La Ley de la Consulta Previa, avances y retos para la democratización del país
Juan Pari Choquecota, Congresista de la República
Un convenio internacional, como el 169 OIT, es vinculante y exige, según la convención de Viena, su cumplimiento. Ese paso se ha dado con la aprobación por el Congreso de la República de la Ley del derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios. La ley afirma los derechos de estos pueblos que fueron excluidos de las decisiones de las políticas públicas aplicadas en su territorio.
Es importante comprender que las normas del derecho internacional constituyen un límite mínimo en la protección de los derechos que los Estados deben respetar. Le toca a los estados avanzar por encima de ese límite mínimo porque la naturaleza de los sistemas constitucionales y democráticos es expandir los derechos y no reducirlos.
Es por eso que el derecho a la Consulta Previa no debe excluir a otras poblaciones que pueden sufrir impactos directos o indirectos de los grandes proyectos que se ejecutan o se autorizan por el Estado. Es necesario tener en cuenta varias condiciones.
Ámbito de aplicabilidad de la Consulta Previa
Muchos proyectos se desarrollan no sólo en los territorios de las comunidades indígenas, sino que impactan también en caseríos, cuencas e inclusive valles donde hay otras poblaciones. Es el caso de las industrias extractivas como la minería. Es conocido que actividades mineras como las de Cerro de Pasco impactan en la cuenca del Mantaro; o la minería informal de Ananea Puno, impacta en el Río Ramis y lago Titicaca; y con ello sobre las poblaciones que se asientan en las cuencas, aguas abajo. Sin duda todas estas poblaciones tienen derecho a ser consultados. La Consulta Previa y el consentimiento informado deben entenderse como un derecho expandible a todas las poblaciones que pueden sufrir impactos.
Consulta Previa antes y durante
La Consulta Previa tampoco debe reducirse al otorgamiento de la licencia social, sino que debería acompañar tanto el diseño, la implementación y monitoreo de los procesos de desarrollo de las economías locales, de tal modo que se alcancen los fines de la sostenibilidad. Tenemos que ser conscientes que los proyectos extractivos tienen un horizonte temporal, y si paralelamente no se impulsa el desarrollo de las economías locales dejaremos sociedades estancadas en prácticas extractivas, no preparadas para continuar su desarrollo.
En el nuevo escenario los relacionistas comunitarios de las empresas extractivas no pueden dedicarse sólo a evitar conflictos coyunturales, sino que deben involucrar a las poblaciones en las etapas más importantes de los proyectos y sean conscientes de sus beneficios e impactos y el involucramiento de la empresa en el desarrollo sostenible afirmando su responsabilidad corporativa con el desarrollo del país.
En ese proceso las comunidades tienen la oportunidad de empoderarse y dialogar con el Estado y con el esfuerzo de las empresas, de tal modo que la inversión social no se diluya en aportes aislados o en beneficio de grupos, y el esfuerzo nacional por el desarrollo sea compartido por todos los actores.
Consulta Previa como oportunidad para el desarrollo de los estándares de las empresas extractivas
La Consulta Previa es también una oportunidad para desarrollar los estándares de las empresas extractivas, en cuanto al uso de tecnologías, el manejo del agua, la preservación de los ecosistemas y los acondicionamientos del territorio para el desarrollo de economías sostenibles.
Los estándares laborales también deben ser parte de ese diálogo con la población al momento de la consulta. Se busca que los comuneros y/o sus hijos sean contratados por las empresas, que se mejoren los porcentajes de empleo regional, lo que debe acompañarse con mejoras en la calidad del trabajo, la responsabilidad laboral y el compromiso de los nuevos trabajadores; todo ello en el marco de los estándares laborales internacionales.
La exigibilidad dada por la Consulta Previa no debe comprenderse como límites para la inversión de proyectos extractivos, sino como oportunidades para innovar y desarrollar tecnologías en el país y así ser responsables tanto Estado, comunidad y empresa con la vida presente y las futuras generaciones. Debe implicar también el desarrollo de capacidades en la oferta laboral del país, lo cual impulsará por presión de demanda, cambios institucionales y curriculares en los centros de formación superior y el surgimiento de nuevas especializaciones.
