Lecciones sobre el derrumbe electoral y partidario del Apra

Lecciones sobre el derrumbe electoral y partidario del Apra
 

Al referirse a la terrible derrota electoral sufrida por su partido en estas elecciones del pasado 10 de abril, el presidente Alan García ha minimizado los hechos, haciendo notar que situaciones similares se han presentado con otros partidos cuando dejan de ser gobierno. Esta explicación no sólo es simplista, sino peligrosa para el futuro del partido aprista, porque no enfrenta el hecho de que ese minúsculo resultado electoral que ha obtenido el Apra, el partido más antiguo y organizado del país, se explica porque Alan García y el grupo gobernante de su partido cayeron en el grave error de hacer lo que les venía en gana creyendo que el haber ganado las elecciones les daba carta blanca para actuar alejándose de los intereses y sentimientos del pueblo peruano y de sus propios partidarios.

Todos recordamos que una de las primeras cosas que hizo Alan García fue intentar pasar de contrabando un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, para lo cual lo llamó “Acuerdo de Complementación Económica”, denominación que evitaba que dicho convenio pasase por el escrutinio y probable rechazo del Congreso.

Sin tomar en cuenta que el pueblo peruano tiene recelos y temores respecto del enemigo histórico (Chile), Alan García debió evitar que esa animadversión y rechazo aumentaran, para lo cual simplemente debía dejar las relaciones comerciales con Chile  en el nivel en que estaban; nadie pedía a Alan García que asumiera ni posiciones antichilenas ni retórica antichilena. Si ya el gobierno de Alejandro Toledo había abierto las compuertas para que se incrementara la llegada al Perú de capitales chilenos y con ellos los malos recuerdos de la guerra terrorista y de despojo que nos impuso Chile, lo prudente era no tocar ni comprometer al Perú en ese tema tan sensible*.

Otro error gravísimo fue dar luz verde a lo que en su campaña electoral dijo que no aceptaría: la abusiva y corrupta exportación de nuestro gas, nefasta operación que pone en manos extranjeras un recurso que pertenece a la nación y que nos hace pagar por nuestro gas como si fuese importado del Medio Oriente, y que además deja al país sin la posibilidad de desarrollar industria petroquímica y a muchas empresas sin la posibilidad de generar energía eléctrica con el gas.

Con gran soberbia y con la seguridad de que quien llega al gobierno no debe rendir cuentas al pueblo ni escuchar sus opiniones, Alan García desestimó las críticas a ambas medidas —TLC con Chile y exportación del gas—, y con sorna dijo, refiriéndose al gas, que aunque él no había firmado la modificación de los contratos para permitir la exportación del gas, le parecía algo tan bueno que él lo hubiese firmado (¡tremenda burla decir esto luego de haber ofrecido en su campaña electoral que se opondría a la exportación del gas!).
 
Lo que ha ocurrido con el partido aprista debe servir de lección para que quienes lleguen al gobierno no se alejen de los intereses del pueblo. Los políticos peruanos creen que llegar al gobierno —sea en el poder ejecutivo en el legislativo— los convierte en personas que viven en otra dimensión y que pueden hacer lo que quieran sin rendir cuentas a nadie. El transfuguismo se nutre también de esta forma de pensar. Sin importarle que estafa y traiciona a quienes votaron por él, el tránsfuga  dice “No estoy de acuerdo con mi partido; ahora soy independiente, sigo lo que me dicta mi conciencia y no estoy sujeto a ningún mandato imperativo”, altisonantes palabras que ocultan la más terrible perversión de alguien que al estafar y traicionar a sus votantes y a su partido no es un ningún político independiente sino un vulgar delincuente.
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* Afortunadamente, el Tribunal Constitucional ha establecido dos condiciones para que ese Acuerdo de Complementación Económica Chile-Perú tenga validez: 1) que incluya expresamente la soberanía peruana en su mar territorial en los términos en que se plantean en la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia; 2) que señale la facultad del estado peruano de expropiar empresas chilenas por razones de seguridad nacional.