Los Nuevos Extirpadores de Idolatrías en la Amazonía

Por  Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM y Consultor)

En los primeros años de la Colonia se llamó extirpación de idolatrías a la campaña de la Iglesia Católica para la conversión a “sangre y fuego” de las distintas naciones andinas que formaron parte del Estado Imperial Inka al nuevo credo del cristianismo. Desde agustinos, jesuitas, franciscanos y en especial los padres dominicos investigaban las prácticas paganas, las idolatrías de huacas, persiguiendo a los falsos conversos que aparentaban asumir los credos cristianos pero que seguían venerando en el fondo a los dioses del universo andino, desde la tierra Mama Paccha, al Inti el dios sol, a la Quilla la luna, al rayo, etc.

A pesar de ello, la mayor parte del territorio sobre todo la selva baja ha sido inaccesible por las dificultades de las vías de comunicación, donde los ríos resultan ser las rutas naturales del transporte. Pero debe asumirse que la Amazonía nunca ha sido un territorio deshabitado, de allí de los recurrentes conflictos entre los colonos que migran de las regiones andinas para supuestamente “conquistar” la selva.

Al margen de la campaña de los franciscanos que siempre tuvieron desde una visión de los pobres una presencia creciente en las poblaciones amazónicas, éstas prácticamente se “integran” al Perú republicano con la extracción del “maldito caucho”, que significó la despoblación, la muerte masiva, enfermedades y explotación cruenta del trabajo, para satisfacer la demanda externa hasta la primera guerra mundial, cuando la industria alemana descubre químicamente la elaboración del caucho sintético, dejando en la ruina a los caucheros de la Amazonía.

Al ciclo del caucho, le sigue la extracción indiscriminada de la madera fina, (caoba, cedro, etc.), y desde los años setenta con la explotación de hidrocarburos en el lote 8 de PetroPerú en Trompeteros, Chambira y en el lote 1-AB en Andoas con la transnacional OXY. Todas estas explotaciones se ubican en el departamento de Loreto. Y desde mediados de los años setenta, la construcción del gran Oleoducto Norperuano significó que más de 100 mil barriles diarios de petróleo fuesen transportados pasando por los departamentos de Amazonas y San Martín, hacia el puerto de Bayóvar en Piura, para de allí ser distribuido a las refinerías que operan en el país.

Debe ser evidente que los departamentos de Amazonas y San Martín han sido testigos y actores de una serie de legítimas protestas contra decretos supremos aprobados rápidamente por el Congreso de la República, sin mediación de la consulta previa a los interesados, las poblaciones nativas; y este es el caso de las normas aprobadas en el marco de las facultades transferidas al ejecutivo en el 2008 para proceder a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norteamérica.

Se debe tener presente que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) representa a más de 90 de las diversas etnias amazónicas donde con la salvedad de los jíbaros, en su vertiente Achuar, awaujún nunca fueron sometidos ni conquistados por el estado Inka ni por los colonizadores españoles y en la república su relativa integración ha sido lenta gracias al trabajo de la Iglesia Católica y Evangélica, y al servicio militar organizado por las Fuerzas Armadas, que ha permitido que los nativos hayan participado valientemente en las diversas guerras con el Ecuador.

Como pueblo jíbaro guerrero por excelencia, están acostumbrados a la guerra, atados a leyes atávicas donde la selva es la madre y padre, dadora de recursos que han sido violentados por la intromisión del mercado y de prácticas depredadoras como la extracción y tala ilegal, la pesca con explosivos y con curare envenenando la fauna, la actividad aurífera en la selva alta que utiliza mercurio y la explotación petrolera que ha vertido las aguas tóxicas a los ríos y lagunas.

En el caso de los hidrocarburos ha sido recién en abril del 2009 que luego de casi cuarenta años de producción bajo presión de los pueblos amazónicos se ha dado término a prácticas contaminantes de las aguas tóxicas producto de las operaciones que la empresa argentina Pluspetrol heredó de la petrolera estatal PetroPerú en el lote 8 en 1996 y del lote 1-AB de la norteamericana OXY en el 2001. Si bien ahora la producción diaria de petróleo no supera los 35 mil barriles diarios, recién las aguas tóxicas que emergen a la superficie son reinyectadas, para evitar seguir contaminando los ríos y lagos.

