Banco Central de Reserva o a Sunat y vemos que las cosas no están bien dispuestas para que nueva gente tome la posta con facilidad, esto será indicador de que el personal que allí trabaja —pagado por todos nosotros— piensa quedarse largo tiempo en sus puestos disfrutando de una altísima paga y ha “amarrado” la información, lo cual, si no fuésemos un país en el que impera la corrupción, constituiría grave delito contra el estado, castigable con no menos de 10 años de prisión y embargo de todos sus bienes.
Ya es tiempo de romper mitos y de dejar de aceptar como cierto el cuento de que esos superhombres o supermujeres merecen ganar elevados sueldos. Deben ganar simplemente lo que corresponde a cualquiera de esa profesión que trabaje para el estado. Con los diplomáticos es lo mismo; su paga ha de ser igual a la que percibe en el estado cualquier profesional. Claro que para vivir representando al Perú en el extranjero un diplomático necesita más dinero y el estado está obligado a dárselo pero de ninguna manera como sueldo, porque eso sería fomentar la desigualdad y la corrupción.
Terminemos ya el engaño, y dígase con claridad que todo el que trabaja para el estado va a ganar siempre menos que en el sector público o que en el extranjero; de esta manera quien entra a trabajar al servicio del estado ya sabría desde el comienzo que no va a tener una vida muy cómoda (a menos que sea elegido congresista). Con esta sinceridad por delante, ya no habrá gente que esté haciéndose ilusiones de ganar bien si trabaja para el estado; pero aceptará esta situación sabiendo que los salarios se han determinado siguiendo criterios justos. Ya que tanto se habla de transparencia, pedimos al gobierno que publique —con claridad y no entre sombras y falsas transparencias como ahora — las diferentes escalas salariales y pensiones de jubilación hoy vigentes (en el poder judicial, en la fuerza armada, en la Sunat, en el Banco Central de Reserva, etc.)4. Tenemos por delante al menos unos 40 años de escasez de recursos fiscales y siempre será poco el dinero destinado a pagar a los servidores públicos; lo importante es que todos sepan que nadie gana más sin merecerlo, y que no hay privilegios ni en los sueldos del personal activo ni en las pensiones de los jubilados.
Un factor importante en este planteamiento es que se implante una metodología que permita de manera objetiva medir la eficiencia de cada trabajador, sea o no profesional, de manera que no sea difícil sacarlo del puesto si es ineficiente, irresponsable o improductivo. Esto no significa que se va a propiciar la inestabilidad laboral; por el contrario, se debe respetar la carrera pública y evitar que cada nuevo gobierno que tome el poder decida cambiar todo el personal que pueda para reemplazarlo por gente de su partido político.
La única categoría de profesionales que debería tener un sueldo muy superior al de sus otros colegas es la de los investigadores en ciencias y letras que trabajen en proyectos o programas debidamente justificados y acreditados; en este caso la escala salarial tendría que acercarse a los niveles conocidos que perciben en América Latina estos trabajadores de la ciencia. Sin embargo, incluso en estos casos se tendría que evitar que las empleadas, choferes, vigilantes o personal de servicio que trabajen en tales proyectos o programas de investigación científica ganen más de lo que sus colegas perciben en cualquier otro lugar de la administración pública5; el merecido privilegio es sólo para los profesionales investigadores.
1 Esto excluye el caso de los subempleados. Por ejemplo, si el único trabajo que en la administración pública puede conseguir un profesional es el de empleado, almacenero, etc., será considerado empleado o técnico, no profesional, porque lo que prima es la exigencia real del puesto que ocupa, que no pide un profesional.
2 Aunque no han estudiado en una universidad, los oficiales de la fuerza armada y la policía (no los subalternos) entran también en la categoría de profesionales, pero siempre con menor jerarquía que los médicos.
3 Si eso es cierto, ¿por qué no se van a trabajar al sector privado o al extranjero?, ¿qué hacen succionando la sangre de los contribuyentes?
4 Como contribuyentes, como pagadores de la factura, tenemos el derecho de saber cómo se está rifando el dinero producto de los impuestos que pagamos.
5 En el sector público es muy conocido el caso de secretarias, técnicos que no son profesionales universitarios o choferes que ganan más que un ingeniero o un médico. Eso es corrupción.
