A dos años de gestión municipal en Lima, Rafael López Aliaga, político de ultraderecha y exregidor del procesado alcalde Castañeda —desaparecido sin rendir cuentas a la justicia—, celebra los 490 años de su fundación española. De aquél recibió como herencia política su partido Solidaridad Nacional, para montar Renovación Popular, la organización política de su propiedad, con la que aspiró a la presidencia nacional y luego obtuvo la alcaldía de Lima como premio consuelo. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es claramente un trampolín para que él tiente nuevamente la presidencia de la República en las elecciones 2026.
En marzo 2024, Ipsos indicó que 64% de las y los ciudadanos desaprobaba la administración de López Aliaga, cifra que se confirma con una caída a 31% de aprobación en noviembre. Ofreció convertir a Lima en potencia mundial (¿…?) pero su gestión a la vista está a años luz de llegar a cumplir esa promesa, según lo expresado en sus rendiciones de cuentas. Este descontento se atribuye, en parte, al incumplimiento de promesas que las encuestas reflejan como un creciente descontento entre los limeños respecto a la gestión municipal.
La Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, ha emprendido un plan de financiamiento mediante la emisión de bonos para ejecutar diversas obras en la ciudad. En diciembre de 2023, se colocaron bonos por S/ 1250 millones a un plazo de 20 años y una tasa de interés del 10,1% anual, significativamente superior a la que podría haberse obtenido con el aval del Gobierno central, estimada en alrededor del 7%, lo que habría significado un ahorro de aproximadamente S/ 500 millones en intereses a lo largo de 20 años.
Los recursos recién obtenidos se destinarán a financiar proyectos de inversión pública, incluyendo megaobras viales en toda Lima Metropolitana. Sin embargo, se ha observado, que el 70% de los proyectos priorizados carece de expediente técnico, lo que podría retrasar su ejecución, además de que algunas obras incluidas en el plan de financiamiento presentan duplicidades y falta de sustento técnico.
El préstamo adquirido por la MML implica un fuerte endeudamiento a largo plazo para financiar proyectos de infraestructura. Ello ha generado un debate debido a las condiciones financieras y la planificación de las obras a ejecutar. El Consejo Fiscal y la Contraloría General de la República han expresado su preocupación por el posible sobreendeudamiento y la sostenibilidad financiera de la municipalidad, alertando sobre los riesgos de comprometer recursos de gestiones futuras.
No existe un plan vial integrado ni concertado para la ciudad, ni uno específico de transporte, como se aprecia en muchas de las obras en las que se invierte sin que respondan a un plan para Lima. Aparecen como salidas del sombrero de un mago, como ocurrió con la donación de casi un centenar de vagones y máquinas Diesel para prestar un servicio de transporte diario de trenes de pasajeros entre Callao y Chosica, sin contar con ningún proyecto de estaciones, accesos, vías y otras consideraciones indispensables para un proyecto general, con expedientes aprobados para prestar ese servicio, con interconexiones planificadas con otras rutas y servicios de tren o de ómnibus en la ciudad.
Para el alcalde se trata de romper con la inercia de no hacer nada por la población con el financiamiento internacional obtenido, destinado a la ejecución de importantes obras viales en Lima Metropolitana. Este endeudamiento, mostrado como logro, busca mejorar la infraestructura urbana y optimizar el tránsito en medio de marchas y contramarchas que ya han enfrentado al municipio limeño con varios gobiernos distritales y el propio Poder Ejecutivo. Por cierto, las obras implican costos sociales, como la afectación de viviendas y espacios públicos, lo que genera cuestionamientos sobre el estilo de la planificación y ejecución de estos proyectos para la Municipalidad de Lima. Según voceros de la MML como Deborah Inga, regidora de la Municipalidad Metropolitana, la obra de continuación de la vía expresa Bedoya Reyes ya empezó al recuperar espacios ilegalmente tomados, y las pistas se iniciarían durante este primer semestre 2025, luego de 60 años en los que no se hizo nada.
Simultáneamente, otros temas generan polémica: la compra de miles de motos para la Policía con el presupuesto municipal, los trenes donados de Estados Unidos, que aparecen fuera de todos los planes en marcha, sus anuncios sin pruebas contra la corrupción, la campaña repetidamente fallida por erradicar el comercio informal del Cercado de Lima y Barrios Altos, y recientemente la repetida mudanza de la estatua ecuestre del Conquistador del Perú a las inmediaciones de la plaza de Armas, etc.
Hay una visión de la ciudad como mercancía. Con una lógica de explotar los recursos urbanos para obtener ganancias en medio de procesos de segregación urbana al servicio del capital. Estamos ante un modelo de gestión municipal que apunta a ver la ciudad como mercancía obviando muchos temas en la responsabilidad territorial de servicios a los ciudadanos.
No hay mucho que celebrar cuando Lima aparece ahora internacionalmente como el espejo de lo que no se quiere para una metrópoli. Al parecer por las tendencias, podríamos llegar a ser la Calcuta sudamericana. Un mal ejemplo de ciudad, con lo peor en el tránsito, en el hacinamiento en el transporte, en el desabastecimiento de agua potable y otros servicios para millones de personas: sin olvidar la enorme segmentación y segregación de su población y de un déficit múltiple de calidad urbana, donde destaca la falta de áreas verdes para sus doce millones de habitantes. Mientras tanto, Rafael López Aliaga seguirá con su ánimo electoral y su acérrima defensa a causas conservadoras, prefiriendo rasgar sus vestiduras por inofensivos montajes teatrales tomados a pecho por ciertos sectores religiosos para quienes representan una afrenta u organizando eventos para revalorar los lazos hispanistas, junto a sectores de la ultraderecha internacional como VOX.
desco Opina – Regional / 17 de enero de 2025
