Dra. Beatriz Mejía Mori
La capacidad moral del Presidente es la condición moral que éste tiene para gobernar guardando respeto por los principios morales que tiene la nación, y éstos se extienden tanto al desempeño de la función pública como a su vida privada…
La Constitución Política del Perú establece como causal de vacancia del Presidente de la República en su art. 113 inciso 2, la incapacidad moral de éste, causal que no se ha desarrollado normativamente, existiendo un vacío legal.
Sin embargo, siendo el Congreso de la República el encargado constitucionalmente de declarar la vacancia de la Presidencia de la República, según la misma norma constitucional, es potestad de este poder del Estado, determinar en qué casos el Presidente incurre en incapacidad moral.
La solicitud de declaración de vacancia de la Presidencia, anunciada por el congresista Héctor Becerril de las tiendas fujimoristas, más allá de las claras motivaciones políticas no precisamente santas, obligará al Congreso a emitir un pronunciamiento.
El Congreso tiene dos opciones, una, no someterla al pleno y dejar que Humala termine su mandato; y la otra es someterla al pleno y emitir un pronunciamiento. En esta segunda opción, el partido nacionalista no está seguro si contará con los votos necesarios para desestimar la solicitud, por tanto hará todo lo posible para que no sea visto por el pleno.
No obstante consideramos que es nuestro deber ciudadano contribuir con el análisis jurídico de la interpretación de la incapacidad moral del Presidente que justificaría su vacancia.
Pensar en incapacidad moral nos remite inmediatamente a la vida personal del Presidente, y luego nos transporta a su desempeño irregular en la función que comprometa recursos del Estado, ya en un tercer plano nos encontramos ante la posibilidad de que el Presidente cometa un delito, respecto del cual no se le puede procesar penalmente durante su mandato, pero sí permitiría invocar incapacidad moral para vacarlo en el cargo.
Lo cierto es que la capacidad moral del Presidente es la condición moral que éste tiene para gobernar guardando respeto por los principios morales que tiene la nación, y éstos se extienden tanto al desempeño de la función pública como a su vida privada, la cual si bien es de su entera libertad, responde a las expectativas de integridad moral que le exige la nación.
Muchos restringirían la capacidad moral del Presidente solo a la esfera del gobierno, dejándolo en libertad de hacer con su vida privada lo que desee; sin embargo, vemos que la tendencia mundial es a desconocer a la autoridad pública que ha incurrido, en su vida privada, en una transgresión a los principios morales comunes.
Lo que refleja que más allá de los postulados de libertad de la vida privada de las personas, cuando éstas se convierten en líderes sociales, la sociedad les demanda la integridad de vida que sirva de ejemplo para todos los demás.
Dentro de la esfera de la intimidad personal y familiar, la sociedad espera del Presidente un comportamiento que refleje la expectativa social de persona y familia, por lo cual demanda del Presidente una vida íntima y familiar ejemplar.
El patrón moral de familia que los peruanos reconocen en su mayoría es el de padre, madre e hijos que conforman una familia, en la que el padre es la cabeza y gobierna sobre su casa, el de la madre como la protectora de la familia y quien cuida de ella, sin perjuicio de los roles laborales de ambos padres. Por lo cual la percepción de un Presidente que no gobierna su casa deja en la población el sabor de que no está preparado para gobernar la nación.
El planteamiento del congresista Becerril, por tanto, no está tan trasnochado como se piensa, pues éste considera que si el Presidente no tiene la capacidad para dirigir su casa tampoco la tiene para dirigir a la nación, permitiendo que su esposa se inmiscuya en los asuntos de gobierno, que implica una asunción de autoridad que ni la Constitución, ni la ley le confiere.
Aceptar la idea de un gobierno familiar, como afirmó enfáticamente el señor Humala que él tiene con su esposa, es aceptar como posible legalmente el cogobierno del ciudadano elegido como Presidente con el familiar de su elección, lo cual no es posible constitucionalmente, y dicha afirmación constituye la aceptación presidencial de que su esposa está cometiendo delito de usurpación de funciones con el consentimiento de él.
Sacar como ejemplo negativo que Fujimori gobernó con Montesinos y que es mejor que él gobierne con su esposa no es una justificación de una actuación inconstitucional, porque hay una gran distancia entre escuchar a un asesor y cogobernar con él, lo cual, en efecto hizo Fujimori con Montesinos, y lo que, según él ha admitido, está haciendo con su esposa.
Lo que más irrita a la población no es ni siquiera eso, sino que sea la esposa quien esté tomando las decisiones de gobierno por la ostentación de poder que hace en ejecutar su propia palabra, dejando al Presidente como un convidado de piedra de su propio gobierno.
La percepción de deficiencia de capacidad moral para gobernar la nación entonces tiene sentido, si consideramos que la gente esperaba un gobernante capaz de poner término a la delincuencia, poner orden en la casa de gobierno y transformar un Estado ineficiente y contrario al interés público en un Estado al servicio de todos, que sea capaz de decirle no al poder económico cuando pretende abusos, y pueda llevar a la nación al desarrollo con justicia social que demanda el pueblo.
Viendo que ha resultado todo lo contrario, y que para colmo es la esposa quien dirige el Estado, denostando las promesas electorales que hizo el candidato, es evidente para el poblador común que hay una falencia de capacidad moral para dirigir la propia casa, lo cual se refleja en el desgobierno del Perú.
Pese a ello, creemos que estas manifestaciones de preocupación por lo que viene sucediendo en el ejercicio de la función presidencial deben servir para que las cosas se pongan en su respectivo lugar, y las asonadas de vacancia presidencial ya no tengan lugar.
La Primera, Lima 02-03-2014
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