La defensa del valle de Lurín: el siguiente paso
por Desco
La metrópoli de Lima se desarrolla sobre la confluencia de los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. La expansión urbana desordenada llevó a la progresiva ocupación de las áreas reservadas de estos valles en detrimento no sólo del suelo agrícola, sino también del equilibrio ecológico y la calidad ambiental de la vida en la ciudad. A este escenario se suma la creciente búsqueda de terrenos de gran área y ubicación estratégica para realizar inversiones de tipo industrial, proceso que en la última década define la dinámica del valle de Lurín, el llamado «último valle verde de Lima».
El mes pasado la Municipalidad Metropolitana de Lima dio un importante paso en la defensa del Valle de Lurín al aprobar la ordenanza 1551, que deroga tres ordenanzas anteriores que posibilitaban la instalación de industrias en el «trapecio de Lurín», denominación que recibe el área urbana de la cuenca baja del río. Sin negar la trascendencia de la norma, es preciso señalar que ella no es suficiente si se toma en cuenta otro de los movimientos de presión contra el valle: el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
El sur de Lima vive hoy el mismo proceso que llevó al agotamiento y virtual desaparición del valle del Chillón, al norte de la ciudad. Las grandes empresas inmobiliarias siguen buscando suelo nuevo donde realizar habilitaciones urbanas para proyectos de vivienda, actuando muchas veces en el margen de la legalidad y casi siempre desarticulados de los planes urbanos de los distritos. Atacados por la pequeña corrupción o débiles en sus poderes de control y fiscalización, las autoridades van cediendo a la presión por urbanizar, soslayando los futuros problemas que ocasionará el aumento de la densidad poblacional, la cobertura de servicios –municipales y no municipales– y, en muchos casos, la segregación territorial y social que acompaña a los proyectos de vivienda de tipo condominial que, literalmente, se cierran al entorno social y al tejido urbano inmediato.
La situación es más compleja si se tiene en cuenta que este tipo de desarrollo inmobiliario es el que promueve el sector formal de la construcción, cuyas inversiones estratégicas se desplazan ahora a lo que llaman la «Lima Periférica», buscando realizar vivienda a gran escala, formalmente destinada a resolver la demanda de los sectores D y E, aunque queda distinguir si se trata de proyectos respaldados por el programa Mi Vivienda (dirigido a sectores medios), Techo Propio (sectores populares) o lotizaciones (venta de suelo no urbanizado, no de vivienda), como las que efectúan actualmente diversas inmobiliarias sobre terrenos en el valle de Lurín (distritos de Lurín y Pachacamac), cuya zonificación se encuentra no resuelta o en conflicto, propiciando la especulación y el tráfico de influencias que acompañan la agresión contra el valle.
El gran reto de la Municipalidad Metropolitana de Lima será armonizar las iniciativas de los inversionistas industriales y el empresariado inmobiliario con el objetivo de preservar el valle. En lo inmediato, apremia establecer un control más minucioso y mayor transparencia de los expedientes de habilitación urbana que reciben los municipios distritales. De fondo, lo que se necesita es la definición de la política de vivienda de la ciudad, a partir de la cual decidir las áreas susceptibles de urbanización y los sectores que tendrán prioridad en la atención a su problema de vivienda. Esto ayudará a estimar los costos y las fuentes de financiamiento de la opción «mantener el valle», el único valle verde que le queda a la metrópoli limeña.