Como señaló el gerente de informaciones de Pluspetrol, Daniel Guerra “Por cada 100 barriles extraídos, sólo 2 son petróleo, el resto aguas de producción” (Revista Caretas Nº 2082). En verdad, esta catástrofe ecológica se ha producido durante años y recién gracias a la lucha de los pueblos nativos, el gobierno del presidente Alan García tuvo que intervenir para resolver positivamente estos niveles de contaminación de aguas tóxicas, con residuos de aceites que se han vertido a los ríos, que ahora son reinyectadas a grandes profundidades.

SOBRE EL PERRO DE HORTELANO

Los últimos acontecimientos de Bagua con los altos costos de muertos entre policías, nativos y mestizos tiene raíces profundas que debieran ser explicadas. Por un lado, la imposición del gobierno de una serie de decretos supremos bajo el supuesto de modernizar las relaciones sociales de producción y distribución en la Amazonía. Se reproduce la oposición entre el progreso y el “mundo salvaje”, de supuestos nativos ignorantes que desconocen lo que les conviene. Se piensa que a una mayor integración al mercado y a la globalización debieran mejorar sus ingresos y niveles de vida, que se ubican en la extrema pobreza. Sin consulta previa a las comunidades se ha pretendido imponer un modelo extractivo depredador que tiene antecedentes negativos, en la tala ilegal, la explotación minera y petrolera, donde la riqueza generada fluye hacia otros centros.

Refuerza esta visión los escritos del presidente de la República del Perú, doctor Alan García que reproducen una visión propia del siglo XIX sobre la Amazonía. Así, en los artículos publicados en el diario El Comercio en octubre 2007 y marzo del 2008 afirmaba que:

 “Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”

“Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir”.

“Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú”.

“Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”.

“Existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de ‘mano muerta’, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador”.

Evidentemente esta visión de los modernos extirpadores de idolatrías que apuestan por las mayores inversiones con objetivos de “civilización” colisiona con los intereses de los miles de peruanos que desde la Amazonía y en el mundo andino tienen un reconocimiento constitucional al margen de la legislación internacional que defiende los intereses y derechos indígenas y nativos ante medidas que puedan afectar sus intereses históricamente reconocidos.

Así, el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes-OIT, firmado y reconocido por el Estado peruano tiene la fuerza de un acuerdo internacional. Por ello, los artículos respectivos insisten en:

“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.”

Debiera ser evidente que los pobladores movilizados contra los decretos supremos que apostaban por una cuestionada modernización de las leyes forestales, atraer inversión para la agro industria, fomento de las inversiones para producir etanol, palma aceitera, frutas para la exportación, aprovechamiento de lo que se ha denominado “propiedad ociosa con manos muertas”, se han sentido afectados a sus intereses, de allí la oposición y malestar ante normas que son asumidas como una imposición, sin consulta previa ni diálogo alguno.

Este ha sido el principal error y a ello se suman una serie de dilaciones, errores de un gobierno que no ha tenido el conocimiento suficiente del conflicto, la arrogancia y soberbia presidencial, la debilidad de las fuerzas policiales, la identificación sobre los intereses que estaban en pugna, la presencia de fuerzas políticas de oposición que han exacerbado los conflictos sociales, y la postración histórica de pobladores que no tienen la asistencia del Estado vía educación, salud e infraestructura decente.

Sirva al respecto el siguiente cuadro donde se presentan las diversas transferencias al 2008 que perciben los departamentos amazónicos en razón de la explotación de los recursos naturales como el canon gasífero para el Cusco, canon petrolero para los departamentos de Loreto y Ucayali, canon forestal y canon y regalías mineras.

AMAZONAS Y SAN MARTÍN CENICIENTAS.

A diferencia del departamento del Cusco que percibe transferencias provenientes del canon minero que corresponde al 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras, en especial de la empresa minera Tintaya, se deben sumar los montos percibidos por el canon gasífero provenientes de la explotación de los hidrocarburos de los lotes 88 y 56, canon que está determinado por el 50% del impuesto a la renta pagado y el 50% de las regalías abonadas por la empresa Pluspetrol Perú Corporation al Estado, empresa que dicho sea de paso abusa de sus trabajadores pagando salarios miserables.

