Nuestra diversidad cultural constituye una de las principales riquezas de nuestra nación, ésta se manifiesta en nuestras danzas, música, gastronomía y otras expresiones. Pero para salvaguardar esta riqueza, es necesario que el Estado peruano –en cumplimiento de sus compromisos– aplique políticas públicas de respeto y preservación de las mismas, las cuales pasan principalmente por una política educativa intercultural competitiva e inclusiva. Sin embargo, en el seguimiento efectuado a estos compromisos se levanta una voz de alerta, la Defensoría del Pueblo –en una nota de prensa– recomienda al Ministerio de Educación tomar medidas correctivas por la drástica reducción de presupuesto que ha sufrido la política educativa para los pueblos indígenas, derecho consagrado en el Convenio 169 de la OIT. La nota señala que esta reducción “pasó de S/ 73 272 638 millones de soles asignados el 2017 para el acompañamiento pedagógico a instituciones educativas, a S/ 12 573 762 millones de soles el 2018 y para la formación de docentes en educación inicial de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) se redujo de S/ 4 507 978 a S/ 2 123 765”.
De no ser atendidas estas recomendaciones peligra el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021 que en sus considerandos señala que el proceso de construcción ha sido participativo cumpliendo cuatro fases fundamentales; recuperación colectiva de fuentes primarias y secundarias, planeamiento participativo, consulta técnica, revisión final y juicio de expertos. Un proceso participativo que ha costado esfuerzos de entendimiento no puede desperdiciarse por una errada reducción presupuestaria. El universo no es pequeño, son más de un millón de niños, niñas y adolescentes los que dependen de este sector de nuestra educación. Es más, muchas (por no decir miles) de las escuelas declaradas EIB son multigrados, es decir, que un profesor debe enseñar a varios niveles a la vez, a veces a toda la primaria en una sola aula, y eso requiere también una atención y capacitación especial que con escasos presupuestos sólo logrará ahondar las brechas al momento que deban insertarse en el mundo laboral. Ya en el 2016 las organizaciones indígenas señalaban su profunda preocupación por la demora injustificada en la aprobación de la Política Nacional de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, con este recorte en la atención no sorprendería que se incentiven los escenarios de conflicto.
Hasta el 2017 se habían alcanzado logros importantes en la EIB, oficializándose los alfabetos de 38 lenguas originarias de las 47 que existen en nuestro país (2 andinas y 45 amazónicas) y se han elaborado materiales educativos en la mayoría de estas lenguas. Se ha construido un modelo de servicio educativo para los estudiantes indígenas de todo el país según las características del lugar en que se encuentren, entre otros. Sin embargo, las infraestructuras educativas amazónicas tienen en su mayoría muchas carencias, tanto en su calidad, como en la disposición y acceso a servicios básicos de energía eléctrica, agua segura, eliminación de excretas; ni que decir de servicios de internet que son impensados para esas latitudes.
Con la reducción presupuestal, las metas de atención del acompañamiento pedagógico intercultural se limitaron, y el protocolo modificado está poniendo en riesgo los logros de aprendizaje alcanzados en las diversas lenguas indígenas. Estos logros educativos han sido posibles gracias al empeño puesto por las organizaciones indígenas, en especial la AIDESEP que premonitoriamente, en agosto del año pasado, expuso una carta abierta que señalaba en catorce puntos, la atención de sus demandas.
Hacia inicios de este año, las organizaciones indígenas asumieron la defensa de los derechos laborales y expectativas salariales de los maestros EIB; sin embargo, en el marco del tenso escenario entre el Ministerio de Educación (MINEDU) y el gremio docente, no sería extraño que las comunidades indígenas asuman medidas de fuerza en la selva central, que es de suponer serán satanizadas por el Ejecutivo, adosándole a su justo reclamo, inexistentes vínculos subversivos. Por último y si bien es cierto no corresponde a su portafolio, el Ministerio de Cultura también debería de pronunciarse al respecto.
desco Opina – Regional / 4 de mayo de 2018
