Por Desco
Para inclinar la balanza a su favor en la carrera a la Presidencia de la República, Ollanta Humala debió alinearse con quienes le ofrecían su respaldo a cambio de un compromiso público con las instituciones democráticas, dado el origen militar del candidato y las resonancias de su discurso electoral desde 2006, que lo mostraba próximo a propuestas de cambio constitucional. Desde su «Juramento por la democracia» y a la luz de los hechos recientes, cabe preguntarse qué entienden el Presidente y el oficialismo por compromiso con la democracia y sus instituciones.
En la definición del presupuesto general de la República para el 2013, medidas saludables como la asignación de mil millones de soles extra destinados a programas de riego o la aprobación de una partida para la atención de desastres naturales, quedan opacados ante la increíble decisión de congresistas de todas las bancadas de aprobar un significativo aumento en sus gastos de representación, lo que abona en el desprestigio del Congreso de la República. Las justificaciones han ido de la matemática más burda —que atribuye la duplicación del monto a la duplicación de la población representada— hasta los más transparentes argumentos populistas —la necesidad de disponer de mayores recursos para financiar padrinazgos y regalos «entre la población más pobre»—.
Es también cuestionable el comportamiento oficial ante instituciones fundamentales para garantizar el respeto a las libertades civiles y el balance de poderes del Estado, como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional-TC, además del nombramiento de los directivos del Banco Central de Reserva. El Congreso de la República ha postergado estos importantes nombramientos: desde hace más de veinte meses la Defensoría cuenta con un jefe interino, mientras que se ha vencido el período de ejercicio de seis de los siete vocales del TC, habiéndose elegido sólo a su titular. Esta situación afecta seriamente la legitimidad del TC, instancia cuyas decisiones son clave ante cualquier intento de interpretar las leyes a favor de los proyectos oficialistas, incluidos aquellos que impliquen la continuidad del régimen, como dejara claro a fines de los noventa el dictador Fujimori.
Y para agregar evidencia en nuestra negativa a aprender de nuestra historia, esta semana el Congreso de la República aprobó una modificación al código procesal penal que permite a miembros de las fuerzas armadas y policiales el levantamiento de cadáveres tanto de civiles como de militares en zonas declaradas en estado de emergencia, con el argumento de que los fiscales pueden tener limitaciones logísticas para acudir oportunamente al lugar de los hechos.
Esta medida es muy grave, pues sugiere que el Ministerio Público está de más, y su función puede ser realizada expeditivamente por los uniformados. Más grave aún, porque declarar territorios en estado de emergencia se ha instalado como el mecanismo regular para el control de la conflictividad social en el país, control que no ha prescindido de salidas represivas y muertos, lejos del juramento democrático de Humala, que en el recuerdo de Bagua, prometió un tratamiento distinto para el malestar social.
Desco, 10.12.2012
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