Al margen de otras transferencias como los derechos de vigencia, el canon hidroenergético, el canon forestal, el departamento del Cusco gracias a la explotación de los recursos naturales ha obtenido en el 2008 ingresos superiores a los 978 millones de nuevos soles. Es más, si se suman los ingresos provenientes solamente del canon gasífero desde su explotación comercial en agosto del 2004 hasta abril del 2009, la región incaica ha percibido más de 2,336 millones de nuevos soles gracias a la explotación de los líquidos de gas natural y gas natural.

Esto demuestra la importancia de la explotación de los recursos naturales en la generación de ingresos (transferencia de riqueza) hacia los gobiernos locales y regionales. Otro problema es el uso y destino de tales recursos que será materia de otro artículo.

Sigue en importancia el departamento de Loreto donde gracias a la explotación petrolera en el 2008 se perciben recursos del orden de los 348 millones de nuevos soles que particularmente se centralizan en la capital Iquitos, en el gobierno regional (52%), universidad pública (5%) e instituto peruano de la Amazonía (3%), siendo el resto distribuido entre todas las provincias y distritos que conforman Loreto.

Evidentemente a los grupos étnicos de los achuares y comunidades cercanas a la explotación petrolera les llega muy poco de estos recursos en razón que ha sido política de los gobiernos de turno descontar los recursos transferidos del canon petrolero de las transferencias normales para infraestructura. Es decir, con una mano se repartía el canon y con otra se restaba la transferencia de partidas presupuestales de salud, educación, infraestructura.

Tanto los departamentos de Loreto como Ucayali perciben importantes recursos del canon petrolero a pesar de la decreciente producción de hidrocarburos, esto  ha sido el efecto precio el que ha permitido compensar la decreciente producción en los últimos años. En tal sentido Ucayali, cuya capital Pucallpa se constituye en un importante centro comercial, percibió 128 millones de nuevos soles de canon petrolero, y 31 millones por concepto del FOCAM, Fondo de Desarrollo de Camisea, en razón de la participación del 2.5% de Aguaytía-Camisea. En total este departamento ha captado 155 millones de nuevos soles por la explotación de los recursos naturales.

Por último, tanto Amazonas como San Martín resultan los departamentos “cenicientas” en cuanto a las transferencias por la explotación de los recursos naturales. En principio, ninguno tiene transferencias por explotaciones de hidrocarburos, ni canon gasífero específico. Los ingresos por minería son insignificantes en relación a Cajamarca o La Libertad, sin embargo, ante el boom del oro es notorio el interés por el mayor número de concesiones mineras. Prueba de ello, es que después del Cusco, Amazonas y San Martín perciban los mayores ingresos por concepto de derechos de vigencia, pagos que se efectúan para acceder a determinadas cuadrículas de tierra mineralizada y poder realizar exploraciones mineras.

Llama poderosamente la atención los magros ingresos percibidos por la principal riqueza que tiene la Amazonía, sus bosques y capital maderero. A pesar de la grave deforestación que en el departamento de Amazonas representa según datos del Inrena un promedio de 37 mil hectáreas por año, los ingresos por canon forestal que dependen del 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas madereras y un 50% por derecho de extracción, resultan abusivamente mínimos.

Así, lidera la muestra del canon forestal Loreto con 1.5 millones, le sigue Ucayali con 1.2 millones de nuevos soles, San Martín con 282 mil nuevos soles  y Amazonas con 145 mil nuevos soles. En resumen, las cenicientas en las transferencias de recursos naturales perciben por el sector minero energético 2.3 millones en el caso de Amazonas y 1.8 por San Martín. En verdad, no existe comparación entre lo que reciben los departamentos “ricos” frente a los departamentos de la selva nororiental.

De allí, que frente a las viejas prácticas de un modelo depredador, primario extractivo, le sumamos la soberbia e ignorancia de un gobierno en el tratamiento de un conflicto social que se pudo evitar, más los pobres recursos transferidos y la creciente oposición popular a un modelo que no redistribuye con justicia los recursos del canon , sobrecanon y regalías, como Amazonas y San Martín, se tiene la fórmula explosiva para que las iras y la rabia contenida aflore cuestionando no solamente al régimen del doctor Alan García sino las formas republicanas de gobierno.

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* Publicado el 18 de junio 2009