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Herbert Mujica Rojas
En un país que vergonzosamente cedió la discusión política, la creación ideológica y declinó la construcción social, casi todo —formal e informal— está judicializado. Por tanto, no pocas de las confusiones y trabalenguas diarias encuentran fuente de origen en quienes usan protervamente esa índole de giros para sus resoluciones.
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Hay luces potentes en medio de esta grisura terminal.
El doctor Guillermo Olivera Díaz, refiriéndose a un asunto de estremecedora vigencia ha escrito:
“DELINQUE FISCAL DE LA NACIÓN al DECIDIR NO INVESTIGAR durante 10 meses a presidente VIZCARRA hasta que «deje el cargo», pese a haber MÉRITO PARA HACERLO.
https://mobile.twitter.com/…/1314729258837782531/photo/1
POR LA BOCA MUERE EL PEZ de la FISCALÍA: «Se ha optado por declarar que, efectivamente, existe mérito para investigar preliminarmente al presidente de la República; sin embargo, en atención al mandato constitucional […] el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta el 28 de julio del 2021, cuando deje el cargo”.
Esto es como si doña Zoraida le dijera al oído a don Martín: sé que has delinquido de sobra pero NO TE INVESTIGO ya que el derecho que supongo no me permite hacerlo. Tamaña falacia sustractora de una persecución penal.
En prístina puridad no existe ningún mandato constitucional expreso, ninguna otra norma jurídica, que impida o prohíba investigar al presidente que delinque. La premisa fiscal esa tiene el sesgo de sustraer de la persecución penal por 10 meses estando obligada y así lo confiesa al calificar los hechos.”
Desde el jueves o viernes de la semana que terminó, no hay mayor conocimiento de algún nuevo dispositivo constitucional que determine la no investigación de alguien a quien se supone tiene vínculo con delitos. Eso lo establecerá ¡precisamente! el escrupuloso cotejo de fuentes, indicios o señales respecto de esas prácticas vedadas.
La acusación llega a posteriori de la investigación y eso es un asunto a futuro y de responsabilidad de quienes tengan a su cargo dicho trabajo.
¿No conviene al mismo presidente Vizcarra las investigaciones francas y directas, huérfanas de mañas y trapisondas y que se esclarezcan bien los malhadados sucesos escandalosos y delictivos que pueblan nuestra empobrecida política? El mismo ha dicho que se pone a disposición.
La pregunta simple, la que se hace cualquier profano es: ¿por qué entonces la Fiscal Avalos determina que los actos de investigación quedarán suspendidos hasta el 28 de julio del 2021, cuando deje el cargo Vizcarra?
Algo no cuadra, no encaja. Si la Carta Magna no prohíbe la investigación, ¿de dónde saca ese límite “hasta” de que habla la Fiscal Avalos? ¿No se dio cuenta que ella, ni como Fiscal ni como ciudadana tiene potestar para impedirla?
Nuestros políticos, en su inmensa mayoría, son miopes cerebrales y su capacidad de análisis es nula. Basta con reírse de los golpistas y delincuentes que presiden comisiones de las que ¡nadie los saca!
Bien decía González Prada: “Tomar a lo serio cosas del Perú, esto no es república, es mojiganga”.
12.10.2020
