Por Gustavo Espinoza M.
A diez días de ocurridos los luctuosos sucesos de la amazonía, que dejaran una dolorosa estela de sangre y muerte, la crisis no tiende a atenuarse. Por el contrario, las grandes líneas de acción, diseñadas por el régimen aprista del Presidente García, buscan agravarla y hacerle aún más dura para las poblaciones.
El jueves 11 de junio, en la capital de la República tuvo lugar una masiva movilización ciudadana. No menos de 30 mil personas -el 70% de las cuales, eran estudiantes de universidades, escuelas, o simplemente jóvenes- coparon las principales avenidas de la ciudad y desarrollaron la más grande manifestación de repudio en lo que va del gobierno aprista. La demostración -aguerrida, combativa, tumultuosa- pudo haberse desarrollado en forma enteramente pacífica de no haber mediado una grosera y sospechosa provocación que dio pretexto a la policía para descargar una desproporcionada agresividad contra los manifestantes. Un centenar de personas entre contusos, heridos y detenidos, fue el saldo de un día de combate en el que brilló con luz propia la indignación de los peruanos.
Si a la movilización capitalina, le sumamos las multitudinarias expresiones de repudio al régimen ocurridas en Juliaca y Puno, Tacna. Arequipa, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Sicuani, Huancayo, Ica, Piura, Trujillo, Chiclayo y otras ciudades; tendremos alrededor de 200 mil personas que en calles y plazas expresaron vivamente su rechazo a los sucesos del 5 de junio, y exigieron un esclarecimiento real de lo ocurrido.
Las manifestaciones populares a lo largo y ancho del país fueron tan definidas, que los convocantes de ellas -el Frente Nacional por la Soberanía y la Vida, integrado por las organizaciones representativas de las poblaciones, y al que se sumaron las instituciones urbanas más representativas- decretaron ya un Paro Nacional para el próximo 8 de julio, añadiendo a su demanda referida a los Decretos Anti Amazónicos, la renuncia del Gabinete Ministerial y la revocatoria del mandato presidencial de Alan García. Palabras mayores, sin duda, que muestran el perfil real de la crisis de gobernabilidad que agobia hoy al país.
En este marco, hay que anotar que el Congreso de la República reunido la semana pasada resolvió "suspender" los Decretos en cuestión. Hizo uso por cierto de una práctica inédita y completamente ilegal: una ley, no "se suspende". O se aplica, o no se aplica. En tal caso, se deroga. Pero no se "suspende". Exquisitez, sin duda, del diccionario jurídico de un régimen que se niega a admitir su derrota, y reconocer que no tiene más camino que recular en la ruta que se trazara.
En un inicio, la "suspensión" de estos Decretos quiso establecerse por 90 días, pero finalmente la mayoría parlamentaria debió admitir que le otorgara un carácter indefinido, en la clara conciencia que ningún plazo sería suficiente para resolver esta crisis sin admitirse su verdadero carácter.
Bien mirada la cosa, esta "suspensión indefinida" de los decretos de marras, constituye una virtual derogatoria de las citadas disposiciones y una auténtica victoria popular ya que fue arrancada contra la voluntad del oficialismo a fuerza de presión, de lucha y de sangre.
Pero la tensión, hizo que la Oposición Nacionalista no reparara en ello y exigiera más bien la derogatoria inmediata de las normas. Entonces, la crisis se trasladó al hemiciclo de la Cámara y generó un enfrentamiento parlamentario en el que se impuso la torpeza y la prepotencia del oficialismo.
Nuevamente funcionó una suerte de "alianza maldita", la construida entre el APRA, Unidad Nacional y la Mafia Fujimorista, que sumó el número de votos suficiente para hacer mayoría y suspender en sus funciones a 7 congresistas de la oposición por "120 días hábiles", en buen romance, hasta marzo del 20l0.
Hoy los voceros del régimen aseguran que esa medida bien puede ser "reconsiderada", a condición, claro, que los afectados "pidan perdón". En otras palabras, no busca el gobierno sólo castigar la resistencia de sus adversarios, sino también humillarlos, para que queden desacreditados ante la ciudadanía. Soberbia demencial, sin duda.
Pero no es sólo la "mayoría parlamentaria" la que así actúa. También obra del mismo modo el Jefe del Estado, que se lamenta más bien de haber sido "demasiado concesivo y dialogante" con las poblaciones originarias, a las que acusa ahora de "asesinos". Sus áulicos, los periodistas de su entorno, aseguran que con el precedente de la amazonía, "los Malditos del Cono Norte" —la banda delictiva más conocida del país— pedirán también un diálogo para derogar el Código Penal. Lo sostiene sin rubor alguno Aldo Mariátegui, el director de "Correo" el mismo que pidiera la semana pasada: "Ejército, Toque de Queda y Ley Marcial ¡Ya!"
Bien podría decirse que García enciende la pradera. Es decir, alienta la protesta, se solaza con la ira, reclama el repudio ciudadano. Se siente una suerte de Nerón en medio de las llamas en un país que puede arder, como si fuera Roma.
Sin duda fortalecido por la triple alianza, llamando genocidas a los nativos, defendiendo sin reparos el contenido anti peruano del decreto Legislativo 1090, García anuncia su voluntad de actuar "con más dureza".
En realidad, los sucesos luctuosos de la amazonía aún no se han aclarado suficientemente. Por lo pronto, se admite que numerosos nativos huyeron del lugar de los hechos y se internaron en la selva para escapar de la ira represiva del estado. Decenas de ellos, ahora, comienzan a volver, pero muchos más esperarán un tiempo prudencial para retornar a lo suyo, no vaya a ser que los detengan, o los maten.
Hay otros, más de un centenar, que están en el interior del Cuartel El Milagro, y no saben si en la condición de retenidos, o detenidos. Nadie se los ha explicado. En similar situación se hallan otros, internados en hospitales y policlínicos de la zona, que no pueden abandonar sin autorización militar. Y eso, en una circunstancia en la que, en efecto, impera el Toque de Queda y se procesan por las noches "operaciones de rastrillaje" para detener "sospechosos".
Los organismos especializados deberán por cierto trabajar intensamente para construir una auténtica versión de lo ocurrido. Por lo pronto, Dos cooperantes belgas que observaron los disturbios de Bagua denunciaron en Bruselas la violencia desproporcionada empleada por la policía contra los indígenas y pidieron una investigación internacional neutral. Muchos más lo harán después.
César Hildebrandt, lustrado como es, recuerda una cita de Aulio Gelio que bien puede aplicarse: "Veritas filia temporis" —la verdad es hija del tiempo—. Se sabrá, entonces, finalmente lo ocurrido porque también en el Perú los muertos cuentan su historia (fin)
(*) Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. www.nuestra-bandera.com)
