La regulacion que necesitamos
por Juan Francisco Rojas
La batalla por la inclusión social, sin modificaciones normativas traumáticas, se debe dar en el campo de los mercados regulados, que en su mayoría corresponden a los servicios públicos esenciales para la población.
Desde los años noventa, los organismos reguladores han privilegiado –sin vergüenza, y sí con mucha efectividad– la rentabilidad de las empresas reguladas, dejando de lado derechos de los usuarios y consumidores, a los cuales han obligado a financiar las ilícitas ganancias. Precisamente por esta situación de ventaja y porque las empresas saben que sus rentas dependen de las decisiones de los funcionarios de los reguladores, se han preocupado en colocar en dichos organismos a personas afines que disfrazan bajo fachada de “eficiencia” la postergación de los intereses de los usuarios y consumidores.
¿Cómo cambiar en democracia? Se requiere espacio para una visión nueva: el regulador es un garante del equilibrio de intereses de usuarios y consumidores y empresas, de manera tal que la inversión sea retribuida adecuadamente y el ciudadano acceda a servicios de calidad, con respeto a su dignidad y con precios justos. La expresión “precios justos” espanta a los ideólogos de la desregulación, pero en un mercado regulado el precio justo es el que precisamente asegura el equilibrio verdaderamente eficiente.
Un mercado regulado no tiene un precio libre o en competencia, no puede tenerlo por su propia naturaleza. En este “mercado” la demanda es cautiva (el consumidor está obligado a consumir) y el proveedor del servicio es uno solo, o, en el mejor de los casos, un oligopolio.
Desterrar la idea de que el regulador es un árbitro, que hace cumplir las reglas incluso cuando un equipo tiene más jugadores que el otro o el arco donde anota los goles es más grande, debe ser una prioridad. Según la Constitución, el regulador vela por los intereses de consumidores y usuarios.
Es el momento de que el nuevo gobierno restablezca el equilibrio, atendiendo al mandato del electorado que le ha dado el triunfo. Es el momento también de que todos aquellos que no comparten la nueva visión, den voluntariamente un paso al costado y permitan que la transición sea ordenada. El verdadero demócrata es el que sabe perder y reconoce que su labor o posición, con ideología e intereses particulares, no ha sido respaldada por el voto popular.
Es necesario y urgente que los organismos reguladores instauren mecanismos de medición del servicio que las empresas prestan. Existe una enorme ausencia de control sobre las mediciones de tiempo, energía o agua, que las empresas reguladas facturan todos los meses, lo que significa una ganancia “negra” que deslegitima el sistema. Es vital que también se reconstruya la cultura de la intervención de oficio de la autoridad, que es la que permite corregir comportamientos infractores, sin que el ciudadano tenga que sufrir el costo y el tiempo de reclamar. Es prioritario que la atención diligente de los reclamos sea vista como una oportunidad y no como una carga laboral.
El cambio de visión, el cumplimiento de la ley y la búsqueda del equilibrio perdido en los organismos reguladores, asegurará mejores precios –justos – para los consumidores y usuarios, y legitimidad para la inversión privada.
En concordancia con su apreciado artículo y con la persistente lucha que hemos desarrollado durante mas de 16 años las asociaciones de consumidores y usuarios, en defensa y protección de los derechos de los ciudadanos consumidores; es JUSTO Y NECESARIO que los nuevos directorios de INDECOPI y de los organismos reguladores y supervisores, sea conformado por los profesionales representantes de nuestras asociaciones, las cuales son las que realmente hemos votado por un cambio a favor de tarifas y precios justos, acorde con los mecanismos de voz y participación que impulsa nuestro colega argentino y representante del Banco Mundial economista Marcelo Giugale.
La República
