Por Irene Casado Sánchez*
Mejorar el acceso a la justicia forma parte de la estrategia para erradicar la pobreza extrema. Todos los estados deben comprometerse a mejorar sus sistemas de justicia para combatir la pobreza. “Sin acceso a la justicia, las personas que viven en la pobreza son incapaces de reclamar y realizar toda una serie de derechos humanos, denunciar abusos o violaciones cometidos contra ellos”, destaca Magdalena Sepúlveda, relatora especial de la ONU.
Convertir la miseria en historia es el primero de los Objetivos del Milenio. Una tarea que se debe llevar a cabo mediante la colaboración de todos los países del mundo. “Más de mil millones de personas padecen hambre, penurias e indignidad en el mundo; necesitan apoyo concreto, más que palabras de consuelo”, ha afirmado Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.
Millones de personas que viven en la pobreza se enfrentan a grandes obstáculos para acceder a los sistemas de justicia. Ignorados por los gobiernos y sus sistemas judiciales, los más desfavorecidos no tienen medios para denunciar su situación. Barreras económicas, sociales y físicas, perpetúan y agravan sus circunstancias.
La falta de información sobre sus derechos, el analfabetismo o las limitaciones lingüísticas dificultan la comunicación entre los más desfavorecidos y los tupidos sistemas de justicia. La falta de asistencia legal gratuita y de calidad es otro de los obstáculos a los que se enfrentan. Todas estas barreras impiden a los más pobres defender sus derechos y denunciar las injusticias que sufren.
La calidad de cualquier sistema judicial radica en la facilidad de acceder a él. La construcción de un verdadero sistema de justicia que proteja a sus ciudadanos se fundamenta en su cercanía a la personas, tanto en el marco social como en el geográfico.
Reformar los sistemas de justicia es crucial en la lucha contra la pobreza. Mientras los más pobres no tengan la posibilidad de denunciar su situación y reclamar sus derechos, no será posible poner fin a esta realidad.
“Garantizar el acceso a la justicia a los pobres requiere un buen funcionamiento de los sistemas judiciales, y la existencia de leyes que no sólo reflejen los intereses de los grupos más ricos y poderosos, sino que también tengan en cuenta los ingresos y los desequilibrios de poder”, ha afirmado la relatora de la ONU.
La participación real y efectiva de las personas empobrecidas es uno de los requisitos indispensables para reformar los sistemas de justicia. Su implicación permitiría reforzar los puntos fuertes de dichos sistemas, y modificar aquellos aspectos que impiden su buen funcionamiento.
Las mujeres que viven en la pobreza se enfrentan a fuertes dificultades para acceder a la justicia. Una realidad que las hace más vulnerables. Por este motivo, los esfuerzos para acabar contra la pobreza deben incluir el empoderamiento de la mujer en busca de la justicia, así como garantizar un trato no discriminatorio contra ellas.
Poner fin a la pobreza requiere la implicación de todos los estados, de sus sistemas políticos, económicos y judiciales. Desde la ONU, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se reclamaba a los gobiernos de todo el mundo la creación de planes sostenibles, y una inversión para ayudar a las personas que viven en situaciones de pobreza extrema.
En la Cumbre del Milenio, jefes de estado y de gobierno se comprometieron a reducir a la mitad el porcentaje de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Millones de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar al día. Sin embargo, no basta con reducir dicho porcentaje, sino que es necesario escuchar y respetar los derechos de un sector que ha sido olvidado e ignorado durante demasiado tiempo. Garantizar el acceso a la justicia a los sectores más pobres de la sociedad es una forma de afianzar esa apuesta por la justicia.
*Periodista con base en París
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