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En enero de 2020, cuando poco o nada se sabía de la COVID-19, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), anunció la elección de Huancavelica y Cajamarca como regiones piloto para implementar la Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”. Esta apunta a promover el adecuado desarrollo infantil temprano a través del acceso oportuno al paquete integrado de los servicios de salud, protección y educación, desde la etapa de gestación hasta los 5 años de edad; y supone una articulación eficiente entre los actores intersectoriales e intergubernamentales.
Es innegable el impacto positivo de la atención adecuada de la infancia en dicho periodo de vida, más aún en poblaciones como la de Huancavelica, que encabeza el mayor índice de desnutrición crónica en menores de 5 años a nivel nacional (30.7%); así como altos índices de anemia en niños y niñas menores de 3 años (54.2%), según la ENDES 2019; ubicándonos entre las cinco regiones con mayores índices de este problema de salud pública. En ese sentido la importancia de la implementación de la estrategia no solo era necesaria, sino también urgente.
Iniciada la pandemia se establecieron mecanismos para evitar los contagios y con ello, la suspensión de los servicios de salud, educación y protección destinados a este grupo de población; incrementando de esta manera sus índices de vulnerabilidad a corto plazo. Sin duda, los primeros meses del aislamiento social debían proporcionar un lapso de tiempo para acondicionar los servicios prioritarios y luego ir respondiendo paulatinamente a las necesidades urgentes de los grupos vulnerables, además de la Covid-19. El 20 de mayo se dicta la Norma N.° 160-2020-MINSA, que establece la reactivación del servicio de salud en el primer nivel de atención, debiendo ser acatada por todas las regiones; sin embargo, a la fecha existe evidencia que dicha norma no es de conocimiento de todos los operadores de salud. Así, actualmente tenemos una versión reducida de los servicios; problemática que se agudiza cuando analizamos la situación en zonas rurales y con mayores índices de pobreza, donde, por ejemplo, las mujeres y adolescentes gestantes no pueden acceder a servicios de salud.
Adicionalmente, se han intensificado otros problemas de salud infantil, como las infecciones respiratorias agudas-IRAS y las enfermedades diarreicas agudas-EDAS en los niños y niñas menores de cinco años, con una incidencia de 51.5% y 11.1% respectivamente (datos del primer semestre del 2020), cifras que muestran un incremento de seis puntos porcentuales a nivel de IRAS y de 2 puntos porcentuales en EDAS en comparación con los datos reportados en el 2019 (Diresa Huancavelica).
Por otro lado, los servicios de atención educativos escolarizados y no escolarizados para los niños y niñas menores de 5 años, se basan en la plataforma de “Aprendo en casa” diseñada a nivel nacional, así como en la estrategia regional “Aprende en Familia”, está última acción, implementada desde el nivel regional con la intención de reforzar el acceso a educación. Actualmente se reporta un alcance de cobertura superior al 90% de la población matriculada en los programas no escolarizados (PRONOEI), así como en el nivel inicial; aparentemente una cifra bastante alta.
Sin embargo, cuando se revisa las formas de acceso es donde se evidencian las brechas de desigualdad, que afectan principalmente a la población rural, siendo la radio el tercer medio de mayor acceso a estas estrategias; según los reportes de la DRE Huancavelica, el 29.16% accede a través de una radio, y a nivel de toda la región solo el 3.64% accede vía web; la limitación no solo pasa por los horarios o tiempos de comunicación e incluso por la forma como se traslada la información, sino principalmente, por las dificultades de conectividad y acceso a los medios de comunicación. Según la Enaho 2019, la región menos favorecida con el acceso a servicios de internet es Huancavelica ya que de cada 100 hogares, solo 5 acceden a él. Esta situación toma mayor importancia en el presente contexto, pues no es lo mismo estar alejado que estar desconectado, a ello se suma el desconocimiento del uso de las TIC y la situación de analfabetismo de muchas madres quienes tienen la responsabilidad del cuidado de sus niños y niñas.
Finalmente, un aspecto que genera incertidumbre es el nivel de violencia contra niños y niñas. El sistema de protección reporta la atención de 208 casos de violencia a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años en sus diferentes formas, así mismo se registraron 38 casos de violencia sexual en este grupo etario (casos atendidos de enero a julio del 2020 CEM – MIMP), cifra que corresponde a la tercera parte de lo reportado en el 2019 en el mismo periodo; donde se atendieron 713 casos de violencia en todas sus formas (física, psicológica, económica y sexual). Podríamos suponer que la violencia hacia este grupo de población ha disminuido o también podemos suponer que al estar confinados con sus agresores no tienen alternativa de acceder a los operadores de justicia, encontrándose con un limitado acceso a los servicios de telecomunicación o al desconocimiento de los protocolos de atención; a diferencia del periodo anterior, donde el funcionamiento de los diferentes servicios permitía la identificación de muchos casos de violencia que normalmente no son denunciados.
Las críticas condiciones —exacerbadas por la pandemia— de los sistemas de salud, educación y protección a niños y niñas, deben ser atendidas en su real magnitud, facilitando el acceso a servicios de atención primaria y mostrando eficiencia en la ejecución de los mismos; no hacerlo ocasionará un retroceso en los aún frágiles logros en torno al desarrollo integral de la infancia huancavelicana.
desco Opina – Regional / 4 de setiembre de 2020
