Lavado de activos: sin voluntad política para enfrentarlo

Alfredo Palacios Dongo

El lavado de activos es un grave delito que se desborda en nuestro país y pone en riesgo el sistema económico y financiero por movimiento de ingente cantidad de dinero ilegal proveniente del narcotráfico, corrupción, minería ilegal, contrabando, piratería, industria maderera, trata de personas, etc. (US$ 10,000 millones anuales según el ex Fiscal General José Peláez) que es blanqueado en compras de inmuebles, transferencias de bienes y dinero, creación de empresas de fachada para simular operaciones financieras, cambio de divisas, y hasta “pitufeo” con un ejército de testaferros con pequeños depósitos e inversiones en pequeñas y medianas empresas.

El lavado de activos en el Perú mueve US$10,000 millones al año

El principal medio para enfrentar el lavado de activos es a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la SBS y creada con ley 27693 (marzo 2002) para recibir, analizar, tratar, evaluar, transmitir información y detectar este delito, pero increíblemente, para investigar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) no tiene facultades para levantar directamente el secreto bancario y tributario, debiendo recurrir al Ministerio Público lo cual alarga y entorpece el proceso, además, tampoco puede consultar a la Sunat sobre sospechosos pagos de impuestos o reportes de compras, y ni siquiera supervisar cooperativas de ahorro y crédito. Somos el único país en la región que la entidad que combate el lavado de activos no tiene estas facultades.

Desde hace años la UIF viene presentando proyectos para recibir estas facultades siendo denegadas por la Comisión de Constitución del Congreso, además, para enfrentar el lavado de activos no contamos con una evaluación nacional de riesgos ni un diagnóstico sobre la situación de este delito, ni menos, con un plan nacional actualizado, la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra Lavado de Activos (Contralaft) creada en 2011, no tiene logros importantes que mostrar, además fallan los mecanismos de prevención y control así como la coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la UIF.

Bajo este panorama, el pasado día 8 el Gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley de delegación de facultades legislativas, y dentro del eje de Seguridad Ciudadana solicita legislar sobre el fortalecimiento del sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el cual incluye el acceso de la UIF al secreto bancario y reserva tributaria, esperándose que esta vez haya voluntad política para aprobarlo por tratarse de un elemento clave para enfrentar este grave delito.

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