Por Alfredo Palacios Dongo
Los pasados días 6 y 7 se realizó en nuestra capital el X Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA-2018) para buscar fortalecer en los países la metodología para prevención y gestión del riesgo de este delito, cuya gravedad consiste en su poder corruptor, que encubre dinero, bienes, efectos o ganancias ilícitas o ilegales haciéndolos aparentar como legales. En nuestro país este delito muestra preocupante incremento generando peligrosos efectos perturbadores a la gobernabilidad y la estabilidad económica nacional. Según el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza, en 2017 se acumularon más de 11,000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), 55% más que en 2014 (6,000 ROS), principalmente de sectores con poca o nula supervisión (mercado inmobiliario, comercio exterior, cooperativas, entre otros), con dinero procedente del narcotráfico, corrupción y delitos ambientales (minería y tala ilegal).
A nivel mundial estamos considerados entre países donde se blanquea dinero, el Departamento de Estado de EE UU, en su informe sobre narcotráfico y crímenes financieros 2016 nos incluyó en una lista negra por vulnerabilidades ligadas al narcotráfico (extracción ilegal de oro, tala ilegal y contrabando), también el FMI en julio 2017 advirtió que Perú debe aplicar medidas más enérgicas contra la corrupción y lavado de activos, además, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza una evaluación sobre nuestro sistema de prevención de lavado de activos cuyo informe final será emitido en diciembre 2018.
Bajo este panorama, a pesar del incremento de lavado de activos en nuestro país increíblemente las sentencias penales en las últimas décadas no llegan a 30. Solo hace 3 meses se aprobó el Plan Nacional contra Lavado de Activos (DS.003.2018-JUS), y con gran resistencia del Congreso, recién en enero 2019 la SBS podrá supervisar las cooperativas (de 502 identificadas 134 están en el Vraem), pero faltan acciones, entre otras, fortalecer la fiscalía y órganos de control; hacer más efectiva la ley de Pérdida de Dominio; control de casas de cambios, empeño y empresas prestamistas; uso de nuevas herramientas tecnológicas para evaluación de riesgos y de información e inteligencia financiera; incorporación de la normativa “beneficiario final” (detectar personas naturales detrás de las empresas), aplicación de sanciones firmes, agilización en el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, e implementación de sistemas interconectados (intercambio de información y coordinación) entre instituciones que operan para detectar operaciones de dinero ilícito.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de junio de 2018
