Uno de los factores más profundamente enraizado de la crisis del sistema internacional contemporáneo es, sin lugar a duda, la brecha evidente entre los compromisos normativos que los Estados asumen y su implementación real, sostenida y coherente en sus jurisdicciones, luego de ochenta años de haberse constituido la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esto ha provocado la significativa deslegitimación del derecho internacional, debilitando la capacidad de las normas internacionales para proteger a los más vulnerables y resolver conflictos de manera pacífica y cooperativa. También ha normalizado la impunidad, ante la falta de mecanismos vinculantes o sanciones efectivas, cuando los Estados incumplen sistemáticamente sus obligaciones sin consecuencias reales.
De igual manera, se ha generado lo que empieza a denominarse como “crisis de coherencia entre discurso y práctica”, cuando muchos gobiernos utilizan el lenguaje de los derechos como legitimación externa, mientras internamente promueven leyes, políticas o prácticas que los contradicen.
El resultado descrito es especialmente grave en temas como infancia, género, migración o cambio climático, donde los impactos son acumulativos y estructurales. Por ejemplo, en el caso de la infancia, esto se traduce en sistemas de protección fragmentados, sin presupuesto, sin participación infantil y con alta tolerancia a la violencia estructural.
En esa línea, el Estado peruano debe estar entre los que exhiben el comportamiento más cínico e hipócrita en el concierto internacional. Entre sus numerosos compromisos, nuestro país firmó en noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificándola en 1990; sin embargo, actualmente más de 10 millones de niñas y niños peruanos siguen enfrentando vulneraciones sistemáticas a sus derechos: desnutrición, violencia, exclusión educativa, y falta de participación.
Según el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, más de 360 000 niños y adolescentes están fuera del sistema educativo, lo que limita su desarrollo y perpetúa la pobreza. Más de 60 000 casos de violencia infantil fueron registrados solo en el primer semestre de 2024. La desnutrición infantil aumentó en un 12.2 % durante el mismo periodo, afectando gravemente el derecho a la salud y al desarrollo. De igual manera, el Comité cuestiona que el Congreso haya aprobado leyes que vulneran derechos de menores, sin que el Ejecutivo las observe.
Al ratificar la Convención, Perú se obligó normativamente a reconocer a los niños como sujetos de derechos, no solo como receptores de protección; garantizar el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los menores de 18 años; adecuar su legislación nacional para cumplir con los principios de la Convención; y rendir informes periódicos ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre avances y desafíos.
Si bien con el transcurso del tiempo se crearon dependencias como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), y se formularon el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia PNAIA 2012-2021 y la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030; persisten graves vulneraciones estructurales, especialmente en zonas rurales, indígenas y urbanas empobrecidas.
Este grupo etario representa más de una cuarta parte del país, lo que implica una enorme responsabilidad estatal y social en garantizar sus derechos. Sin embargo, en Perú los niños, niñas y adolescentes (NNA) son el grupo más afectado en el ejercicio de sus derechos, especialmente en educación, salud, protección contra la violencia y participación ciudadana.
Además, la situación ya precaria de los NNA peruanos, se agrava por circunstancias estructurales como la desigualdad territorial, en tanto los que habitan en zonas rurales, andinas y amazónicas enfrentan mayores barreras para acceder a servicios básicos. Sumado a ello, está la alta incidencia de la violencia de género y sexual, condicionando en gran medida que las niñas adolescentes sean especialmente vulnerables a embarazos forzados, abuso y abandono escolar.
Asimismo, pese a que la Convención precisa que la ciudadanización del NNA pasa por los decisivos incentivos que deben darse a la participación, los NNA en Perú no son consultados ni considerados en decisiones que afectan sus vidas, desde las políticas locales hasta las dinámicas familiares. También hay que referirse a los impactos negativos producidos por la crisis climática y el extractivismo: la contaminación, el desplazamiento y el trabajo infantil en zonas mineras afectan gravemente a la infancia.
A todo ello se suman las alarmantes cifras que alcanza las desapariciones de menores. En Perú, más de 8000 menores desaparecieron entre enero y octubre de 2024, y más del 80 % de los casos afectan a niñas y adolescentes mujeres. Solo el 48 % fueron encontrados y muchas de estas desapariciones están vinculadas a redes de trata de personas. Las regiones con más casos incluyen Lima (109), Cusco (28), Lambayeque (27), Arequipa (24), Huánuco (22) y Junín (21).
Empezar a revertir esta situación implica dar varias vueltas de tuerca tanto en el diseño como en la gestión de las políticas públicas, especialmente de las actividades participativas, que reconozcan a los niños como sujetos de derechos y agentes de cambio; también supone crear guías territoriales que visibilicen las vulneraciones específicas en zonas rurales y urbano-marginales.
Pero, sobre todo, debe implementarse realmente un verdadero Sistema Nacional de Cuidados, con enfoque de derechos, género y territorio, como propone UNICEF, dejando de lado la versión desdibujada que tenemos actualmente. Allí es donde deben articularse servicios de salud, educación, protección y participación en torno a la infancia, que permitan, finalmente, reconocer el cuidado como derecho y responsabilidad colectiva, no solo como tarea familiar o femenina.
desco Opina / 21 de noviembre de 2025
