Lo que viene ocurriendo en Ecuador —asesinatos de candidatos y autoridades— tanto como en Colombia –detenciones que mostrarían, nuevamente, los lazos entre la política y las actividades ilícitas–, llaman una vez más la atención sobre las vinculaciones entre el mundo criminal y los espacios formales en nuestros países.
En este marco, no han sido pocas las preguntas sobre la situación del Perú y tampoco han sido pocas las “respuestas” que se han guiado antes que, por el sentido común, por la fantasía sin una mínima verificación de los datos que supuestamente estarían apoyando la circunstancial afirmación que se hace.
Un aspecto básico para el debido abordaje del tema son las tasas de homicidio, que se estimó en 16,4 por cada 100 000 habitantes para América Latina y el Caribe en el 2022. Para los analistas, esto revela un deterioro constante, rápido y pronunciado de la situación en el continente durante los últimos años, asociado al aumento de la producción de cocaína, la fragmentación de los grupos criminales (los que han multiplicado su número en poco tiempo) y el permanente flujo ilegal de armas.
Dentro de este panorama general, la situación de Ecuador es considerada “catastrófica”. Sobre ese país, se afirma que “los niveles históricos de cocaína que ingresaron provenientes de Colombia intensificaron la violencia y los asesinatos se dispararon, en tanto que los ataques contra funcionarios judiciales y los asesinatos de policías por parte de las bandas criminales alcanzaron niveles récord.”
Por segundo año consecutivo, Ecuador tuvo una de las tasas de homicidios de más rápido crecimiento en la región. En 2022, el país registró 4603 asesinatos, lo que representa una tasa de 25,9 por 100 000 habitantes, bastante más alto que el promedio latinoamericano. Según Insight Crime, esto supone un aumento del 86% interanual. Más aún, la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas está considerada como uno de los puntos críticos en el continente, con una tasa de homicidios de 81 por 100 000 habitantes en el 2022, solo superada por Colima (México) con 110 y Región Capital (Venezuela) con 90, pero muy por encima de Roraima (Brasil) con 72 y Amambay (Paraguay) con 70.
Si bien nuestro caso no ha podido formar parte de los últimos estudios comparativos, por falta de información, podemos remitirnos a lo sintetizado por el INEI para el periodo 2019-2020. En el 2019 nuestra tasa de homicidios fue de 7,4 por 100 000 habitantes y para el siguiente año fue de 5,8, una disminución que fue registrada por todos los países de la región como consecuencia de la pandemia. Ahora bien, el desagregado por regiones muestra que es Madre de Dios la de mayor frecuencia para ambos años (19,7 y 13, 8), seguida de Callao (15,6 y 12) y Tumbes (13,4 y 10,7).
Aparentemente, además de mostrar un grado de violencia criminal bastante más bajo que los promedios latinoamericanos, el Perú tampoco tendría un patrón definido entre cantidad de homicidios y la territorialidad del narcotráfico.
Sin embargo, esto no puede conducirnos a desligar ambos datos sin más. Al respecto, el modelo predominante para estimar grados de violencia asociada a la denominada “narcoviolencia” considera dos factores: el “stock de violencia” y cantidad de grupos que disputan la renta de la cocaína.
Se considera que las características previas de los territorios locales en Colombia, plagados de relaciones violentas, así como la presencia de grupos mafiosos que surgen fundamentalmente en los eslabones comerciales y otras áreas estratégicas de la cadena de valor, generan los contextos cargados de violencia que conocemos. Esto mismo puede ser válido para países como México y, al parecer, Ecuador actualmente.
Sobre el caso peruano, si bien los espacios cocaleros fueron escenarios de intensa violencia subversiva hace tres décadas, incluso haciendo aparecer hasta hoy a “remanentes” senderistas como actores importantes en estos lugares, es difícil suponer que ello sea suficiente como para afirmar la existencia de un decisivo “stock de violencia”.
Pero, lo que para los analistas aparece más sólido es que el rol del Perú en la cadena del narcotráfico es esencialmente el cultivo y producción de cocaína, pero abstrayéndose de las funciones de distribución y comercialización que es donde se originarían las mejores condiciones para la consolidación de grupos mafiosos y las disputas entre ellos, aumentando, por ende, la probabilidad de violencia.
Un registro puntual y muy importante de este último aspecto es que en Perú el cultivo de hoja de coca para el narcotráfico ha tenido un constante aumento en los últimos cinco años, siendo del 18% en el 2022 respecto al año anterior, según DEVIDA.
Sin embargo, estas miradas (que ya tienen algunas décadas de vigencia) no han considerado evidencias que vienen presentándose en los últimos años. Por ejemplo, los elementos mostrados por casos como “los cuello blanco del puerto” estarían insinuando que la “ausencia de violencia” en el caso peruano sería consecuencia de una redistribución “más equitativa y amplia” de la renta cocalera, vía la permeabilidad a los intereses de estos negocios ilícitos de los aparatos estatales, especialmente los judiciales.
Como recordamos, este caso que tuvo su momento culminante en el 2018, no fue el único que podría considerarse como una muestra de la profundidad que ha tenido la influencia del narcotráfico en el Estado peruano. En la década de los noventa, el gobierno de Fujimori y su asesor Montesinos, utilizó el dinero del narcotráfico –entre otros– para sobornar a las más altas autoridades del país: jefes militares, Corte Suprema, Fiscal de la Nación, medios de comunicación, empresarios, todos afines al gobierno. De igual manera, los “narcoindultos” del segundo gobierno de Alan García son otro síntoma de la gravedad de la colaboración de autoridades de las más altas esferas del Estado con los narcotraficantes.
Pero, hay más. Según un estudio realizado por Ricardo Soberón, en el Perú, en promedio entre el 20 y el 24 por ciento de la población penitenciaria está en la cárcel por delitos de drogas. Sólo la tercera parte de esta población, aproximadamente, tiene su situación jurídica definida, siendo la mayoría presos preventivos. Este dato ofrece un fiel reflejo del comportamiento del Estado peruano ante el narcotráfico porque los que suelen ser encarcelados son los pequeños traficantes, quedando fuera de estas cifras los grandes capos de las organizaciones de narcotraficantes.
En síntesis, la “pax cocalera peruana”, siguiendo a Stöckil, estaría descansando, entre otros factores, en la institucionalidad de la “doble moral”. Por un lado, el libre mercado incentiva la existencia de una narcoeconomía, que asegura la obtención de grandes rentas en poco tiempo para lo cual necesita la colaboración de la narcopolítica. De otro, las acciones de lucha contra la producción y el tráfico ilícito de drogas son una forma de control social, en tanto permiten al Estado controlar zonas donde su presencia es débil y hay estructuralmente un bajo monopolio de la violencia, mediante acciones represivas intermitentes (erradicación de cultivos de hoja de coca, interdicción en insumos químicos, entre otros), como es lo que vemos actualmente en el VRAEM.
desco Opina / 25 de agosto de 2023
