El informe de la Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales, presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido un parteaguas para el régimen de Dina Boluarte. Tras su presentación, la mandataria se ha visto obligada a dejar caer su máscara, insinuando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como eventuales responsables de la violación de los derechos humanos durante la represión en las protestas, buscando así, una vez más, salvar su responsabilidad argumentando patéticamente: “Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos”
Aunque el Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional interpuesta por la representante Ruth Luque contra la señora Boluarte y varios de sus ministros por todas las muertes durante las protestas, su suerte parece estar echada, a pesar del blindaje de una mayoría que continúa aferrada a sus curules, como ella a Palacio. Las recomendaciones del informe, aunque no son vinculantes, tienen que ser respondidas por el Gobierno cuyas relaciones internacionales están ya deterioradas, siendo Perú percibido como un país donde se violan los derechos humanos, y en el que sus autoridades, no obstante, las evidencias, continúan negando el hecho.
El informe mencionado da cuenta de una acción sistemática de las fuerzas del orden para frenar como sea las manifestaciones que iniciaron en la segunda quincena de diciembre y que se extendieron por casi tres meses consecutivos, avalada por el Ejecutivo. Durante este tiempo, hasta antes del informe, hemos asistido a una defensa cerrada de la policía y el ejército, sin ningún cuestionamiento por el uso desproporcionado de su fuerza, llegando a ser premiados con bonos. Simultáneamente, se estigmatizó y ofendió a los y las manifestantes; se propusieron diferentes dispositivos para doblegar a los protestantes con el incremento de las penas; se aletargaron las investigaciones fiscales; y hasta se buscó controlar el papel de la prensa en la cobertura de las manifestaciones.
Según un reporte periodístico, tras la revisión del borrador del Informe en marzo, el Ejecutivo informó a la CIDH de investigaciones y medidas contra quienes actuaron en Ayacucho, medidas que se materializaron sólo en su cambio de plaza. En el informe, se apunta que el Ejecutivo adelantó el inicio de una reforma en la policía, la misma que también prometió y no cumplió el expresidente Sagasti después de la muerte de Inti y Bryan, cuando el congresista Merino tomó el poder del Estado.
Post informe, sectores de la Policía y de las FF.AA. en retiro han respondido a la lavada de manos de la señora Boluarte. El partido fujimorista y otros congresistas de derecha, le han pedido a la Presidenta desconocer el informe; mientras tanto, fuera de las nebulosas esferas del poder, se ha anunciado desde Puno, lugar donde contabilizaron más muertos y heridos en estos meses de desazón, la reanudación de la protesta y una nueva de toma de Lima. El Ministerio Público, por su lado, está acelerando el proceso de denuncia contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y otras personas, acusadas por un grupo de congresistas de dudosa lógica, de ser los instigadores de un proceso de secesión en el país, mientras que la Fiscalía cita en Lima para tomar sus declaraciones, a los testigos de las masacres sucedidas en diferentes partes del país.
No queremos romantizar la protesta, sólo apuntamos que su endurecimiento, de ahora en más, está justificado. No habrá capacidad para contener su magnitud si no se muestra un ápice de arrepentimiento y acciones concretas para responder por las muertes y, por el contrario, se continúa con las frivolidades desde el Congreso y el cinismo desde el Ejecutivo. Al reclamo por el hueco enorme que tenemos por la falta de representación política real, ahora se une el grito de justicia por los muertos y heridos, que además de serlo, fueron maltratados en algunos centros médicos y encausados en distintos procesos penales. La protesta sigue siendo por la negación de un país que existe más allá de Lima. El informe, y todas las repercusiones que ha tenido desde su presentación parecen hacer más difícil aún la situación del gobierno. Tarde o temprano, Boluarte, Otárola y los otros responsables políticos de la masacre y las muertes extrajudiciales, terminarán frente a la justicia.
desco Opina – Regional / 12 de mayo del 2023
