Las fuertes precipitaciones en la región Junín están generando cuantiosas pérdidas económicas y sociales, es por ello que el 23 de febrero de 2024, INDECI/DIRES, emitió el Informe Situacional N.° 000007-2024, en el cual señala que, en base a la información emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se evidencia desbordes de ríos, derrumbes, huaicos, deslizamientos, entre otros, generando daños a la vida y la salud de la población, afectando directamente viviendas, vías de comunicación, infraestructura de riego, agua potable, infraestructura pública (establecimientos de salud y de educación), e involucrando distritos de la región Junín y a nivel nacional, específicamente las provincias de Chanchamayo, Jauja, Satipo y Tarma; sin embargo, este problema alcanza a otras provincias como Huancayo, Chupaca y Concepción. Ante esta situación se ha declarado en emergencia a los distritos de 17 regiones, mediante el Decreto Supremo N.° 020-2024-PCM, y se busca afrontar las principales necesidades, como paliar la demanda de alimentos, mediante la Ley Nº 30498 que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales.
Este escenario evidencia la necesidad de mejorar las estrategias de gestión de desastres del Gobierno Regional de Junín (GORE), de las 9 provincias y los 124 distritos, a fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a eventos climáticos extremos. Según el portal de transparencia del MEF – Consulta amigable, el Gobierno Regional de Junín en el marco de la planificación presupuestal para este año, ha dispuesto en la categoría presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 16 133 076.00, de los cuales en el primer trimestre se ha ejecutado S/ 111 514.00 que representa el 0.7% del presupuesto total. El mayor porcentaje de gasto se ha ejecutado en acciones comunes, capacidad instalada para dar respuesta frente a emergencias y desastres, formación de recurso humano, y conocimiento en gestión de riesgo y desastre y adaptación al cambio climático.
A nivel de las provincias ubicadas en el Valle del Mantaro, Huancayo tiene designado un PIM de S/ 1 242 621.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 46 267.00, de este monto el 3.9% (S/ 37 234.00) ha sido ejecutado en productos y proyectos de desarrollo con medidas de intervención para la protección física frente a peligro. Asimismo, Jauja designó S/ 424 392.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 1805.00, el 0.5% fue destinado a acciones comunes. Concepción tiene un PIM de S/ 180 548.00, de los cuales ha ejecutado el 0.4% en capacidad instalada para la prevención de respuesta frente a emergencias y desastres. Y la provincia de Chupaca tiene considerado un PIM de S/ 160 040.00 no ejecutados.
En la zona de Selva Central, Chanchamayo tiene un PIM de S/ 2 424 992.00, de los cuales el 1.2% (S/ 27 271.00) se destinó en medidas de intervención para la protección física frente a peligros y acciones comunes. Satipo tiene un PIM de S/ 4 231 429.00, de los cuales también se viene ejecutando el 0.1% (S/ 4962.00) en acciones comunes y capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.
Por otro lado, en la zona altoandina, Junín tiene un PIM de S/ 132 230.00, de los cuales en el primer trimestre del año se ha ejecutado el 24.2% (S/ 32 000.00) en acciones comunes. Tarma tiene un PIM de S/ 442 598.00, de los cuales se ha ejecutado el 0.7% (S/ 2530.00) en acciones comunes, capacidad de preparación, respuesta frente a emergencias y desastre, y desarrollo de medidas de intervención para protección física frente a peligros. Finalmente, Yauli no reporta gastos ejecutados.
Es claro que en Junín, la gestión de riesgos de desastres no es un tema prioritario. Por las características ya mencionadas y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales, es urgente priorizar acciones como el fortalecimiento de capacidades del Gobierno Regional y gobiernos locales para elaborar informes de evaluación de riesgo y análisis de vulnerabilidad; asistencia técnica a gobierno locales en la elaboración e implementación de planes de desarrollo territorial e institucional para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres; incremento de las actividades, proyectos, programas y/o estudios a nivel regional y a nivel local para proteger los medios de vida esenciales de la población ante el riesgo de desastres; la promoción e instalación de Sistemas de Alerta Temprana, que respondan a los factores de mayor recurrencia en las zonas priorizadas por el Gobierno Regional y los gobiernos locales.
desco Opina – Regional / 1 de marzo del 2024
