Por Jans Erik Cavero Cárdenas
Nuevamente emerge un olor a faenón en los pasillos de la gerencia regional de Ayacucho. Se trata de la Licitación Pública 013-2010-GRA, cuya conducción —desde la convocatoria hasta la adjudicación de la buena pro— fue regular, subsistiendo, en cambio, irregularidades en la suscripción del contrato de ejecución. Las pruebas demuestran que existe vulneración al ordenamiento jurídico, razón por la que el Presidente Regional de Ayacucho sería denunciado ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica.
Probablemente Oscorima no está enterado de la situación en la que ha sido involucrado dolosamente por su gerente regional Carlos Palomino. Tampoco es consciente de las consecuencias jurídicas que podría acarrear una sentencia condenatoria. Y es que de acuerdo al artículo 30.º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales los presidentes regionales pueden ser destituidos en caso exista una condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de libertad.
Para no incurrir en causal de vacancia, los abogados de Oscorima tendrían que desvirtuar la existencia de dolo en la comisión del delito imputado. Ello supone alegar con fundamentos razonables que fue inducido por Carlos Palomino para firmar un contrato ilegal. Lo cierto es que la licitación irregular se ha consumado, y más allá de las responsabilidades penales, el presidente regional no tuvo la cautela necesaria para informarse de los documentos que requieren su rúbrica, menos aún la lucidez para designar funcionarios y gerentes de línea, salvo algunas excepciones.
Para entender el presunto faenón veamos el caso en términos nada jurídicos: El postor ganador durante la gestión de Ernesto Molina, “Consorcio Chiara”, perdió la buena pro porque uno de los consorciados no estaba habilitado para contratar con el Estado. En este caso, la ley de contrataciones señala que debe ser llamado el siguiente postor con la segunda mejor oferta. Habida cuenta que existía un empate entre la Empresa CONSEGESA y el Consorcio Nazareno, se procedió a un sorteo, resultando vencedor CONSEGESA, gracias a la suerte de su representante Félix Vásquez.
La buena pro fue adjudicada el 9 de febrero, existiendo un plazo de 10 días hábiles para firmar el contrato de ejecución. En este lapso, CONSEGESA perdió su habilitación para contratar con el Estado, lo que impedía la firma del contrato por disposición expresa de la ley. En esta nueva situación, el gobierno regional debió llamar al Consorcio Nazareno para otorgarle la buena pro y proceder a la suscripción del contrato. Sin embargo, el gobierno no actuó conforme a ley, muy por el contrario, primó la insistencia de Carlos Palomino para firmar con CONSEGESA a pesar de que el plazo previsto por ley había caducado.
La intervención oportuna de la Defensoría del Pueblo constató documentalmente que al 07 de marzo no existía contrato firmado por el presidente regional. Curiosamente hoy el contrato está rubricado, lo que hace suponer que la firma del presidente fue estampada el 8, 9, ó 10 de marzo, pues el 11 el contrato fue colgado en el SEACE. Lo peor de todo es que la fecha de suscripción fue retrotraída al 17 de febrero para aparentar que se actuó conforme al plazo previsto. Si al 7 de marzo el contrato no estuvo perfeccionado, ¿cómo es que fue celebrado 18 días antes?
Al respecto, amerita preguntarse ¿por qué el gerente regional Carlos Palomino estaría interesado en contratar con CONCEGESA? Porque éste, su amigo y mentor José Urquizo, y Félix Vásquez, representante de CONCEGESA, tienen no sólo vínculo amical, sino además una ligazón política común: Hatun Tarpuy. No olvidemos que Vásquez fue formulador de proyectos de inversión para el Municipio de Cangallo. Es más, durante el 2009 CONCEGESA ganó 4 licitaciones por un valor de 5 millones de soles, 3 de ellas adjudicadas por la Municipalidad de Cangallo y una por el Municipio de Huanta. ¿Quiénes eran los alcaldes? Percy Colos y Edwin Bustíos. ¿A qué organización política pertenecían ambos alcaldes? A Hatun Tarpuy. ¿Y Urquizo? Es el mentor del susodicho movimiento político, quien convenció al presidente regional para que su otrora asesor parlamentario, Carlos Palomino, asuma la gerencia regional. ¿Coincidencia verdad?
Finalmente, es necesario sentar la siguiente reflexión: Con esta flagrante vulneración a la ley de contrataciones pública se perjudica el distrito de Chiara (Huamanga), toda vez que si intervienen la OSCE, como órgano supervisor de los contratos del Estado, y las autoridades pertinentes, la obra de mejoramiento y ampliación de electrificación rural no será ejecutada en los 180 días pactados. No perdamos de vista que un acto jurídico celebrado vulnerando el ordenamiento jurídico es nulo.
